Defender a quien Defiende (Dqd), mediante su herramienta de monitoreo de vulneraciones del derecho a la protesta, Red Malla, ha elaborado el informe Diagnóstico del Derecho a la Protesta. En él, registra 1.184 vulneraciones en 261 casos durante los años 2022 y 2023. Los hechos engloban detenciones, multas, amenazas, afectaciones a la integridad psicofísica, identificaciones y/o encausamientos. De las vulneraciones totales, 314 fueron en 2022 y 870 un año después.
La plataforma que realiza el análisis está formada por el Instituto Novact de Noviolencia, el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, la Comisión Legal Sol 15-M, la Confederación de Ecologistas en Acción, el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), la Red de Observación de Vulneraciones de Derechos en Contexto de Protesta de Granada, el Sindicato CGT, el grupo de Derechos Civiles y Políticos Zaragoza 15-M, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Grupo de Acción Comunitaria (GAC).
2022: Catalunya, el territorio con más vulneraciones y los movimientos por la vivienda, los más criminalizados
En 2022, Dqd registró 83 casos, de los que se desprenden 314 vulneraciones. Catalunya siguió siendo, por séptimo año consecutivo, el territorio en el que se documentaron más casos y, por consiguiente, más vulneraciones de derechos. Allí, las defensoras y movimientos por la vivienda han sido las más criminalizadas (con 12 de los 35 casos de Catalunya).
En Madrid, el segundo territorio con más vulneraciones registradas, los movimientos ecologistas han sido los más perseguidos (8 de los 19).
Inquiriendo en las vulneraciones (314), más de la mitad son detenciones (124), represión judicial (82) e identificaciones (60).
El sindicalismo, sobre el que sólo se registraron 10 casos, es el que más vulneraciones de derechos acumula: 81. «Cuenta con multas y procesos judiciales desproporcionados”, refleja el informe. Detrás están el ecologismo y la vivienda y okupación.
2023: más protestas, más represión y Madrid lidera las vulneraciones de derechos
178 casos y 870 vulneraciones. Es decir, muchas más que un año antes. Desde Dqd señalan un repunte en la cantidad de convocatorias de movilizaciones y acciones de protesta. Lo que vino acompañado “de un incremento de la represión por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
A grandes rasgos, detallan, se puede afirmar que buena parte de este incremento de la vulneración del derecho a la protesta se debe a cuatro fenómenos: la ola represiva contra colectivos y organizaciones ecologistas (es la categoría que más vulneraciones presenta, siendo de mención especial el caso del colectivo Futuro Vegetal), las movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino, el movimiento en favor de la vivienda y la okupación y la libertad de expresión e información.
Por primera vez en los últimos años, reseñan, la Comunidad de Madrid ha sufrido más vulneraciones al derecho a la protesta que Catalunya –que está en el segundo puesto–. La tercera es el País Valencià.
En Madrid, los grupos ecologistas representan el colectivo más represaliado. De hecho, es muy destacable que más de la mitad de los casos que afectaron a defensoras ecologistas fueran en Madrid. Respecto a Catalunya, el movimiento de vivienda y okupación ha sido el más castigado: casi el 75% de los casos se dieron en desahucios.
Uso de balas de goma y de teléfonos móviles
En su informe, la plataforma enumera, entre las principales novedades de 2023, el uso de las balas de goma por parte de la Policía Nacional: en junio y en julio durante la “huelga del metal” en Vigo (Galiza) o en noviembre en Madrid.
Señalan que también se ha sistematizado un aumento de las denuncias y quejas de activistas por malos tratos bajo custodia policial, como es el caso de comentarios racistas o sólo ofrecer comida con carne a personas vegetarianas o veganas, como denunció la organización Futuro Vegetal.
Otro elemento detectado, especialmente a través de los dispositivos de observación activados por los distintos nodos de la red Defender a quien defiende, es el creciente uso del teléfono móvil por parte de los agentes de policía con el fin de fotografiar y grabar los rostros de manifestantes, así como los documentos de identidad.
Infiltraciones policiales
Y un cuarto elemento es la infiltración policial. Entre 2022 y 2023 se han llegado a detectar, informan en el estudio, siete casos de esta índole. El primero, desvelado por La Directa, fue el de un agente que se hizo pasar por activista en un casal del barrio de l’Eixample de Barcelona.
Lo que era un caso aislado, subrayan, “se ha probado como una tendencia represiva al alza por parte del Cuerpo Nacional de Policía”.
Este tipo de infiltraciones, comenta en el estudio Cèlia Carbonell, de Irídia, “sólo se pueden desarrollar en el marco de investigaciones judiciales en los casos de terrorismo, crimen organizado y tráfico de estupefacientes. Sin embargo, bajo ningún supuesto se podría autorizar el uso de relaciones afectivo-sexuales como herramienta de investigación por la grave afectación que suponen». «El Artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (conocida como la LeCrim) establece que la infiltración de agentes de Policía solo se puede realizar en investigaciones por delitos de organización criminal y bajo la orden de un juez y/o fiscal”, añade.
