El Centro de Defensa de Derechos Humanos Irídia ha presentado este martes su informe anual sobre violencia institucional en Catalunya. En él llaman la atención sobre varios casos que, o bien han tenido lugar en 2023, o (como sucede en la mayoría de los ejemplos) han llegado en ese año a su Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI).
Se trata de un servicio gratuito de Irídia, que ofrece asistencia jurídica y psicosocial a “las personas que han sufrido tortura y/o maltrato en Catalunya por parte de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, funcionarios penitenciarios o agentes de seguridad privada, cuando estos actúan por delegación de funciones de seguridad que son competencia pública”, explican.
El año pasado, 146 personas se dirigieron al SAIDAVI para denunciar presuntas vulneraciones de derechos humanos. De este total, 55 personas y 2 colectivos sufrieron violencia institucional.
De los 57 casos, 35 fueron por actuaciones policiales o de seguridad privada en el espacio público, cinco por denuncias de vulneraciones de derechos en la prisión y cinco en casos en los que la persona se encontraba bajo custodia policial. Otros cuatro en domicilios privados, cuatro en contexto de protesta, uno en el CIE y tres en varios contextos distintos a los anteriores.
Además, agregan, como mínimo, en 13 de los casos atendidos se detectó un componente discriminatorio en la actuación policial. En nueve por racismo, en dos casos por LGBTIfobia, en un caso por ambos motivos y en otro porque la persona tenía una discapacidad física.
Uso de taser con resultado de muerte
En el informe, Irídia profundiza en algunos de los sucesos más representativos. Por ejemplo, el que tuvo lugar el 26 de noviembre de 2021 en Badalona. Ese día, la madre de A.C. llamó al 112, teléfono de emergencias, porque su hijo se encontraba en un grave estado de agitación dentro de su domicilio.
“A.C. se encontraba dentro de una habitación cerrada, solo y en posesión de 2 cuchillos. Desde emergencias activaron un dispositivo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y de Mossos d’Esquadra, y distintos agentes se personaron en el domicilio. El estado de agitación respondía a una problemática de salud mental previa ya diagnosticada y conocida por el sistema de salud y por los mismos agentes del dispositivo que se activó ese día, ya que no era la primera vez que se había activado el servicio por un estado de agitación de A.C. Pese a ello, en el interior del domicilio no accedieron los profesionales médicos para dialogar con A.C. y procurar hacer una contención psicológica y desescalar la situación, sino únicamente agentes de los Mossos d’Esquadra”, relatan.
En el curso de la intervención, agregan, “se llevaron a cabo un total de 6 descargas eléctricas con un Dispositivo Conductor de Energía (DCE). A partir de estos hechos, y dentro del domicilio, A.C. entró en parada cardiorrespiratoria y fue trasladado al hospital, donde murió el día siguiente”.
En el atestado policial, “los agentes hicieron constar que tenían sospechas de que A.C. había tomado alguna substancia estupefaciente, ya que conocían que era consumidor habitual de drogas tóxicas”, detallan.
En un primer momento, el caso se sobreseyó. Pero, el 22 de septiembre de 2023, la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Barcelona estimó el recurso interpuesto por Irídia y acordó la reapertura de las actuaciones.
Apuntan que “la resolución de la Audiencia señala graves carencias en los mecanismos internos de control de la actuación policial”. La autopsia definitiva “concluye que la muerte de A.C. se produjo en un contexto en el que la descarga con el DCE inició una serie de procesos físicos en una persona que se encontraba con un delirium agitado y habiendo consumido sustancias psicoactivas”.
Denuncia por torturas en Brians 1
El 21 de marzo de 2020, señalan en el informe, “cuatro funcionarios del CP Brians 1 participaron en golpear, agredir y tirar al suelo poniendo una rodilla en el cuello a M.K. cuando estaba en la oficina de instancias para realizar un trámite. Le insultaron, hicieron comentarios racistas y le amenazaron, como represalia por un accidente que había tenido lugar dos días antes en la cárcel. Después le trasladaron al DERT donde le desnudaron íntegramente y le volvieron a golpear. Estuvo tres días incomunicado y allí inició una huelga de hambre de ocho días, durante los cuales no pudo salir al patio”.
Posteriormente, añaden, “uno de los funcionarios le obligó a firmar un papel donde asumía su participación en el incidente que había tenido lugar dos días antes en la cárcel, bajo amenazas y agresiones físicas. Finalmente, M.K. fue trasladado al Centro Penitenciario de Lledoners”.
Los hechos fueron denunciados y archivados. La Audiencia Provincial estimó el recurso, “ordenando (tres años después de los hechos) la reapertura y la práctica de las diligencias de investigación que había solicitado la acusación particular, atendiendo, precisamente, al deber del Estado de investigar denuncias por torturas”.
Pese a lo anterior, indican en Irídia, “la Fiscalía ha seguido absolutamente ausente, sin impulsar la investigación efectiva e incluso no presentándose a los interrogatorios de los funcionarios investigados”.
Agresión con bastón policial a dos manifestantes
Este ejemplo de violencia institucional sí tuvo lugar en 2023, concretamente, el 23 de mayo, “cuando, un acto de protesta contra el desalojo de las casas okupadas del Kubo y la Ruina, en el barrio de la Bonanova de Barcelona, se produjo una carga policial en la cual al menos dos agentes del ARRO de Mossos d’Esquadra golpearon a dos manifestantes con el bastón policial de arriba abajo y directamente en la cabeza”.
A partir de las imágenes difundidas por varios medios de comunicación, desvelan,
“se ha podido identificar a los agentes que, presuntamente, asestaron los golpes”.
Este 2023, Irídia ha asumido el caso como litigio y ha presentado querella contra los dos agentes. Estos “han reconocido haber utilizado la defensa contra los manifestantes, si bien mantienen que el uso de la misma fue proporcional”.
En Irídia sostienen que “resulta preocupante el hecho de que, en el marco de la investigación judicial de este caso, desde el Juzgado se ofició a la División de Asuntos Internos (DAI) de Mossos d’Esquadra, desde donde se informó que no se había iniciado ningún tipo de investigación interna sobre los hechos”.
