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1992. El año de la firma del Tratado de Maastricht. El año de Cobi y Curro, de las Olimpiadas de Barcelona y la EXPO de Sevilla; la de la España que volvía a apostar por el turismo; Felipe González seguía al frente del Gobierno después de una década en el poder. Una España donde, pasada la tragedia, la historia se convertía en farsa, o eso indica lo que vino después.

Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda desde 1985 –anteriormente había estado al frente de la cartera de Industria y Energía (1982-1985)– era el ideólogo de la deriva española hacia la economía de mercado, hacia el neoliberalismo. El encargado de poner a dieta al Estado y adelgazar su poder económico a través de la privatización de grandes empresas públicas. Entre 1983 y 1996, en España se privatizó una media de 7,4 empresas al año, según el estudio Privatization and its objective in Spain: from instrument to policy, lo que sirvió para ingresar más de 13.000 millones de euros al cambio actual.

En ese contexto, en enero de 1992, se anunció la creación del IBEX 35, el principal índice bursátil de la bolsa española que aglutinaría a las 35 mayores empresas del país. La punta de lanza del capitalismo español que abandonaba el gris para pintarse de colores como los de la cresta de Curro. Una clase económica renovada que, aparentemente, nada tenía que ver con las que le precedían, pero que, sin embargo, es imposible de entender sin mirar más hacia atrás.

El pasado todavía se escucha

En 1991, las tres principales empresas en capitalización bursátil del Estado eran Telefónica, Endesa y Repsol, todas ellas públicas en ese momento. A partir de ahí, el resto de los 35 puestos del índice se los repartieron energéticas, bancos y constructoras, principalmente. La mayoría, compañías que habían hecho negocio durante la dictadura franquista.

Bajo los colores de esa España moderna hay, sin embargo, bastantes grises. En la lista de las 10 compañías más importantes en 1992, estaba, por ejemplo, Iberdrola, surgida ese mismo año tras la fusión entre Hidroeléctrica Española e Iberduero. Esta última, a su vez, nació de la fusión en 1944 de Saltos del Duero e Hidroeléctrica Ibérica. El primer presidente de la eléctrica fue Íñigo de Oriol e Ybarra, quien ya era presidente de Hidroeléctrica Española desde 1985, tras el fallecimiento de su padre, José María de Oriol y Urquijo, hijo de uno de los principales financieros del golpe de Estado de 1936.

Algunos de los casos más obvios fueron los de Huarte, Agromán y Dragados, presentes en la lista de las primeras 35 empresas que conformaban el índice. Habían sido tres de las principales constructoras en la dictadura franquista, como documenta Antonio Maestre en Franquismo S.A. Huarte y Agromán fueron dos de las empresas encargadas de construir el Valle de los Caídos, con mano de obra esclava proveniente de las cárceles del franquismo.

La herencia económica de la dictadura, que había llenado los bolsillos de numerosos empresarios, seguía brillando en 1992. Un pasado que coleaba entonces y que sigue coleando ahora. Iberdrola, 30 años después de la creación de IBEX 35, sigue siendo una de las principales energéticas del país; y las constructoras que usaron mano de obra esclava durante el franquismo, ahora están integradas en algunos de los principales grupos constructores: Huarte es la H de OHL, la joya de la corona del grupo Villar Mir hasta hace apenas un año; Agromán acabaría formando parte de Ferrovial a partir de 1995, aunque la fusión no se hizo efectiva hasta 1999; y Dragados se integró en ACS, el grupo presidido por el empresario Florentino Pérez.

En definitiva, la clase dirigente económica española tiene mucho más de 30 años.

La Transición lampedusiana

Muerto el dictador, todo tenía que cambiar. ¿El objetivo? Que nada cambiase. Gatopardismo ibérico. Las estructuras políticas y económicas se iban a mantener inamovibles. Franco mandó construir embalses y presas con el sudor y la sangre de los prisioneros políticos, y las mismas empresas que llenaron sus carteras de sustanciosos beneficios lo iban a seguir haciendo después. Las aguas económicas del franquismo iban a seguir discurriendo por sus cauces y moviendo las turbinas empresariales de las mismas compañías. Nadie iba a cerrar las compuertas y a depurar las responsabilidades.

A partir de ese momento, la nueva corte de empresarios se iba a fraguar en torno a la figura del heredero del dictador: Juan Carlos I. La Ley de la Transición: el empresario franquista ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Este periodo sirvió para poner a prueba los cimientos de un capitalismo español en el que, para hacerse rico, solo era necesario heredar o meterse en política. En un periodo convulso, los más avispados iban a estar en primera línea. Iban a ser los prohombres encargados de llevar a España hacia la democracia, según el relato oficial. El oficioso más bien dice que acabarían por llevarse a España en el bolsillo.

El poder político-empresarial se iba a convertir en un bien prácticamente herético, compuesto de sagas familiares y apellidos que todavía hoy se repiten. Fernando Abril Martorell es solo un ejemplo. Titular de Agricultura, ocupó también la vicepresidencia y la cartera de Economía en legislaturas sucesivas y se convirtió en Gobernador por España del Fondo Monetario Internacional. Como Suárez, Abril Martorell fue procurador en la Cortes en las postrimerías del franquismo y presidente de la Diputación Provincial de Segovia (1969-1970), además de otros cargos en varios ministerios, lo que le valió la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola en 1973. Tras dejar la política en 1982, acabó en el ámbito empresarial como vicepresidente del Banco Central Hispano y consejero de CEPSA. A propuesta del gobierno de Felipe González, fue nombrado presidente de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud.

Las generaciones venideras también supieron sacarle jugo al apellido, complejizándolo con ese guion medio tan típico de quienes conocen el enorme capital político y económico que tienen detrás de su nombre. Su hijo Fernando Abril-Martorell comenzó en el ámbito financiero como consejero delegado de Credit Suisse en la península y como managing director de JP Morgan en España para acabar en la cima de la recién privatizada Telefónica. Entre 2012 y 2014 fue nombrado consejero delegado de PRISA, la compañía editora de El País. Su última peripecia empresarial lo ha situado como presidente de Indra a propuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) –que controlaba una quinta parte de la compañía– durante el gobierno de Mariano Rajoy. Su hermano Joaquín está ligado a CEPSA –como su padre– desde 1998, y en la actualidad ejerce como director digital de la compañía.

Un círculo herético perfecto se repite con otros nombres como Juan Miguel Villar Mir, el ministro que no quiso ser ministro pero que al final fue ministro; o José Lladó Fernández-Urrutia, titular de Comercio en el primer consejo de ministros de Adolfo Suárez, y presidente de Técnicas Reunidas hasta junio de 2020, cuando dejó el sitio a su descendencia.

El IBEX, este 2022, cumple 30 años, que bien podrían ser muchos más. Y como cualquiera que se hace mayor, aunque la apariencia cambie, la esencia, el interior, sigue siendo el mismo.