Dice la Ley de Aguas, de 2001, que los organismos de cuenca, es decir, las confederaciones hidrográficas, pueden alterar el aprovechamiento y el control de los caudales concedidos, sobre todo en situaciones excepcionales como “sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales”. Esto significa que los embalses tienen unos usos, habitualmente hidroeléctricos y para regadíos, pero se pueden alterar, sobre todo, cuando ocurren los parámetros establecidos en los Planes Especiales de Sequía.
Dice el Plan Especial de Sequía de la demarcación del Tajo, de 2018, que uno de sus tres objetivos específicos es “garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida de la población, minimizando los efectos negativos de sequía y escasez sobre el abastecimiento urbano”.
“Berrocalejo está rodeado de agua, pero ha estado unos días sediento”. Así arrancaba el 8 de agosto de 2019 un reportaje en este medio, que contaba cómo el municipio cacereño estuvo unos días sin agua en el grifo mientras se turbinaba del embalse de Valdecañas para producir energía.
“Esta concesión supone que legalmente puede ejercer libremente ese derecho de explotación. Cualquier otro potencial usuario simultáneo del embalse podría acceder al recurso, pero sabiendo que debe disponer de infraestructuras de captación que le permitan tomar agua incluso por debajo de los 290 metros. En caso contrario, podría verse ante la imposibilidad física de captar agua”, fue la respuesta entonces de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que no tomó medidas.
La bióloga y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) Julia Martínez explica por teléfono que “una confederación está totalmente legitimada para modificar los usos con respecto a las asignaciones, es decir, aunque el agua de los embalses tiene una determinada concepción, por razones ambientales o de sequía, tiene toda la potestad del mundo para reducir los desembalses y para redistribuirlos de otra manera”. Eso sí, matiza, tienen que ser modificaciones temporales porque cambiar una concesión es un procedimiento más complejo, más largo y que puede estar sujeto a indemnizaciones.
Aquellos días de 2019, por cierto, había sequía prolongada, según la información de la CHT. Lo que no había era escasez, según la misma fuente. Y es que, sequía y escasez son dos conceptos o, mejor dicho, dos realidades diferentes. La sequía es una cuestión meteorológica, es decir, de lluvias. Por su parte, la escasez es una cuestión hidrológica y tiene en cuenta varios indicadores, entre ellos, el volumen de los embalses. Los planes de sequía, creados poco después del cambio de siglo y actualizados hace cuatro años, fueron los que determinaron ambos parámetros.
“En general no se está cumpliendo adecuadamente la prioridad del abastecimiento humano. Cuando hay situaciones de sequía, no se debe tocar los abastecimientos, hay que restringir los usos hidroeléctricos o agrarios. Y estamos comprobando que hay pequeñas y medianas poblaciones que no lo tienen garantizado en cantidad y calidad necesarias, precisamente, porque hay unos usos, sobre todo regadío y ganadería, que están impidiendo esa prioridad”, detalla la experta de la FNCA, que acusa a la Administración de permitirlo. En agosto de 2021, otros pueblos vecinos de Berrocalejo también tuvieron problemas de abastecimiento, como de nuevo contó este medio. Entonces no había sequía, pero sí alerta por escasez en la zona, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tampoco tomaron medidas.
Este año (a 17 de junio) no ha habido problemas de suministros en la zona, tampoco hay sequía, pero sí hay prealerta de escasez en gran parte de la zona extremeña de la cuenca. Frente a estos parámetros de prealerta, las medidas aplicables “son esencialmente de comunicación y concienciación”, explica el departamento de comunicación de la confederación. Nada de cambios de usos. “La fase de prealerta no representa una situación preocupante en el contexto planteado por el Plan Especial de Sequía”, añaden desde el organismo.
Sequía excepcional
La cuenca del Guadalquivir atraviesa una “sequía excepcional” desde el pasado 2 de noviembre. Así lo considera la propia Confederación Hidrográfica. Entonces, ¿eso significa que hay problemas de lluvias? No, lo que hay es un problema de sobreexplotación de los recursos hídricos. Lo explica Leandro del Moral, catedrático de la Universidad de Sevilla: “Hay un problema de déficit de recursos, no estamos hablando de sequías extraordinarias o de sequía muy prolongadas, estamos hablando de una situación de sobreexplotación permanente”. Los propios datos del organismo de cuenca para esas fechas reflejaban dicha ausencia de sequía (es decir, no había problema de lluvia), al tiempo que señalaban emergencia por escasez.
Se usa más agua de la que hay disponible. Es lo que alertaron en 2018 once organizaciones, entre las que había sindicatos, sindicatos agrarios, organizaciones de consumo y ecologistas, al analizar el Plan Especial de Sequías del Guadalquivir. Según sus observaciones, la sequía excepcional “es consecuencia de una mala gestión de los recursos hídricos” disponibles.
“Es un problema muy complejo, social, político y económico. No han sido capaces de controlar las demandas, y estamos con unas demandas sobredimensionadas que provocan que, en un contexto de ausencia de sequía prolongada, haya una escasez generalizada”, incide el catedrático. En la misma línea, Julia Martínez subraya que los problemas actuales son debidos a un exceso de demanda, no a que haya menos lluvias.
