Marzo de 2023, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), fue el segundo mes con más calor y menos lluvias del siglo actual. Abril se convirtió en el mes más cálido y seco desde que hay registros (1961). Mayo ha dado un respiro y ha sido normal en cuanto a temperaturas y precipitaciones. Los efectos de la emergencia climática, con la sequía como una de las muestras más palpables, no son cosa del futuro.
Organizaciones como Greenpeace o WWF llevan tiempo alertando de que España es el país más árido de Europa y de que el 75% de su territorio es susceptible de sufrir desertificación. Los avisos han provocado cumbres, grupos de trabajo, recomendaciones, comisiones… Palabras con pocos hechos. Y lo que sucede con los planes de emergencia contra la sequía es paradigmático.
El 6 de julio de 2001 entró en vigor el Plan Hidrológico Nacional. En el punto 3 de su artículo 27 dice lo siguiente:
“Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. Dichos planes, que serán informados por el organismo de cuenca o Administración hidráulica correspondiente (…) deberán encontrarse operativos en el plazo máximo de cuatro años”.
Es decir, en julio de 2005 (cuatro años después, y hace 18 años), los planes de estas administraciones públicas tendrían que haber estado aprobados. La realidad es muy distinta.
La Marea ha repasado los Planes Especiales de Sequía de todas las demarcaciones hidrográficas, que se encuentran en consulta pública desde el pasado 30 de marzo de 2023. En ellos se informa de en qué momento están los planes de emergencia de cada uno de esos sistemas de abastecimiento a los que remite el Plan Hidrológico Nacional. Únicamente han sido informados favorablemente (y a muchos les resta la aprobación definitiva) 128 de los 214 que debería haber.
Oviedo, Huesca y Lugo no tienen plan de sequía
En el Plan Especial de Sequía de la Demarcación Hidrográfica (DH) del Cantábrico Occidental se indica que hay 15 sistemas de abastecimiento que atienden a 2.149.916 habitantes, con una demanda agrupada de 244 hm³/año. Sólo hay uno que está definitivamente aprobado, el de CADASA Centro, que es el que engloba a más personas (716.309).
Están dos en elaboración, y los 12 restantes ya han sido elaborados e informados por la Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) correspondiente. Dando por buenos los informados, hay 13 de 15 planes en la DH del Cantábrico Occidental.
No están aprobados los de ciudades como Oviedo (acaba de ser enviado a la OPH) y Gijón. Fuentes del Ayuntamiento ovetense aseguran que las abundantes lluvias que históricamente caían en dicha zona hicieron que la elaboración del plan no fuera una prioridad.
En el caso de la DH del Cantábrico Oriental, existen seis sistemas de abastecimiento (547.574 habitantes y una demanda de 165,69 hm³/año). Hay uno aprobado, el del Consorcio de Aguas Bilbao – Bizkaia, aunque está pendiente de actualización al Plan Hidrológico de tercer ciclo de la demarcación –que, junto con los planes de todas las confederaciones, fueron aprobados el 24 de enero de 2023 con el horizonte 2022-2027–. Además, cuatro están en periodo de información, y uno, el de Urbide, pendiente de elaboración.
3.516.946 habitantes (con una demanda de 389,24 hm³/año) dependen de los 18 sistemas de abastecimiento de la Confederación Hidrográfica (CH) del Ebro. 13 planes están informados favorablemente y cinco no están ni redactados. Destacan, sobremanera, los casos de Logroño (150.876 personas) y Huesca (54.207).
En la CH Miño-Sil hay seis sistemas de abastecimiento que afectan a 349.430 habitantes y tienen una demanda agrupada de 43,246 hm3/año. Dos están en vigor (Ourense y Consorcio da Auga do Louro), dos informados desfavorablemente (Ponferrada y Ponteareas) y uno pendiente de elaboración (Lugo).
Escaso cumplimiento en las confederaciones del Duero, el Tajo y el Júcar
Uno de los casos que más llama la atención por no disponer de plan de sequía aprobado es el de Valladolid (la 13ª ciudad de España por número de habitantes) y de cuyo sistema de abastecimiento dependen 340.284 personas (el mayor de la CH del Duero). De momento, está “informado desfavorablemente”.
En dicha demarcación, hay 16 sistemas para 1.320.473 habitantes y con una demanda agrupada de 100 hm³/año. Aparte del de la capital vallisoletana, otros cuatro están informados desfavorablemente (entre ellos, Palencia o Zamora), otro que falta por completar (Laguna de Duero), dos inexistentes (Soria y la Mancomunidad de Municipios Río Eresma), y ocho aprobados.
En la CH Tajo hay 14 municipios o mancomunidades que atienden a 7.731.194 habitantes y generan una demanda de 647,289 hm³/año. Ocho están informados y seis pendientes de elaboración. Entre ellos, los de Toledo y Plasencia.
Menos del 50% de los sistemas de abastecimiento en la DH del Júcar cumplen con la obligación de tener un plan de sequía. Son 78 (65 municipios y 13 sistemas mancomunados), que surten a 4.390.498 habitantes, con una demanda de 403,2 hm³/año.
Actualmente, 10 están aprobados, 25 informados y 43 sin hacer, por ejemplo, los de Cuenca y Albacete.
Los planes de sequía en las demarcaciones del Guadiana, el Segura y el Guadalquivir
En la CH del Guadiana, 11 sistemas de abastecimiento y 7 municipios atienden a 788.565 habitantes, que generan una demanda de 90,6 hm³/año. No hay ninguno aprobado definitivamente, seis informados favorablemente, tres con observaciones, uno en elaboración y ocho pendientes. El caso de Badajoz, por ejemplo, que está pendiente, y da servicio a 150.911 personas (el que más).
La demarcación con mayor grado de cumplimiento en la elaboración de los planes de sequía es la del Segura. Se distinguen 25 sistemas para 1.923.223 habitantes. Y la demanda es de 191,9 hm³/año. Únicamente hay dos que no lo tienen redactado: San Pedro del Pinatar y La Unión (se le solicitó al Ayuntamiento en enero de 2023 al alcanzar los 20.000 habitantes). Hay algunos aprobados y actualizados entre los 23 restantes, otros pendientes de aprobación y algunos a la espera de ser actualizados al plan hidrológico de tercer ciclo. 23 de 25.
No es sencillo saber fehacientemente la situación en la CH del Guadalquivir, puesto que tan solo informan de si han sido remitidos, o no, al organismo de cuenca, pero no de si han sido informados favorablemente. Dando por buenos todos aquellos que ya han sido enviados, son 15 de 19. De ellos dependen 3.928.449 habitantes, con una demanda agrupada de 348 hm3/año.
Y ha mejorado en los últimos años
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica dejan claro que “la redacción y elaboración de estos planes es responsabilidad de las administraciones responsables de esos abastecimientos”.
Durante el proceso de elaboración de los Planes Especiales de Sequías (PES) actualmente vigentes (año 2018), explican, se intentó dar un impulso importante a estos Planes de Emergencia. Para ello se hizo una nueva llamada de atención a las administraciones locales correspondientes y un tratamiento más específico de la situación en los propios PES. Fruto de este impulso, señalan, se consiguió aumentar de forma significativa el número de planes existentes.
En estos momentos, agregan, se encuentran en consulta pública los nuevos Planes Especiales de Sequías, «y la atención a la problemática de los abastecimientos urbanos constituye uno de los principales elementos en que se ha buscado la mejora. Se ha vuelto a contactar de forma generalizada con las administraciones locales, que están ocupando un papel prioritario en los procesos de participación pública», aseguran.
¿Por qué hay tanta falta de cumplimiento?
Entre los factores que podrían explicar esta falta de cumplimiento de muchas administraciones locales, enumeran, podría citarse el hecho de que en ocasiones son municipios que superan la cifra de 20.000 habitantes, «pero no tienen la capacidad humana, técnica o de contexto institucional para desarrollar estos planes».
A este respecto, se han realizado por parte de diversas entidades (AEAS, FNCA), y también en el ámbito de algunos organismos de cuenca (Júcar, por ejemplo), guías para facilitar la elaboración de los mismos.
El Ministerio resalta también «la dificultad que habitualmente se tiene en bastantes demarcaciones hidrográficas para captar el interés de las administraciones locales». En muchas ocasiones, aseveran, no llegan a designar representantes en los Comités de Autoridades Competentes, a pesar de los requerimientos de los organismos de cuenca.
Por ello, «tanto en los foros de participación establecidos en el ámbito de las cuencas, como en órganos de ámbito estatal como la Mesa del Ciclo Urbano del Agua u otros, se está insistiendo en esta necesidad. Y se está destacando la importancia que para impulsar esta elaboración de los Planes de Emergencia pueden tener entidades como la Federación Nacional de Municipios y Provincias o las Diputaciones Provinciales».
Cabe destacar, concluyen, «que, a través del PERTE de digitalización del ciclo del agua, se está impulsando también la elaboración de estos planes. En la segunda convocatoria del ciclo urbano, actualmente en diseño y tramitación administrativa, será obligatorio tener un Plan de Emergencia para poder obtener financiación. Si no se dispone de él, deberá incluirse necesariamente en cualquier proyecto de digitalización a financiar por el PERTE. El objetivo es que todos los municipios que participen en el PERTE tengan en los próximos años los planes conforme a lo indicado en la normativa».
