Se suele decir eso de que en las crisis siempre pierden y ganan los mismos. La última legislatura de Zapatero fue la de la incertidumbre, la del desmoronamiento de unos de los principales pilares económicos del país. Con Mariano Rajoy, los recortes fueron la norma en unos años duros para los estratos sociales más bajos, que recibieron palos en forma de reforma laboral con su correspondiente abaratamiento del despido. Era el grito del IBEX 35 que, superada la adolescencia, pedía, pedía y pedía.
Y los populares le daban. Así, apenas un mes antes de los comicios de 2011, el marqués de Villar Mir, Juan Miguel Villar Mir, por entonces propietario de la constructora OHL, defendía la necesidad de una reforma laboral “urgentísima” y una reducción del gasto de las diferentes administraciones públicas. Ya con Rajoy victorioso, Emilio Botín, presidente del Banco Santander en aquel momento, no tardó ni una semana en pedir también un reforma laboral y financiera.
A mediados de 2019, un informe de Comisiones Obreras (CCOO) con datos del Banco de España ponía cifra al descalabro que había supuesto la ley para la clase obrera y lo beneficiosa que había sido para las grandes compañías: desde 2008, los bancos habían acabado con 112.000 puestos de trabajo entre despidos, prejubilaciones, Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y salidas voluntarias. Esto supone acabar con un 41% de la plantilla con la que el sector contaba al inicio de la crisis. El proceso todavía no ha acabado.
El IBEX se convierte en un actor político
Los años de Gobierno de Mariano Rajoy coinciden con la resaca del 15-M, cuyo guante cogió Podemos en 2014. Tanto el movimiento social como el partido liderado entonces por Pablo Iglesias pusieron el foco en la clase económica, señalando en muchos casos con nombre y apellidos a los principales empresarios del país.
Se empieza a reparar de esta manera en el enorme poder que atesora un conjunto de compañías, gran parte de ellas incluidas en el IBEX 35. A partir de 2011, sin embargo, el aura casi mesiánica forjada durante décadas parecía que podía resquebrajarse. Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, llegó a abogar por crear «una especie de Podemos de derechas» que diese más cancha la iniciativa privada.
Vuelven los de siempre
Mariano Rajoy rellenó su Ejecutivo con algunas de las segundas espadas de los dos gobiernos de Aznar, por lo que la renovación a la que tanto se refería era, en realidad, una farsa. Pero ese tiempo que pasó desde que en 2004 los populares perdieron el poder hasta que lo recuperaron en 2011, llevó a varios de los futuros ministros y ministras al sector privado. De lo público a lo privado, y viceversa.
Uno de estos nombres es el de Isabel García Tejerina, secretaria general de Agricultura durante la segunda legislatura de José María Aznar, quien recuperó dicho cargo en 2012 y que, dos años después, fue nombrada ministra. Entre tanto, estuvo a sueldo de Villar Mir como directora de planificación estratégica de Fertiberia y consejera de Fertial, empresas de productos fertilizantes.
Dos años después de abandonar el Ejecutivo, fue fichada como consejera independiente de Neoenergía, la filial brasileña de Iberdrola. Tras hacer las Américas, la exministra volvió a España a finales de 2021 para sentarse en el Consejo de Administración de Iberdrola, una compañía en la que poseía 347.345,95 euros en acciones en 2018.
Junto a Tejerina también marchó hacia América Latina su compañera en el Consejo de Ministros Fátima Báñez, titular de la cartera de Empleo y Seguridad Social durante los siete años del gobierno de la derecha. En su caso lo hizo como consejera de la filial Iberdrola México. Báñez también acabó recalando en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con la que la propia Báñez había pactado la reforma laboral en 2012 con la oposición de los sindicatos.
Del mundo financiero provenían varios de los miembros del Consejo de Ministros. Luis de Guindos, ministro de Economía (2011-2018) y antes, secretario de Estado de Economía durante los últimos dos años de Aznar al frente del Ejecutivo, acabó en Lehman Brothers como miembro de su Consejo Asesor europeo (2004-2008) y como director de su filial en España y Portugal (2006-2008). Asimismo, fue el responsable de la división financiera de PricewaterhouseCooopers (PwC) (2008-2011) y consejero de Marenostrum (2011) y de Endesa (2009-2011).
De BBVA vinieron dos miembros del Gobierno: el que fuera ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y el efímero ministro de Economía Ramón Escolano. El primero –considerado como el ministro peor valorado de la democracia– había sido adjunto al presidente y director de relaciones corporativas de la entidad vasca entre 2003 y 2005 y, el segundo, director de relaciones institucionales (2004-2009).
Pedro Morenés y los combos giratorios
Por la desfachatez de sus decisiones, y a pesar de no haber recalado en el IBEX 35, un nombre destaca por encima del resto: Pedro Morenés y Álvarez de Eulate, ministro de Defensa entre 2011 y 2016. Tras pasar por el sector privado, cruzar la puerta hacia el público, y volver al sector privado, Aznar lo devolvió a lo público como secretario de Estado de Defensa en 1996.
Tras ser desalojado del Ejecutivo, las empresas de armas se rifaron sus servicios. Así, en 2005 fue nombrado consejero de Instalaza, S.A., una de las principales fabricantes de bombas de racimo, un tipo de armamento que acabó siendo prohibido por las consecuencias que tenía para la población civil. Años más tarde, en 2011, se conoció que este tipo de munición fabricada por Instalaza había sido usada por el dictador libio Muamar el Gadafi contra sus opositores. La compañía, tras la decisión del Gobierno español en 2008 de destruir las bombas de racimo, trató de obtener una indemnización de 40 millones de euros, una reclamación que fue desestimada. Durante los años de los gobiernos de Zapatero, Morenés también pasó por el Consejo de Administración de Construcciones Navales del Norte, ocupó el cargo de director general para España de la compañía de fabricación y diseño de misiles MBDA y fue el secretario general del Círculo de Empresarios.
Y, de nuevo, se encontró la puerta giratoria abierta tras la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno en 2011, siendo nombrado ministro de Defensa. Apenas cuatro años después, gracias a una pregunta parlamentaria presentada por el diputado vasco Jon Iñarritu, fue posible conocer que, desde su nombramiento, Defensa había firmado al menos 32 contratos con empresas de las que el propio Morenés había sido consejero, como Instalaza y sus filiales. Desde el año 2000, los contratos adjudicados ascendían a 140 en total.
La respuesta del Gobierno era muy escueta y no permitía conocer demasiados detalles. Sin embargo, según infoLibre, dos de los contratos fueron suscritos a dedo –es decir, sin concurso público– por el Ejército de Tierra en agosto de 2014 por valor de más de tres millones de euros en total para la adquisición de munición. En diciembre de 2013, Instalaza se embolsó casi 4 millones de euros tras la venta de un lanzagranadas ligero.
Tras su salida del Gobierno en 2016, y tras un pequeño periplo como embajador en Estados Unidos, Morenés volvió al sector privado. En esta ocasión fue aupado hasta la presidencia del Consejo de Administración de la empresa Amper Ingenio, filial del Grupo Amper. No hubo ningún tipo de conflicto de interés a ojos de la Oficina de Conflictos de Interés (OCI) a pesar de que la firma matriz se valió de la intervención del Gobierno en 2014 para cerrar una importante venta en España: la venta de Amper Programas Electrónica y Comunicaciones –del sector de Defensa– a la compañía francesa Thales. Según diferentes medios de comunicación, Morenés fue quien capitaneó la operación en el Consejo de Ministros, que acabó dando su visto bueno.
