El Estado vuelve al accionariado de Telefónica. Más de dos décadas después de la venta de la empresa pública, España renacionaliza de manera parcial la teleco tras la adquisición de un 3% de la compañía. El objetivo es llegar hasta el 10% y pugnar así con el operador de Arabia Saudí, STC Group, que pretendía hacerse con el 9,9% de su accionariado. Una operación de calado que busca responder a la potente llegada de capital extranjero a una de las multinacionales estratégicas del país, lo que podría poner en jaque los intereses nacionales españoles.
La compra de acciones se llevará a cabo a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo público encargado de vehicular las inversiones estatales, heredero del antiguo Instituto Nacional de Industria (INI). La SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, cuenta en la actualidad con una inversión mayoritaria en 14 empresas y minoritaria en otras 9 sociedades, a la cual hay que añadir Telefónica. Asimismo, invierte de manera indirecta en otras 100 compañías.
¿En qué empresas invierte la SEPI?
La SEPI posee el 100% del accionariado de empresas públicas como Correos, Navantia o la agencia pública de noticias EFE. También controla la totalidad de otras empresas menos conocidas como el grupo HUNOSA, que desarrolla su actividad en los sectores energético y minero, del grupo SEPIDES, encargado de «la dinamización de la actividad empresarial» a través de inversiones y préstamos, o de MAYASA, cuyo ámbito de actuación es la puesta en marcha de proyectos industriales, turísticos y culturales, y el desarrollo de investigaciones relacionadas con el mercurio y «otros metales potencialmente tóxicos».
El organismo público es, de igual forma, el accionista mayoritario, aunque no el único, en sociedades dedicadas a la transformación y comercialización de tabaco en rama, a la «prestación de servicios esenciales en desarrollo rural y medio ambiente» o la fabricación y suministro de componentes nucleares, entre otros.
Pero fuera del ámbito público, la SEPI invierte asimismo en empresas estrictamente privadas, como es el caso de Telefónica. Y lo ha hecho históricamente en otras importantes multinacionales cotizadas del IBEX 35 como Enagás (5%), Red Eléctrica (20%), Indra (27,99%) o IAG (2,52%). Las dos primeras, pertenecientes al sector energético, son las encargadas del transporte de gas y electricidad, respectivamente, por toda España.
En el caso de Indra, se trata también de una empresa estratégica del sector de la tecnología y la defensa, así como del tráfico aéreo y los transportes. En IAG, por su parte, el Estado conserva su participación como accionista de la aerolínea Iberia, otrora empresa pública. Además, la SEPI cuenta con el 4,12% del accionariado del gigante de la industria aeroespacial Airbus o del grupo de servicios por satélite Hispasat.
Aparte de grandes empresas cotizadas, el Estado también posee acciones de Ebro Foods (10,36%), una de las principales empresas de alimentación de España, propietaria de conocidas marcas de arroz como SOS, Brillante o La Fallera o de pasta como Garofalo, entre otras.
¿Por qué invierte la SEPI en esas empresas?
La entrada en Telefónica es distinta a la de otras empresas, afirma Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Es un movimiento «que está vinculado a toda la lógica militarista, habida cuenta del rumbo que están tomando los acontecimientos. Y también tiene que ver con la llegada de fondos soberanos de otros países, que pueden ser competidores en una coyuntura mundial compleja».
Según Ramiro, por tanto, el origen del fondo tiene mucho que ver con esta decisión. «Hasta ahora no había habido problema con la entrada de fondos como BlackRock«, subraya.
El profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y responsable de políticas económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, también apunta a esa estrecha relación de Telefónica con la industria armamentística. «Paso lo mismo con la entrada en Indra», enfatiza.
Recuerda que la SEPI sólo ha entrado en Telefónica e Indra, y en el resto de los casos (por ejemplo, las comentadas empresas alimenticias) se ha limitado a gestionar lo que heredó.
Lo que, en sus palabras, demuestra que «no hay un plan definido de intervención en empresas estratégicas, con un objetivo claro de para qué y por qué se entra». Ahora llegan los saudíes, comenta, «y contestamos de esta manera. Es improvisación. No es una estrategia de país. No va en la línea de lo que debería hacer un Estado social y de derecho».
El FROB en CaixaBank
Sin embargo, la SEPI no es el único organismo público que participa en el accionariado de importantes sociedades privadas. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) fue creado durante la pasada crisis financiera con el objetivo de otorgar liquidez a las entidades financieras. En última instancia fue el encargado, a través de la Sareb, de llevar a cabo el rescate bancario a través de la compra de aquellos activos tóxicos (inmuebles) que los bancos habían acumulado durante la crisis debido a los impagos de las hipotecas.
El FROB fue también el accionista mayoritario de la ya extinta Bankia (antes CajaMadrid). Tras su fusión con CaixaBank, la participación del Estado se diluyó en la nueva entidad, aunque todavía conserva más del 16% de la actual CaixaBank.
Pero no ha servido de nada, asegura Ramiro. «Hay gente que dice que la entrada en Telefónica podría conllevar un cambio de modelo, hacia una especie de capitalismo de Estado y con una cierta recuperación de la soberanía estatal en sectores estratégicos. El ejemplo de CaixaBank nos permite ver que no hay ningún indicio de que eso vaya a ser así».
Sostiene que nada ha cambiado, «ni siquiera con los tipos de interés tan elevados y las dificultades para obtener crédito. Tampoco con los ERE o el reparto de beneficios. Eso sí, el Estado recibe cada año los dividendos que le corresponden».
Lo comparte Sánchez Mato: «Se espera que la política industrial de un gobierno progresista no sea únicamente cobrar el dividendo, sino desplegar una estrategia en línea con el país, y que no sea cortoplacista».
El FROB, agrega el profesor de la Complutense, «tiene mandato de venta, aunque, de momento, ha ido prorrogando la suspensión de dicha orden. Lo que habría que hacer es eliminar ese mandato y conservar la participación estatal».
