El debate sobre la futura Ley de Amnistía ha entrado estos días en el terreno del terrorismo. El polémico titular de un Juzgado Central de Instrucción, Manuel García-Castellón y García-Lomas, parece empeñado en imputar al expresident Carles Puigdemont y a la exsecretaria general de ERC Marta Rovira por un delito de terrorismo. La acusación es disparatada.
El juez realmente investiga los actos de protesta contra la condena de los líderes independentistas en 2019 organizados por lo que se llamó Tsunami Democratic. Sostiene que este grupo organizó una manifestación y una acampada no comunicadas durante la jornada de reflexión con intención de alterar la paz pública y estuvo detrás de la ocupación del aeropuerto de El Prat por una multitud que colapsó su funcionamiento varias horas. Durante la misma, falleció de infarto un ciudadano francés. Y, según este instructor tan cercano al Partido Popular, ello podría haber venido causado no ya por la cardiopatía grave y congénita que padecía el fallecido –y que llevó a declarar formalmente su muerte como debida a causas naturales–, sino por los actos de protesta.
Como la protesta beneficiaba a Puigdemont y hay unas conversaciones grabadas en las que tanto éste como Rovira comentan informaciones sobre sus actos, el juez cree que hay indicios de que ellos son autores de unas protestas terroristas con resultado de muerte. Si no buscaron directamente la muerte de nadie, dice, al menos asumieron que podía producirse.
El razonamiento parece descabellado y carente de lógica para la idea que generalmente tenemos de qué es el terrorismo. En los tiempos que corren, eso no es un problema para la justicia española. La sentencia del procés sentó las bases cuando los magistrados dirigidos por el juez Marchena reinventaron el delito de sedición y concluyeron que la desobediencia civil pacífica, si está organizada, es sedición y se puede castigar fácilmente con nueve años de cárcel.
Definición del delito de terrorismo
Con ese antecedente no es impensable que la amplia definición del delito de terrorismo introducida en la reforma de 2015 se interprete ahora de manera que cualquier acto que busque alterar la paz pública, subvertir el orden constitucional u obligar a los poderes públicos a algo (básicamente, cualquier protesta política) se considere terrorismo. Es muy posible que el disparate se pare y que ni Puigdemont ni Rovira sean condenados por terrorismo. Pero seguramente tampoco sea esa la intención del magistrado conservador, que se conforma con amagar.
“El principal objetivo de García-Castellón es forzar a Junts a dejar de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez e incluso, si se puede, provocar su caída. Para eso, como la Ley de Amnistía excluía los delitos de terrorismo, ha intentado hacer ver a los independentistas que el PSOE no puede garantizar que Puigdemont se libre de ir a la cárcel si alguna vez regresa a España”.
Claramente estamos ante una maniobra para interferir en el debate político. El principal objetivo de García-Castellón (que está a punto de jubilarse y nunca ha tenido vergüenza de aparecer como un juez parcial) es forzar a Junts a dejar de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez e incluso, si se puede, provocar su caída. Para eso, como la Ley de Amnistía excluía los delitos de terrorismo, ha intentado hacer ver a los independentistas que el PSOE no puede garantizar que Puigdemont se libre de ir a la cárcel si alguna vez regresa a España.
Los partidos que apoyan al Gobierno han reaccionado incluyendo el terrorismo sin consecuencias graves entre los delitos beneficiados por la amnistía. Si la idea es asegurar que se aplique la ley, así no lo van a conseguir. No hay manera de frenar una maniobra así. Si la Ley de Amnistía incluye los delitos leves de terrorismo, él imputará a los líderes catalanes por un delito grave de terrorismo. Y si se metieran en la amnistía también los delitos graves de terrorismo, él los imputaría por homicidio o por cualquier otra cosa que invente. No hay manera en España de parar a un juez instructor desbocado y decidido a retorcer la letra de la ley que se siente respaldado por tantos otros jueces.
En vez de eso, claramente, la estrategia judicial va más allá y el Parlamento parece haber caído en la trampa. Al airear la chocante imputación por terrorismo e insinuar que es una reacción a los huecos que tiene la proposición de Ley de Amnistía, se busca también debilitar jurídicamente ese texto. La primera versión de la ley cuidaba su articulado al extremo para evitar la posibilidad de que fuera declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o contraria al derecho europeo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
“Con la nueva enmienda, los partidos del Gobierno sitúan la discusión en el marco más favorable a la derecha política y judicial […]. Y la modificación de la proposición de ley acabará perjudicando al Gobierno y los independentistas”.
Con la nueva enmienda, los partidos del Gobierno sitúan la discusión en el marco más favorable a la derecha política y judicial. De pronto, aceptan que están dispuestos a perdonar a un terrorista y que Puigdemont puede ser un terrorista. Eso no solamente vuelve la ley más indefendible de cara al público español, sino que aumenta las posibilidades de que sea declarada contraria al derecho de la Unión por el Tribunal de Luxemburgo. La reputación internacional de Sánchez y su gobierno tampoco saldría beneficiada de la cantinela, repetida sin duda a diario, de que protege y defiende a terroristas. Desde ese punto de vista, la modificación de la proposición de ley acabará perjudicando al Gobierno y los independentistas.
Por otro lado, la enmienda que incluye los actos terroristas entre los amnistiables tampoco conseguirá que la ley se aplique una vez publicada en el BOE, la próxima primavera. Hagan lo que hagan sus redactores, la Ley de Amnistía será boicoteada por el poder judicial. Prácticamente todos los tribunales llamados a aplicar cualquiera de sus artículos suspenderán sus decisiones hasta que las cuestiones prejudiciales tengan una respuesta, y contra eso no hay solución jurídica válida. Es muy posible que pasen años antes de que la ley, cuando esté en vigor, se aplique. Así que mejor habría sido ganar la batalla reputacional y asegurar que finalmente no sea anulada antes que intentar poner puertas al campo, judicial.
“Hagan lo que hagan sus redactores, la Ley de Amnistía será boicoteada por el poder judicial. […] Es muy posible que pasen años antes de que la ley, cuando esté en vigor, se aplique. Así que mejor habría sido ganar la batalla reputacional y asegurar que finalmente no sea anulada antes que intentar poner puertas al campo, judicial”.
Y, efectivamente, lo que este asunto pone en evidencia es que en España tenemos un grave problema con los jueces. Puede parecer que los grupos parlamentarios firmantes de la enmienda han reaccionado desmedidamente a las amenazas de un único juez, el turbio magistrado que aparecía en las interceptaciones telefónicas de la Gürtel, pero no es cierto. García-Castellón es sólo uno más entre muchos.
Desde que el gobierno popular asignó a la justicia la tarea de frenar al independentismo, nuestra judicatura no ha hesitado en retorcer el Estado de derecho todo lo que hiciera falta para conseguirlo. Ya sea usar la prisión provisional para impedir que un candidato fuera elegido presidente autonómico, inventarse un delito de sedición que no se parece a su descripción en el Código Penal o inaplicar con descaro la reforma del delito de malversación. Demasiados jueces se han declarado en rebeldía a la ley democrática y sometidos únicamente a la defensa de la patria.
Fractura de la base del sistema democrático
Ante esa fractura de la base del sistema democrático, es razonable que el Parlamento reaccione con una Ley de Amnistía que evite las maniobras judiciales que obstaculizan cualquier solución política para la crisis catalana. Pero debe ser una ley perfectamente constitucional, razonable y orientada realmente a superar de una vez el conflicto mediante la discusión política.
Eso es justamente lo que quieren impedir tantos jueces sediciosos. Para ellos, seguramente, todos los que aspiramos a que se apliquen las leyes aprobadas democráticamente por el Parlamento somos unos terroristas. Y tienen razón. Estamos dispuestos a subvertir este sistema en el que las normas no las dictan quienes ganan las elecciones, sino quienes superan una oposición. Eso debe ser terrorismo, porque les suena fatal.
