Han logrado verificar la identidad de un agente infiltrado durante tres años en entornos militantes de Barcelona, con “muchas horas y recursos del medio”. Y han logrado denunciar una grave práctica policial. Pero al hablar del trabajo hecho, lo que recalca la periodista de La Directa Gemma Garcia, una de las periodistas que ha participado en la investigación, es la relevancia de los interrogantes aún pendientes: “Es muy importante saber quién da las órdenes, con qué objetivo, y qué acciones tenía que llevar a cabo este agente para llegar a los espacios sociales”.
Según las investigaciones de La Directa, que el pasado junio destapó a otro agente, se trata de un nuevo episodio de una operación de “introducción múltiple” de infiltrados en los movimientos sociales de Barcelona. “Y, probablemente, más allá”, afirma Garcia. Al seguir el hilo de este segundo caso, el equipo de redacción encontró varias coincidencias, como los apellidos -falsos- de ambos agentes y el hecho de que ambos procedieran de las Baleares. Sin embargo, descubrieron diferencias en su modus operandi. En esta ocasión, el agente con la identidad falsa de Daniel Hernández Pons se dedicó a “entrelazar relaciones sexoafectivas” con mujeres, a las que ha utilizado para “dar credibilidad a la construcción del personaje, generar confianzas y consolidar su presencia en los entornos”.
Para el centro de defensa de derechos humanos Iridia, esta actuación policial supone un caso de “violencia institucional sexualizada”, es decir, de violencia sexual a la vez que violencia institucional. “No solo infractores individuales pueden ser responsables de violencia sexual contra las mujeres, también los Estados”, remarca la abogada de Irídia Sònia Olivella.
La investigación periodística ha abierto la puerta a la vía judicial, la que “debería permitir conocer la magnitud de esta operación, dirimir responsabilidades y ver qué derechos se han vulnerado”, plantea Garcia. Iridia y el sindicato CGT, en representación de -por ahora- cinco mujeres con quienes el agente policial estableció relaciones sexoafectivas, han presentado una querella dirigida al agente D.H.P., a su superior jerárquico y al Ministerio del Interior. Los delitos atribuidos son abuso sexual, contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento de ejercer derechos cívicos.
Iridia observa que esta intervención policial es una actuación “planificada, deliberada y con conocimiento” a través de la que el Estado ha vulnerado el derecho de las mujeres afectadas a no sufrir tratos crueles o inhumanos. “La conducta de este agente ha sido atentar contra la integridad de las mujeres, tanto física, como moral, y contra su libertad sexual”, detalla Olivella sobre el contenido de la querella tras unos hechos que, valora, “han traspasado las líneas éticas y legales”. Por ello, reclama, no solo una investigación penal, sino también que el Estado “no mire hacia otro lado”. “Debe hacer un proceso de reconocimiento de los hechos, de reparación de las personas y entidades afectadas, y asumir políticas que garanticen que no vuelva a pasar”, defiende.
El primer caso de infiltración que publicó La Directa fue también denunciado judicialmente. En esa ocasión, por parte de Òmnium Cultural. La Audiencia Nacional rechazó investigarlo argumentando, entre otros motivos, que el Ministerio del Interior había afirmado que las actividades de infiltración habían cesado. “Este nuevo caso demuestra que no han cesado y se tendría que ver qué conexión hay entre ellas”, reclama Garcia.
En el plano institucional, el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha hecho llegar una carta al titular del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitando explicaciones. En el Congreso, ERC, Junts, PDeCAT, la CUP, EH Bildu y BNG han pedido al ministro que comparezca en la comisión de Interior.
Por otro lado, Unidas Podemos, partido miembro de la coalición que conforma el Gobierno español, ha registrado preguntas dirigidas al Ministerio para saber quiénes activaron la actuación, con qué cobertura legal, con qué objetivo y con qué indicaciones. Por ahora, el ministerio de Grande-Marlaska responde con silencio.
Instrumentalizar cuerpos y afectos, ¿estrategia autorizada?
Donde sí han tenido algo que decir desde el primer momento es en las calles del barrio barcelonés de Sant Andreu, escenario principal del policía infiltrado con el nombre de Daniel Hernández Pons y donde logró crear numerosas relaciones sociales. Sobre todo en torno al centro social autogestionado La Cinètika. Allí no solo hay un cine, aunque la proyección de pelis es una de las actividades habituales. También acoge talleres y formaciones de distinto tipo en torno a derechos básicos como la vivienda y problemáticas como la turistificación de la ciudad.
Ahora que se acerca el 8M, organizar esta jornada reivindicativa en Sant Andreu pasa por este espacio, como tantas otras acciones y reflexiones que ponen el foco en lograr vidas más vivibles, y denuncian qué factores las niegan. “Molestamos porque nos organizamos y generamos prácticas basadas en el apoyo mutuo, el transfeminismo, el aprendizaje colectivo, los cuidados, la solidaridad, la equidad y el bien común”, reivindicaban en un comunicado tras la revelación de La Directa. Más de mil personas se juntaron en las puertas del cine okupado esta semana para hacer visible la condena al “espionaje sin escrúpulos” y también la respuesta de los colectivos sociales de Barcelona: “solidaridad sin límites”.
“Las infiltraciones en movimientos sociales que ejercen derechos fundamentales de asociación, libertad de expresión y libertad ideológica, en el marco de prácticas absolutamente pacíficas, son ilegales. Además, causan impactos muy graves no solo en las personas afectadas, sino también en el conjunto de la sociedad”, sostiene Olivella.
La letrada de Iridia recuerda que, dentro de la legalidad, solo se puede acordar infiltrar a un agente como método de investigación cuando lo ordena un juez dentro de investigaciones por organización criminal por delitos “muy graves”, como tráfico de drogas y terrorismo. “Estas no son las condiciones de los hechos que hemos denunciado”, remarca. Asimismo, la abogada apunta que, incluso contando con autorización judicial, esta “no da carta blanca al agente”: ante una posible vulneración de derechos fundamentales en el marco de una infiltración policial, debe ponderarse y autorizarse judicialmente, “según los principios de proporcionalidad”, añade.
Con alguien que no existe, ¿puede existir consentimiento?
El impacto emocional para las numerosas personas que establecieron relaciones con alguien que ha resultado no existir, no ha sido menor. Tenerlo en cuenta y procurar cuidarlas en el proceso, ha influido también en los tiempos de la investigación de La Directa. “Hemos procurado no ser nosotras directamente quienes transmitiéramos esta información a las afectadas, sino que fuera en un entorno de más confianza; también, preservar el anonimato de las mujeres, que para ellas ha sido muy importante; y hacer las entrevistas en un momento en el que no estuvieran emocionalmente tan golpeadas”, cuenta Garcia.
Las testimonios que recoge el reportaje aseguran que no habrían mantenido una relación sexoafectiva con D.H.P. si hubieran sabido que es policía. “Sienten que les ha vulnerado su autonomía sexual y el derecho a la intimidad”, destaca Garcia. La falta de consentimiento es una de las bases de la querella criminal presentada. “En este caso no hay duda de que el consentimiento ha estado viciado, por la falta de información”, afirma Olivella: “el consentimiento no puede haber sido otorgado cuando ha habido un engaño, no solo en algunos términos de la persona, sino en toda la persona, que se ha construido una identidad falsa para conseguir establecer estas relaciones sexoafectivas e instrumentalizarlas”, argumenta.
La sentencia que obtuvo la activista Kate Wilson, en 2021, supone ahora un precedente para esta causa. Fue reconocida como víctima de una vulneración de derechos fundamentales a raíz de la intervención de un miembro de la policía británica infiltrado en movimientos sociales de Reino Unido. Wilson y el agente mantuvieron una relación sexoafectiva durante dos años. Él tenía la misión de espiarla tanto a ella como a sus entornos de militancia.
Pese al golpe inicial, la periodista Gemma Garcia destaca el valor que supone que varias de las mujeres afectadas más directamente por la estrategia de infiltración hayan entrado en contacto y hayan hecho una denuncia pública. Afirma que “se sienten fuertes para abrir la vía judicial”, a la que puede que se sumen más personas, porque quieren que esto no se vuelva a repetir; “que ninguna otra mujer vuelva a pasar por lo que ellas han pasado”.
