La primera batalla de la nueva CaixaBank se la ha llevado el sector de los negocios. El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, triplicará su sueldo respecto al año pasado, pasando de los 500.000 euros anuales que cobró en 2020 en Bankia a los 1,65 millones que se embolsará anualmente en la nueva entidad. En un momento en el que pretende despedir a 7.791 personas.
Su antecesora, La Caixa, ha sido siempre muy sensible a la hora de cuidar su imagen. Pero en esta ocasión se ha obviado la indignación de la opinión pública ante la noticia. También las posiciones defendidas por las vicepresidentas Nadia Calviño (PSOE) y Yolanda Díaz (Unidas Podemos) y que el Estado votara en contra. Lo hizo a través de Teresa Santero, miembro del Consejo de Administración de la entidad en representación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que posee un 16% del accionariado del banco. Por ello, cabe preguntarse: ¿de qué sirve que ese porcentaje accionarial esté en manos públicas? ¿Va a tener el Estado algún tipo de poder de decisión en la deriva de la primera entidad financiera española en número de activos?
Erika González, investigadora en el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y coautora de A dónde va el capitalismo español (Traficantes de sueños, 2019), defiende que es necesario relativizar estos porcentajes, ya que “tener un 16% es algo significativo para influir en la toma de decisiones”. Sin embargo, considera que “el problema se produce cuando el 30% del accionariado está en manos de Criteria Caixa”, un holding de inversiones “cuyo principal objetivo es la rentabilidad y la maximización del dividendo”. En esta ocasión, el vencedor ha sido claro.
Para el profesor de Economía Financiera de la Universidad Carlos III Juan Laborda, el porcentaje de accionariado que está en manos del FROB “sirve de poco” porque está en “minoría” dentro del Consejo de Administración. Sostiene Laborda, quien ha trabajado para Chase Manhattan Bank, Barclays o Argentaria, que la pregunta es “por qué se permitió que Bankia acabase absorbida por CaixaBank cuando podría haber sido otra cosa”. Tras este proceso, el Estado ha multiplicado el valor de sus acciones, pasando de unos 3.000 millones de euros a unos 4.300 millones. En contraposición, ha perdido poder ejecutivo, puesto que en Bankia controlaba más de 60% de las acciones.
Laborda, muy crítico con el proceso de absorción y de concentración bancaria que se está llevando a cabo en España, denuncia que se están creando “auténticos monstruos” incontrolables por parte de las instituciones públicas: “El contrapeso a los bancos siempre ha sido el regulador [Banco de España], que antes tenía un peso importante. Mariano Rubio [gobernador del BE entre 1984 y 1992] era un tipo que tenía a toda la banca controlada y los inspectores eran como dioses, pero ahora todas las funciones han sido diluidas y no tienen ningún poder”, explica.
La pérdida de poder estatal en la nueva entidad también ha sido criticada por organizaciones sociales como la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), muy dependientes de las decisiones del sector bancario. La organización considera que Bankia debería haberse convertido en una Banca Pública “como ya existe en muchos estados dentro y fuera de la UE”. Asimismo, creen que el voto en contra de la subida de los sueldos “es de cara a la galería”: “Solo faltaría que hubieran votado a favor”, apostillan.
Otras batallas que también pueden perderse
Erika González cree que si el Estado trata de llevar a cabo políticas sociales “desde una perspectiva de banca pública” mediante inversiones productivas “con función social y ambiental” o en temas como vivienda, apoyo a pymes, “evidentemente va a chocar con unos accionistas cuyo objetivo es ganar dinero mediante la mercantilización de bienes y servicios básicos”.
Y tras perder esta primera pugna por la subida de sueldo de la cúpula de la entidad, es imposible no pensar en el corto y medio plazo y tratar de dilucidar qué sucederá en las próximas decisiones importantes. La más cercana está ligada al proceso de despido masivo por el cual CaixaBank tiene previsto dejar sin trabajo a 7.791 empleados y empleadas (la cifra inicial propuesta era de 8.291).
La vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz explicó en el Congreso hace unos días que la eliminación del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores tras la reforma laboral del Partido Popular deja al Gobierno sin “posibilidad legal de actuar sobre los despidos colectivos”. Ante ello, desde Trabajo han enviado una carta tanto a CaixaBank como a BBVA para “evitar o reducir” las salidas y para recordarles “que antes de plantear despidos tienen que plantear alternativas a los despidos masivos” en común con los representantes de los trabajadores.
Esta pérdida de poder tras la reforma laboral también la reconoce también Ana Useros, secretaria general de la sección sindical de UGT en CaixaBank Madrid. Sin embargo, aunque a nivel jurídico el Gobierno tenga las manos atadas, la sindicalista cree que debe “hacer lobby dentro del Consejo” para recabar aliados en determinados temas, incluso entre los consejeros de Criteria. “Ya votaron en contra de la subida de sueldo y ahora le pedimos que vayan más allá y presionen, porque no nos podemos perder miles de empleos de calidad en un momento como este”, defiende.
Para Laborda, también existirán divergencias entre el FROB y el resto de accionistas en cuestiones como el reparto de dividendos: “Yo estaría en contra de que sectores intervenidos repartan ganancias durante un tiempo”, explica. Asimismo, cree que es importante que el Estado presione para que la nueva entidad sea proactiva en la concesión de créditos a pymes y familias en una situación de crisis como la actual. El experto en Economía Financiera, sin embargo, reconoce que CaixaBank ha sido una de las entidades “más honestas” durante la crisis de la COVID-19, evitando subir los tipos de interés y sin abusar de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El ámbito de la vivienda será otro de los posibles campos de batalla en el seno del banco. De acuerdo con un informe elaborado por la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics, CaixaBank se sitúa en el top de los mayores caseros de España con 25.000 viviendas en alquiler. Desde la PAH son conscientes de que el Estado, “tras haber permitido la absorción, ha renunciado a cualquier intervención” en este tema. Ante ello, creen que el contrapeso en materia de vivienda debe venir por parte del Gobierno central: “El problema de la vivienda es cada vez mayor y son necesarias actitudes valientes para revertir la situación”, defienden. Para Laborda, una de ellas podría ser la aprobación de la dación en pago.
Finalmente, la devolución del rescate bancario será otro tema de gran importancia. Tanto Bankia como CaixaBank –que absorbió el Banco de Valencia, rescatado con más de 6.000 millones de euros– se vieron beneficiadas. El economista Juan Laborda es, nuevamente, poco optimista en este sentido: “No se va a recuperar nada. El rescate bancario fue inmoral y solo se puede recuperar algo mínimamente si se vende finalmente ese 16%, pero eso no es nada”, defiende. Desde la PAH, proponen, “establecer mecanismos verificables de recuperación de la deuda pendiente” que se podría empezar a pagar en viviendas “y así habría una contraprestación social a todo ese dinero público invertido”.
