“Lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual”, le cantaba Javier Krahe al hombre blanco que hablaba con lengua de serpiente. Porque, si alguien supo poner en práctica lo que Giuseppe Tomasi di Lampedusa contaba en su novela El gatopardo, ese fue Felipe González. Tras la etapa franquista, los años del felipismo –continuados posteriormente por Aznar– son, posiblemente, los que más resuenan en la actualidad.
La etapa felipista fue la de la España machadiana “de charanga y pandereta”; pasada la crisis económica inicial, en España todo ‘iba bien’ incluso antes de que Aznar lo proclamase. Una “España en positivo” en la que la economía empezaba a alcanzar la velocidad de crucero y en la que el Gobierno viajaba a bordo de dos transatlánticos: Construcción y Turismo. Así lo anunció quien fuera ministro de Industria y Economía y Hacienda durante esos años, Carlos Solchaga: “España es el país donde es más fácil hacerse rico”. Bajo ese manto de color en realidad se escondía un escandaloso paro juvenil, jeringuillas de heroína, guerra sucia por parte del Estado, desregulación de determinados sectores económicos, conflictividad laboral…
La beautiful people sostenía que gracias al PSOE España podía mirar a Europa a los ojos; mientras, por debajo, Solchaga actuaba como el rey Midas de las privatizaciones: todo lo público que tocaba lo convertía en oro para el sector privado. Así, entre 1983 y 1996 se privatizaron una media de 7,4 empresas al año, según el estudio Privatization and its objective in Spain: from instrument to policy. El propio Rodrigo Rato, portavoz del grupo Popular en el Congreso, supo ver en 1986 la deriva que tomaba la política económica de los socialistas: “Parece el principio de un proceso de privatización del sector público empresarial. Por tanto, estamos realmente ante una decisión de gran calado político, un cambio importante en las posiciones políticas y económicas del Gobierno socialista, al menos con respecto a su programa”.
La principal forma de privatizar fue la de vender de manera directa las empresas públicas a grupos nacionales o internacionales que ya operaban en los sectores económicos a los que pertenecían las compañías vendidas. Solchaga, que fue el sustituto de Miguel Boyer al frente de Economía, anunció en el Congreso la asunción de las privatizaciones como el principal instrumento de la política financiera por parte del Gobierno: “Como consecuencia de este proceso de reflexión el gobierno ha venido a concluir en la necesidad, por un lado, de reconvertir una parte importante de la empresa pública, y al mismo tiempo, en la conveniencia de reprivatizar algunas de las actividades, si esta era la opción mas barata, o la menos cara, para el contribuyente español”.
Los responsables de la política económica e industrial del país durante la primera etapa de las privatizaciones –Solchaga, Luis Carlos Croissier, Claudio Aranzadi y Guillermo De la Dehesa– siempre aceptaron que las privatizaciones constituían una parte más de la política económica del Gobierno: “El INI, mediante la venta de participaciones, consigue unos recursos que no tiene que demandar a los Presupuestos Generales de la nación”, explicaba el ministro Croissier en el 88 para tratar de hacer hincapié en el pragmatismo de la venta de empresas públicas. Importantes empresas públicas rentables que, ahora, engrosan los beneficios privados.
La puerta giratoria está engrasada
El IBEX 35 tardó algunos años en devolver a la corte de Felipe González los favores, pero lo hizo. Sus diferentes gobiernos estaban plagados de activos muy valiosos. Eran los hombres –alguna mujer también– que habían construido e instalado el motor que hacía que el país se moviera; un país que, según defendían, no era más que chatarra antes de su llegada. De ahí que fuesen tan cotizados: sabían cómo funcionaba cada engranaje, cuánto consumía la maquinaria, cuáles eran sus puntos débiles… Sobre los cimientos puestos por el franquismo y allanados durante la Transición, los diferentes gobiernos felipistas comenzaron a construir un país que se decía nuevo. Los de Isidoro –el seudónimo de Felipe González en la clandestinidad de la dictadura– supieron sacarle buen partido a su posición política durante los 80 y 90.
El año 2010 fue muy prolífico para muchos de ellos. El expresidente consiguió su poltrona en el consejo de administración de Gas Natural Fenosa, un trabajo «muy aburrido«, según dijo, pero por el que en 2014 cobró 127.000 euros. Javier Solana, ministro de Cultura, Educación y Ciencia y Asuntos Exteriores durante la práctica totalidad de los gobiernos del PSOE, se convirtió ese mismo año en asesor en Asuntos Internacionales de Acciona. El exministro, quien también fue secretario general de la OTAN, se encargaría de asesorar al presidente José Manuel Entrecanales. Así, un apellido de postín económico durante la dictadura y otro de relevancia política durante la primera etapa socialista de la democracia, fueron de la mano en el siglo XXI. Paradojas ibéricas donde los apellidos importan –un hermano del ex ministro, Luis Solana, fue presidente de la Telefónica pública entre 1982 y 1989–, y mucho.
Ese mismo año, otros dos exministros felipistas consiguieron silla en el consejo de administración de dos compañías con participación pública. Uno de ellos fue Miguel Boyer, titular de las carteras de Economía y Hacienda durante la mayor parte de la primera legislatura de Felipe González. Ese prolífico 2010 fue nombrado consejero de Red Eléctrica de España (REE), el monopolio español encargado de gestionar la red de transporte de energía eléctrica de alta tensión y que fue semiprivatizado a través de una OPV de acciones en 1999, guardándose el Estado el control de un 20% que gestiona a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y que permite al Gobierno de turno nombrar al presidente de la corporación, además de algunos consejeros.
Boyer mantuvo el cargo hasta abril de 2014, pocos meses antes de su fallecimiento. Durante los dos primeros años de su mandato tuvo como presidente de la compañía al exministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (1992-1996) Luis María Atienza, con quien, sin embargo, no coincidió en ningún ejecutivo socialista. Atienza llegó a la presidencia de REE en 2004 tras la victoria de Zapatero en las elecciones, siendo cesado en 2012 con una indemnización de 2,3 millones de euros. Antes de ejercer como ministro, había sido secretario general de Energía y consejero del Instituto Nacional de Hidrocarburos, entre otros cargos.
Y no nos movemos de 2010. Carlos Solchaga, exministro de Industria y Energía (1982-1985) y de Economía y Hacienda (1985-1993) fue uno de los agraciados con un sillón en el consejo de administración de la farmacéutica Pharmamar y de CIE Automotive, compañía especializada en la fabricación de componentes y subconjuntos de automoción que cotiza en el IBEX 35 desde junio de 2018. El artífice de la política económica española durante los 80 y parte de los 90 en España también cuenta en su currículum su paso por el consejo del grupo empresarial Duro Felguera.
La lista de puertas giratorias de los ministros y otros cargos de los gobiernos de Felipe González, es todavía más larga. En la mayoría de los casos, el giro conducía al mismo sector: el energético, un ámbito hiper regulado que se ha convertido en cobijo de expolíticos tanto del PSOE como del Partido Popular, pasando por nacionalistas vascos y catalanes. Un hecho que se hizo todavía más evidente durante las dos legislaturas de Jose María Aznar, que hizo del oligopolio eléctrico su refugio tras perder las elecciones en 2004 y donde los conflictos de intereses se convirtieron en mera teoría.
La etapa socialista dejó su impronta en el IBEX 35, siendo –de manera simbólica– el creador del principal índice bursátil español, plagado de compañías harto conocidas por los españoles. Era el culmen del proyecto económico felipista elaborado por Solchaga, que pretendía teñir de color a esa España gris que representaban todos los adversarios del PSOE, tanto a la derecha como a la izquierda.
