Crónicas | Sociedad

Medio centenar de policías y guardias civiles han sido condenados por torturas en la última década

Según los datos del Defensor del Pueblo, 524 miembros de las FCSE han recibido una condena por delitos contra la integridad moral, un tipo atenuado de tortura

Arresto de una mujer. ÁLVARO MINGUITO

Dani Domínguez

13 mayo 2022 Una lectura de 4 minutos

El Estado español deberá indemnizar con 3.000 euros a E.L.G., víctima de torturas por parte de agentes de la Policía Nacional. Así lo ha establecido la Audiencia Nacional en una sentencia que se hizo pública el pasado 10 de mayo por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la organización que ha acompañado a la denunciante durante el largo proceso judicial.

El caso comenzó a finales de 2013, cuando E.L.G. fue detenida en Córdoba. A la salida de la comisaría, tuvo que llamar ella misma a los servicios sanitarios tras sufrir una rotura de los huesos nasales. «Ni el Juzgado de Instrucción sobre el que recayó el caso, ni la Audiencia Provincial, ni el Tribunal Constitucional reconocieron vulneraciones de derechos», explican desde la APDHA. A finales de 2019, sin embargo, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) estimó la denuncia planteada por la entidad andaluza y determinó lo siguiente: «El Estado parte (España) no proporcionó información suficiente que permita concluir que las lesiones no fueron causadas durante la detención».

En el dictamen se instó a que el Estado efectuara una reparación plena que incluyese indemnización y rehabilitación, además de tomar las medidas necesarias. A pesar de ello, denuncian desde la APDHA, “el Estado decidió no dar cumplimiento, así como no responder a las peticiones efectuadas por la víctima”. Ante esto, la Audiencia Nacional ha emitido esta condena, que todavía no es firme y podría ser recurrida.

Como apuntan desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, “la práctica de torturas y malos tratos no es algo esporádico o accidental» en España. lamarea.com ha recopilado los datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) condenados por este tipo de prácticas y publicados en los diferentes informes del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención en España desde 2010 hasta 2020. En esos once años, 52 policías y guardias civiles han sido condenados por un delito de torturas, recogido en el artículo 174 del Código Penal, que establece que comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona, “la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales”.

El siguiente, el artículo 175, castiga los delitos contra la integridad moral, un tipo atenuado de tortura. En la última década, 524 funcionarios han sido condenados por ello.

Por detención ilegal o secuestro han sido condenados nueve miembros de las FCSE, según se recoge en las estadísticas.

Como indica el Defensor del Pueblo en su último informe en el ejercicio de sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención, España fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 19 de enero de 2021 a indemnizar con 20.000 euros a Íñigo González Etayo, antiguo miembro de Ekin. No se trata de una condena por malos tratos, sino que el TEDH consideró que no se había investigado de manera contundente la denuncia de González Etayo en la que aseguraba que había sufrido torturas estando bajo custodia policial cuando fue detenido en enero de 2011.

Los indultos

Desde 2014 hasta la actualidad, ningún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido indultado por ninguno de los delitos nombrados anteriormente. Sin embargo, entre 2010 y 2013, hasta 43 policías fueron exonerados de manera parcial de las penas impuestas.

De ellos, 15 fueron indultados de un delito de torturas, 12 de un delito contra la integridad moral, 6 de un delito de lesiones en cualquiera de sus modalidades, 9 del delito de detención ilegal y 1 de un delito de coacciones.

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Comentarios

Cecilio Gordillo dice:

06/02/2023 a las 13:42

Gracias Dani.

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Anselm Llorenç Zarzalejos dice:

22/05/2022 a las 17:39

Con la judicatura que tenemos (Grande-Marlaska es un magnífico ejemplo con su actuación frente a las denuncias de torturas de los detenidos a su cargo) me temo que sea la punta del iceberg.

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Akrata dice:

16/05/2022 a las 09:00

En un país supuestamente democrático y con un gobierno supuestamente progresista, vemos como la represion policial, torturas,detenciones , casi a diario sea en un desahucio,una manifestación,….. y no pasa nada.es más la cantidad de multas aplicadas por este gobierno bajo el paragua de la ley mordaza, aumenta año tras año.
Sin hablar de los represaliadxs exiliadxs,lxs compañerxs que siguen en la cárcel sufriendo torturas,aislamiento. Este país es fascista, y muchxs que se dicen antifas son unxs peleles con triángulos rojos y muchas palabras huecas y postureo, véase A Garzón, P Iglesias, y un largo etc.
La policía en su mayoría es fascista .así que policías fachas, más progres antifas vainas , pues igual policías torturadora.
Salud !!

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Sputnik dice:

15/05/2022 a las 00:45

La mayoría se van de rositas porque presionan los sindicatos policiales…
De todas maneras me gustaría saber cuantos de esos funcionarios han sido condenados por torturar a gentuza de la extrema derecha o a Cayetanos…. supongo que ninguno…

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Carmen C. dice:

13/05/2022 a las 13:40

La Fiscalía mantiene los seis años de prisión para Brian Bartés, acusado de empujar a un mosso.
Bartés ha contestado únicamente a las preguntas de su abogada, Norma Pedemonte, reconociendo su participación en la protesta, pero negando que agrediera a un agente de los Mossos.
Brian Bartés ya fue condenado por la Audiencia Nacional a un año y seis meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad en la protesta de Tsunami Democràtic contra la sentencia del Supremo a la dirigencia del Procés, el 18 de diciembre de 2019. Esta condena le fue notificada el pasado mes de marzo.
Ahora, hoy mismo, la sexta sección de la Audiencia de Barcelona lo ha juzgado por otra protesta llevada a cabo anteriormente. Se trata de la que se realizó en Barcelona, el 21 de diciembre del 2018, contra el Consejo de Ministros.
La fiscal hoy ha mantenido en este caso la petición de seis años de prisión para Bartés: cuatro por el delito de desórdenes públicos y dos años más por atentado contra la autoridad.
Por su parte, Bartés ha contestado únicamente a las preguntas de su abogada, Norma Pedemonte, reconociendo su participación en la protesta, pero negando que agrediera a un agente de los Mossos. La abogada ha solicitado la absolución para su defendido.
Cabe subrayar la cantidad de represaliados que dejó en Catalunya las protestas por la libertad de los líderes del Procés encarcelados. Ahora ellos y ellas están en las calle, incumpliendo sus promesas, regresando a la autonomía servil al Estado que, en realidad, nunca abandonaron. Mientras tanto, la (in)Justicia española continúa cebándose contra quienes, como Brian Bartés, desinteresadamente les defendieron.

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