La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) está formada por personas de España y Portugal, que promueven un cambio en la política de gestión del agua para conseguir actuaciones más racionales y sostenibles. Julia Martínez Fernández, doctora en Biología, es su directora técnica. En conversación con lamarea.com, afirma que es necesario reducir la demanda de agua y mira directamente al sector agrario.
Deja claro que hacer más embalses no es la solución: “Con eso solo tendríamos más dinero público enterrado en obra inútil”. Y hace hincapié en que han pesado más los intereses empresariales que los sociales: “No puede ser que España sea el macrocebadero de China para que unas empresas se queden con los beneficios, y el conjunto de la ciudadanía con los suelos y las aguas contaminadas”.
En enero de 2023 se aprobaron los planes hidrológicos de tercer ciclo de las distintas demarcaciones hidrográficas. En su informe Retos de la planificación y gestión del agua en España 2022 los critican porque no se adaptan a la emergencia climática. ¿Cuáles serían los aspectos más graves o lesivos?
Deberían ser el instrumento fundamental para la adaptación al cambio climático en el ámbito del agua. Se está ya observando una reducción de las precipitaciones (con sequías cada vez más intensas y extensas), pero lo más importante es el aumento de las temperaturas, hay más evaporación de embalses y evapotranspiración, los cultivos de secano y regadío bombean más agua a la atmósfera. Tenemos una reducción en el agua que va mucho más allá de la bajada en las precipitaciones.
Necesitamos reducir las demandas. Todos tenemos que hacer los deberes, pero el primero debe ser el sector agrario, al que se destina el 80% del agua usada en España. En el caso del abastecimiento urbano, los deberes ya se hacen, entre 2007 y 2018, con un millón más de personas en España, el uso total del agua se ha reducido.
Los planes hidrológicos fallan en eso, no plantean estrategias de reducción de regadío, sino que prevén la creación de nuevos regadíos. En el Ebro, en el Guadiana. También los mal denominados regadíos de interés social.
¿Cómo se compatibiliza el que los agricultores sigan pudiendo vivir del campo, sin que haya un gasto tan brutal en regadío?
La principal manera que tiene la agricultura de adaptarse es reducir la superficie. No se puede seguir incrementando la demanda cuando no hay agua. Para adaptarnos al agua disponible, hay medidas que, incluso habiendo agua, se deberían tomar, y no se está haciendo: por ejemplo, sancionar y clausurar los regadíos ilegales. Hay centenares de miles de hectáreas de regadíos ilegales, que suponen un robo de un bien público, y los principales afectados son los agricultores que usan el agua de forma legal.
No hablamos de eliminar la agricultura ni el regadío. Lo que decimos es que, si queremos tener una agricultura que tenga presente y futuro, hay que garantizar el agua, y solo se garantiza con una superficie agrícola más razonable.
Critican también la modernización de los sistemas de regadío, porque dicen que aumenta la demanda.
Existen evidencias abrumadoras, recogidas por informes de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo. Lo que pasa es que estas recomendaciones no han sido recogidas por los planes hidrológicos, como es su obligación. En España, en los seis únicos sistemas de modernización de regadíos que han sido realmente evaluados, el agua disponible antes y después se ve que, en el mejor de los casos, no se ahorra agua, y en el resto se incrementa el consumo de ésta.
Aunque, en general, los planes hidrológicos las descartan, hay personas que siguen defendiendo que la solución está en las grandes infraestructuras. No están de acuerdo con esto, ¿por qué?
Es sencillo de explicar: si no hay agua, serán embalses vacíos, es como darle un monedero vacío a un pobre. Sobran embalses, pero falta agua. España es de los 4 países del mundo con mayor proporción de grandes presas por habitante y kilómetro cuadrado. Tenemos un exceso de capacidad que nunca va a ser llenada. No por tener más embalses vamos a tener más agua, tendremos más dinero público enterrado en obra inútil.
lamarea.com acaba de publicar un reportaje sobre la obligación que tienen, desde 2001, las administraciones responsables de sistemas de abastecimiento para más de 20.000 personas de elaborar planes de sequía: el 40% no los tienen hechos. ¿Con el tema de agua, se saltan la ley y no pasa nada?
En materia de agua, el grado de incumplimiento de la normativa es abrumador. Hay muchas cosas que mejorar en la normativa existente, pero el principal problema no es que falte legislación, sino que la que hay no se cumple. Estamos pagando multas europeas por no cumplir en tiempo y forma con la directiva de depuración de aguas residuales, y por no aplicar de forma adecuada la directiva referente a la contaminación por nitratos de origen agrícola.
Precisamente sobre esto último, en el informe comentan que España se ha convertido en la fábrica porcina de Europa. ¿De qué manera afecta la ganadería intensiva al agua?
Una gran proporción del porcino que se produce de forma intensiva está controlado o gestionado por unas pocas grandes empresas. La mayor parte de esos cerdos no son para cubrir las necesidades en España. Somos el gran cebadero de China. No puede ser que España sea el macrocebadero de China para que unas empresas se queden con los beneficios, y el conjunto de la ciudadanía con los suelos y las aguas contaminadas y con los malos olores.
Esa contaminación, una vez que llega a las aguas subterráneas, se puede quedar ahí 40, 50, 100 años. La contaminación de un acuífero es muy difícil de reducir (a diferencia de un río, que cuando eliminas la fuente de contaminación se recupera muy rápido). Requiere más tiempo, medidas más complicadas de poner en marcha, esfuerzos y recursos económicos poco viables. Eso está permitiendo que la contaminación afecte a más acuíferos. Un recurso que es público para generar beneficios privados.
En las sequías de este año se ven cada vez más noticias de pequeñas poblaciones que no tienen suficiente agua potable. Los manantiales se han agotado y, en muchos casos, es por la contaminación. Cada vez hay más situaciones donde el abastecimiento humano, por muy derecho humano que sea, está comprometido, y, en la mayoría de los casos, no es por sobreexplotación, sino por contaminación por nitratos, que provocan las actividades agrícolas y la ganadería intensiva.
¿Hay riesgo de que haya restricciones en el consumo de agua de boca?
No habrá cortes de agua en las grandes ciudades. Eso está descartado. Tienen sistemas más potentes y flexibles, con distintas fuentes de abastecimiento. Son sistemas que están basados, precisamente, en dar prioridad al abastecimiento humano. Se puede dar una situación de emergencia en la que haya que reducir las dotaciones, pero serían las de los usos menos prioritarios, como el agrícola o el industrial. El principal problema lo tienen los pequeños núcleos rurales, que, por supuesto, tienen el mismo derecho que la gente que vive en una ciudad grande a recibir la misma cantidad y calidad del agua.
¿Sirve para algo, por ejemplo, prohibir que se llenen las piscinas privadas?
Eso es anecdótico. Testimonial. Está bien, se debe hacer, pero los ciudadanos ya hemos hecho los deberes, somos un millón más de personas y gastamos menos agua. La verdadera reducción tiene que venir de los grandes consumidores, que son los agricultores y, específicamente, las grandes superficies de regadío intensivo.
Se comenta también en el estudio que hay desconfianza hacia las administraciones públicas “por una gestión insuficiente y por la alineación con intereses económicos”, ¿a qué se refieren?
Es una gestión del agua que se ha dedicado a suministrar a todos los sectores demandantes y a los que obtenían un beneficio económico, principalmente, el regadío y las centrales hidroeléctricas, que no consumen el agua, pero han generado graves daños. Es como si la política forestal hubiese sido ligada a los objetivos de las industrias madereras. Todos entendemos que un bosque es mucho más que una reserva de madera, pero en el caso del agua se han gestionado los ríos como si fueran meros acumuladores de un recurso.
Eso ha llevado a priorizar mucho las obras hidráulicas y surgen otros beneficiarios directos, que son los que se benefician de las licitaciones de obra pública.
¿Cuáles son los impactos ambientales que genera la energía hidroeléctrica?
Dos fundamentales: utiliza presas para acumular el agua y después soltarla, esas presas son una barrera absoluta para la continuidad longitudinal de los ríos. Aíslan a las especies y esto tiene un impacto catastrófico en las especies de peces migradores. Esa es una de las razones más importantes de que la biodiversidad de peces ibéricos esté cayendo en picado.
El otro impacto es la alteración de los flujos de agua. En lugar de que haya máximos y mínimos en función de condiciones naturales, los desembalses están condicionados a los precios del mercado de la energía. Muchas veces se sueltan unas cantidades tremendas de agua embalsada, porque en ese momento la energía tiene un precio muy alto y hay un pico de energía hidroeléctrica, y estos desembalses tan brutales arrastran de golpe a las comunidades biológicas.
Por esto, tramos de río que por estar en la cabecera de la cuenca deberían tener un estado ecológico muy bueno, no lo tienen. Pero no porque el agua esté contaminada, sino porque es un desierto biológico, porque hay un embalse hidroeléctrico que se gestiona sin tener en cuenta el régimen de caudales ecológicos.
