Nuria Hernández-Roca es cofundadora de la Fundación Nueva Cultura del Agua y experta en gestión de recursos hídricos, planificación territorial y sostenibilidad ambiental.
En España, la sequía es recurrente. Sin embargo, siempre que llega nos sorprende. ¿Por qué?
Eso no es completamente así. La sequía es un fenómeno natural y recurrente propio de nuestro clima mediterráneo. Es cierto que, tradicionalmente, en España, la gestión ha sido de emergencia, reactiva; cuando llegaba la sequía era el momento en el que se tomaban las medidas para mitigar los impactos, se ponían en marcha nuevas infraestructuras, se programaban los cortes de suministros… Sin embargo, la sequía del 94-95 supuso un cambio en la manera en la que gestionamos estos fenómenos.
¿En qué sentido?
En esos años se produjeron cortes de aguas de horas en grandes ciudades como Sevilla, y ahí se tomó la decisión de que esto tenía que cambiar, sobre todo después de que el abastecimiento se considerara un uso prioritario del agua y, desde 2010, un derecho humano que hay que garantizar. A partir de aquí se entendió que había que anticiparse, no a la emergencia sino al riesgo. El Plan Hidrológico del año 2000 decía que todas las demarcaciones hidrográficas tenían que tener un plan de gestión de riesgo por sequía y que todos los municipios de más de 20.000 habitantes, también. Estos planes empezaron a prepararse a partir del año 2005-2006, coincidiendo con otra gran sequía, y se acabaron aprobando en 2007. Lo que hacían era elegir en cada zona cuáles son aquellos indicadores que nos pueden alertar de que estamos entrando en riesgo por sequía. Según esto, se establecieron una serie de umbrales, como una especie de semáforo de riesgo: normalidad, alerta y emergencia. Gracias a estos planes, en general, se consigue mitigar el impacto económico y ambiental de las sequías, y evitar los fallos en el abastecimiento. A veces parece que nos pilla por sorpresa pero es necesario diferenciar conceptos.
¿Cuáles?
Las sequías son fenómenos naturales que se producen cuando durante un tiempo llueve menos de lo habitual. Otra cosa es la escasez de agua, que se produce cuando sobreexplotamos los recursos disponibles. En muchos casos, lo que sucede, es que hay una escasez estructural; es decir, hay zonas donde sistemáticamente se utiliza más agua de la que hay disponible en situación de normalidad. Tenemos casos de cuencas con más derechos concedidos que el agua que se tiene. No tiene ningún sentido, porque es como si tienes una cuenta corriente y sacas más dinero del que entra cada mes con tu nómina. Imagínate el problema si encima, un mes, no entra la nómina. Pues es lo que sucede cuando a la escasez estructural se le suma una época de sequía. En 2018, se aprobaron nuevos planes de sequía que disinguen entre sequía meteorológica y escasez. De esta manera, se diferencia también entre la escasez coyuntural de la estructural y se establece que, en situaciones de sequía, no se puede hacer frente a la escasez estructural. Es decir, no es el momento de acometer la construcción de nuevas infraestructuras como pantanos.
Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua argumentamos que hay que revisar los indicadores de escasez coyuntural. Los indicadores actuales nos dicen que hay sequía meteorológica en el norte pero es en la zona del Guadiana y del Guadalquivir donde están en alerta por sequía, según los indicadores de escasez. ¿Esto qué significa, que hay sequía o que estamos gestionando mal los recursos?
El cambio climático solo puede agudizar los episodios de sequía. ¿Esto se está abordando desde una perspectiva integral desde las instituciones?
Claro, el cambio climático va a intensificar el riesgo por sequía. Por eso, es necesario tener más margen de maniobra. Sin embargo, lo que estamos haciendo es reducirlo, por ejemplo, generando nuevos regadíos a pesar de que no hay recursos suficientes. El problema es que al tener nuevas demandas, tienes que repartir lo que hay, y cada vez hay menos. De este modo, estamos poniendo en riesgo los distintos usos del agua, entre ellos el abasctecimiento, que es prioritario. Los modelos científicos de estudio del cambio climático, desde los más optimistas hasta los más pesimistas, avisan de que las sequías van a ser más intensas, más frecuentes y más largas. Esta va a ser nuestra nueva normalidad. Y mientras esto sucede, seguimos aprobando más usos para un agua que no tenemos y que se va a reducir. Se está incrementando nuestra vulnerabilidad en lugar de minimizarla.
Y también está la contaminación.
Ese es un segundo problema, paralelo. Tenemos un problema muy serio de contaminación por nitratos, de especies invasoras, de ineficiente depuración de las aguas residuales… Por eso lo importante es situar la gestión de la sequía en el marco de la gestión del agua. La mejor manera de disminuir nuestra vulnerabilidad es gestionar con más cabeza y prudencia las situaciones de vulnerabilidad.
Sin embargo, hay administraciones que plantean legalizar miles de hectáreas de regadío ilegal, eléctricas que vacían embalses, proyectos turísticos que consumen millones de litros de agua…
¿Cuáles son los principales lastres que ponen en peligro los recursos hídricos en España?
Prefiero hablar de retos, no de lastres. Yo señalaría, en primer lugar, a los grandes lobbies que representan a los usuarios del agua. Me parece importante distinguir entre grandes lobbies y los usuarios porque no es lo mismo un gran grupo de poder de regantes que los regantes de manera individual. Al actuar como lobby político no se permite establecer diálogos constructivos para abordar las soluciones necesarias. Ahí tenemos el caso del lobby agrario. Es una evidencia que el sector agrario ejerce una de las principales presiones sobre las aguas, ya sea por la contaminación difusa –utilización de químicos, fertilizantes…– o por el propio uso del recurso, el riego.
Esto tiene sentido porque es la principal actividad del territorio y por eso ejerce la mayor presión. Ahora mismo, el problema de la contaminación por nitratos de origen agrario mina nuestros recursos subterráneos, que son estratégicos a la hora de mitigar el cambio climático. Así, el lobby agrario habla como una única voz, con posiciones absolutistas que impiden encontrar alternativas que permitan mantener territorios y ecosistemas acuáticos vivos. Esto es imprescindible, y el agricultor lo sabe porque también es un ciudadano que bebe su agua o se baña en ella. Yo creo que es imprescindible encontrar elementos de diálogo que ahora son complicados con las posturas maximalistas de este grupo.
¿Y qué responsabilidad tienen las administraciones hacia esos ‘lobbies’?
Ese es el segundo gran obstáculo, la posición dicotómica de algunas comunidades autónomas que, en lugar de corresponsabilizarse en el reto de garantizar la mejora de nuestras aguas de las que dependemos para todo, mantienen distintas voces y un discurso populista o simplista que busca réditos electorales a corto plazo. Hay muchos casos en los que, por un lado, la Consejería de Agricultura defiende nuevos regadíos o la intensificación de usos agrarios y, por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente intenta hacer lo contrario. Es una política esquizofrénica. Por eso es fundamental que las comunidades se sientan corresponsables de garantizar el buen estado de las aguas y que establezcan mecanismos de coordinación internos para que se establezcan políticas coherentes.
¿Y en el sector hidroeléctrico?
Aunque existe un lobby eléctrico, son menos actores y eso hace que el diálogo pueda ser más constructivo. Sin embargo, con frecuencia mantienen posturas absolutistas al defender que mantener el caudal ecológico podría poner en riesgo la energía hidroeléctrica. Hay que reconocer la importancia estratégica de este tipo de energía, pero también es cierto que existe mucho margen de maniobra y no deberían mantener posiciones obstruccionistas. Es posible gestionar los embalses hidroeléctricos y las minicentrales eléctricas respetando un régimen de caudales ecológicos y evitando desembalses excesivos que arrasan con los ríos aguas abajo y que solo tienen como razón un beneficio económico. El diálogo constructivo es necesario.
¿Qué papel asume la política?
Otro gran lastre es la falta de convencimiento político de que estamos ante una situación de emergencia. Si paseas por el territorio, verás que la situación de algunos ríos es catastrófica. Esto es un problema para garantizar necesidades a corto y medio plazo. Pero también es un problema de pérdida de identidad, de biodiversidad.
¿Cree que la ley castiga de una forma ejemplarizante a quienes roban o contaminan el agua?
No. En España tenemos un problema de usos ilegales del agua. Y ahí se junta una falta de recursos personales y técnicos de los organismos de las cuencas hidrográficas o del Seprona para perseguir estos usos ilegales, pero también una falta del respaldo político para pararlo. Existe una insumisión hídrica desde hace décadas a la cual no se pone coto. Si la respuesta es, como la de la Junta de Andalucía, proponer regularizar los usos ilegales, el mensaje es “haz lo que quieras que no te va a pasar absolutamente nada”. La respuestas a la pregunta es categóricamente no. Hay vertidos ilegales, vallados ilegales, invasiones de cauce, tomas ilegales de agua… y no se aborda con la valentía y determinación que requiere.
