“Después de la tormenta siempre viene la calma”, cantaban los Estopa, aunque parece que la lluvia no acaba de amainar en el país de la eterna (des)construcción. Ayer era el día en que supuestamente comenzaba la tramitación de la ley de amnistía con los apoyos de Junts per Catalunya, Bildu, ERC, Unidas Podemos, Sumar y el PSOE. Pero la providencial reaparición del “patriota” juez Aguirre (a cargo del caso Volhov) lo empantanó todo, y Junts per Catalunya, siempre a la espera de poder dar algún golpe de efecto que los distancie tanto del PSOE como de ERC, decidió frenarla.
Esto implica que el contenido actual de la ley vuelve a la Comisión de Justicia para un nuevo debate, en el cual se incorporan las enmiendas que no han tenido éxito hasta ahora, como la propuesta por los independentistas conservadores para eliminar la mención al terrorismo en el texto. Aunque el plazo máximo para emitir un nuevo dictamen es de un mes, la Mesa del Congreso tendrá que decidir, posiblemente en las próximas horas, si lo acorta a 15 días al considerarlo de carácter urgente. Todavía hay margen, por lo tanto, para aprobar la ley de amnistía y profundizar en la reforma democrática del Estado, dos caras diferentes de una misma moneda.
España vive instalada en una inestabilidad profunda de la cual no somos del todo conscientes, porque el interés de la sociedad en este tema es mucho menor que el que tienen los políticos, los jueces y policías, y porque Pedro Sánchez tiene la piel de cocodrilo y es capaz de surfear toda ola. Aun así, la situación es de una fragilidad considerable. La posibilidad de la amnistía se ve tensionada por cuatro puntos cardinales, cada uno de ellos con la fuerza suficiente para hacerla caer. Son los siguientes:
El PSOE dentro del PSOE
Quien se haya movido por el mundo de la política sabrá que el peor enemigo del político profesional milita en su propio partido y comparte sus ideas. Las luchas fratricidas se intentan tapar con sonrisas falsas y con declaraciones institucionales ambiguas, pero cuando ya es demasiado tarde explotan de manera incontrolable. Esto mismo le está pasando al PSOE a través de dos figuras de peso dentro del partido: el expresidente Felipe González y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Dos hombres que con sus discursos avivan la disidencia interna y agrandan la brecha dentro del partido, con un relato muy similar al de la derecha de PP-VOX. A la actual Ejecutiva le irá bien si logra buenos resultados en los próximos comicios: Galicia (18 de febrero) y Europa (9 de junio). En caso contrario, la amnistía se les puede hacer una bola demasiado grande para tragarla.
Junts per Catalunya
El partido de Puigdemont es el miembro díscolo dentro de la alianza de partidos que llevó a Pedro Sánchez, de nuevo, a la Moncloa. Evidentemente, Junts per Catalunya quiere la amnistía, porque solo así lograría justificar haberle dado apoyo “a los del 155” y poner la alfombra roja para el retorno de Puigdemont.
El peligro es que al tensar demasiado la cuerda pueden llegar a romperla. El PSOE sangra cada vez que le tienen que dedicar unas palabras diplomáticas o un gesto de acercamiento a Puigdemont, ya que el PP practica una política de tierra quemada y el aparato mediático de Madrid se apunta encantado. Además, la proximidad de las elecciones autonómicas catalanas (febrero de 2025, si no se adelantan) mantendrá a los políticos de Junts per Catalunya con la necesidad de distanciarse de sus “colegas” independentistas de ERC.
La rebelión de los jueces
Los jueces Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre —que instruyen la causa Tsunami Democràtic y la causa Volhov respectivamente—, han decidido, a riesgo de cometer un delito de prevaricación, hacer de la toga una capa y convertirse en activistas políticos. Siguiendo los pasos del expresidente Aznar, las actuaciones “patrióticas” de dos jueces están contribuyendo a hundir la credibilidad de un sistema judicial que ya se encontraba en horas bajas. Así, ni 48 horas antes de la votación en el Congreso de los Diputados, Aguirre acordó prorrogar la investigación por seis meses más bajo el pretexto de que de las informaciones desprendidas en la causa podrían encajar en los supuestos excluidos de la amnistía, y dio una entrevista a una televisión pública alemana donde explicaba las supuestas vinculaciones del independentismo con Vladímir Putin.
Con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado desde hace cinco años, la aparición de jueces free-riders demasiado sospechosos de comulgar con las ideas de la cúpula del Partido Popular, dificultan la aprobación de la amnistía y, de rebote, perjudican aún más la imagen de uno de los principales poderes del Estado.
El Estado y sus cloacas
Si avanzamos en el viaje al centro del Estado se llega a su núcleo. El centro del Estado no está formado por hierro ni por magma, sino por un grupo limitado de funcionarios que se adjudican la patria potestad en la defensa de los intereses del Estado.
Nada más peligroso que un grupo de personas que se sienten por encima de cualquier principio legal y de legitimación democrática y que no se someten al escrutinio público. Los núcleos de los Estados —de todos los Estados— son profundamente antidemocráticos. Que este poder se haga visible revela, por un lado, su debilidad, pero, al mismo tiempo, es precisamente entonces cuando es más peligroso.
Este artículo ha sido publicado originalmente en ‘Catalunya Plural’.
