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¿Quiénes son terroristas y quién preocupa al Estado?

En 2023, la publicación de la memoria anual de la Fiscalía estuvo envuelta en polémica. No registraba la mayor parte de los delitos de odio pero incluía a los activistas climáticos bajo el epígrafe «terrorismo nacional». Aunque corrigió ese apartado, su criminalización los ha hecho objeto de espionaje por parte de la Policía.

Protesta climática llevada a cabo por el colectivo Rebelión Científica a las puertas del Congreso, el 6 de abril de 2022. ÁLVARO MINGUITO

Nora Rodríguez y Miquel Ramos

29 enero 2024 Una lectura de 9 minutos

Pintadas, desórdenes públicos, supuestas manifestaciones «ilegales» y 20 detenciones relacionadas con estas acciones. A pesar de que ninguna es por cargos de terrorismo, la Fiscalía General del Estado las incluyó en lo que denomina «insurreccionalismo anarquista», dentro del epígrafe de «terrorismo nacional» en su última memoria anual. También se incluyen 31 detenciones y «26 acciones» diferentes, como «concentraciones ilegales» (que en realidad son actos no comunicados) o «daños contra el patrimonio», por parte de grupos ecologistas, a los que ha enmarcado también bajo el epígrafe de «terrorismo nacional».

En septiembre del año pasado, la Fiscalía presentó su memoria de 2022, un informe que planteó numerosas dudas sobre los criterios usados para catalogar a determinados grupos o acciones como terroristas, sin existir causa alguna en la Audiencia Nacional. La inscripción de grupos ecologistas y sus acciones no-violentas en el recuento de actividades terroristas desató varias protestas por parte de estos activistas, que consiguieron que este órgano estatal lo corrigiese: «En ningún caso», dijo, considera terroristas a estos colectivos, al mismo tiempo que reconoció que «quizá» el terrorismo no era el mejor apartado donde colocar lo que, sin embargo, siguen considerando una «amenaza». Aunque tras las protestas la Fiscalía ha tenido que salir a corregir dicha información, ya en la Memoria Anual del año 2021, dentro del apartado dedicado al terrorismo internacional, se detallaba la relación de acciones del llamado «ecologismo radical violento», considerado un «extremismo» de izquierda y una amenaza para la seguridad ciudadana. Entonces citaban la actividad del grupo Extinction Rebellion, advirtiendo de que se había «implantado en España».

El 15 de junio de 2022, catorce activistas climáticos fueron detenidos por la Brigada Antiterrorista por una acción en la que se roció la puerta del Congreso con agua y remolacha. Fueron acusados de un delito contra las instituciones del Estado, que hubiera sido juzgado por la Audiencia Nacional de no haber sido retirada esta acusación por el juez. Por sus acciones de desobediencia civil y acción directa no violenta, han sido incluidos en los informes como parte de un «ecologismo radical». Bajo esta denominación engloban unas actividades que se han saldado con 31 detenciones por supuestos delitos de daños y contra las instituciones del Estado, por protestas contra emisiones del sector del transporte, por una acción en el Museo del Prado de Madrid (lanzamiento de pintura), por desórdenes públicos, contra la seguridad vial y contra la seguridad del tráfico (al cortar la circulación de una vía).

También en un comunicado de finales de septiembre, el Fiscal General del Estado contestó a una carta remitida por varias ONG ecologistas, afirmando que el subapartado «ecologismo radical» no volverá a figurar dentro de la categoría de «terrorismo nacional». Además, declararon que la Fiscalía, para realizar esta memoria en la que se evalúan posibles riesgos, se basa en un informe remitido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), en el que se analizan todas las acciones violentas, organizadas y llevadas a cabo en varios lugares a la vez, e incluso en varios países.

Sin embargo, no se refirió a la misma acusación para los grupos anarquistas, de los que recogen 20 detenciones por cargos como pintadas, resistencia o atentado a la autoridad y manifestaciones ilegales (no comunicadas). Tampoco aclara cómo, y bajo qué criterio, considera a los autores de una acción de este tipo como «anarquistas».

La Marea ha preguntado a la Fiscalía al respecto, para entender a qué se debe la inclusión del anarquismo y de determinados actos a los que relacionan, sin explicar en base a qué, con esta ideología, bajo el epígrafe de «terrorismo nacional», cuando no se está juzgando ni instruyendo ninguna causa bajo esta acusación en la Audiencia Nacional. Fuentes de este organismo han manifestado la intención de no volver a relacionar ninguna acción con el terrorismo mientras no exista causa abierta en este tribunal por tal delito, y han atribuido esta inclusión a la inercia en la redacción de estos informes: «La Fiscalía está haciendo una revisión de los criterios de la memoria para que en este apartado sólo se incluyan aquellos datos que afecten a causas seguidas en la Audiencia Nacional».

Por otra parte, las mismas fuentes afirman que el foco y los datos sobre estos grupos corresponden a las informaciones que las FCSE proporcionan a la Fiscalía para la elaboración de su memoria, pero no se detallan ni los criterios ni el motivo de su inclusión, así como tampoco las diferencias entre estas informaciones y las que proporciona el Ministerio del Interior en sus informes anuales. Este informe de las FCSE en el que se basa, no es público ni es posible consultarlo.

Los datos incompletos de la violencia ultraderechista

Por otra parte, en el mismo informe se hace referencia a 14 detenciones de personas relacionadas con la extrema derecha y al desmantelamiento del grupo neonazi Bastión Frontal, a quienes consideraban «el actor organizado preponderante en el ámbito juvenil de esta amenaza en España». Según estos datos de la Fiscalía, se entiende que solo 14 neonazis o individuos de extrema derecha han sido detenidos a lo largo del año, de los que solo uno lo fue por agravante de odio.

¿Quiénes son terroristas y quién preocupa al Estado? — La Policía aparta a miembros de Bastión Frontal que increpaban a Pablo Iglesias en una visita a Coslada, en 2021. DANI GAGO

Estos datos, no obstante, no encajan bien con los publicados en el Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2022 del Ministerio del Interior, donde se registran 1.869 delitos e incidentes de odio que se produjeron durante ese año, la mayor parte por orientación sexual e identidad de género o racismo y xenofobia. De estos delitos, son considerados como hechos esclarecidos 1.175, de los que 423 incidentes se refieren a lesiones y 105 a promoción o incitación al odio.

Estas divergencias ocasionan dudas sobre qué criterios ha utilizado la Fiscalía para tener en cuenta estas detenciones y no el resto, así como por qué no se han incluido otras desarticulaciones de grupos de extrema derecha, como la de la llamada operación Ario, donde se detuvo a siete personas relacionadas con un grupo que difundía propaganda nazi y fascista y que tenía armas blancas y de fuego. La documentación del caso apuntó que sus miembros tenían pensado pasar a la acción, y están registradas frases como la siguiente: «Para el año que viene planeamos iniciar la violencia armada en las calles». Tenían listas con nombres de políticos y fiscales, y uno de ellos, hasta un manual para hacer explosivos. A pesar de todo, no se ha tipificado como terrorismo. La Fiscalía, en respuesta a preguntas de La Marea, dice que desconoce los motivos, y señala de nuevo que su memoria está basada en los informes de la Policía.

Las acciones violentas de la extrema derecha reseñadas en este volumen son delitos contra la integridad de las personas. De hecho, son las únicas recogidas bajo el epígrafe «terrorismo nacional» que responden a esta particularidad. En cambio, los delitos imputados a grupos ecologistas o anarquistas están relacionados con cortes de carreteras, faltas administrativas (como no comunicar concentraciones o manifestaciones) y daños contra la propiedad. No se dan casos en los que se haya dañado la integridad personal de nadie.

A pesar de que la propia Fiscalía ha admitido en su informe, y en declaraciones posteriores a este medio, que no existe amenaza terrorista detectada de grupos de izquierdas y ecologistas, ni ningún caso juzgado bajo tal acusación, el Estado sigue justificando la infiltración de agentes en estos movimientos. El debate se centra entonces en los límites de las labores de inteligencia, que podrían estar vulnerando varios derechos de colectivos determinados por su ideología, en un país donde la libertad de expresión y de asociación están reconocidas por la Constitución.?

Policías infiltrados en movimientos sociales

La vigilancia y la persecución de movimientos sociales por parte del Estado se ha materializado en la autorización de diversas infiltraciones policiales. Se han descubierto operaciones para introducir agentes encubiertos en movimientos independentistas, ecologistas y de izquierdas. A lo largo del año pasado y del presente se han destapado seis casos de agentes bajo sueldo y órdenes de la Policía Nacional que, con identidades falsas, entraron en organizaciones de izquierdas y establecieron relaciones personales y sentimentales para espiar y recabar información acerca de sus actividades.

Tras ser destapados por investigaciones de La Directa y El Salto, se han pedido explicaciones y responsabilidades tanto al Gobierno como al Ministerio del Interior. En marzo de este año, cuando aún se habían destapado solo tres casos, el ejecutivo de Pedro Sánchez, en una respuesta al senador de Compromís Carles Mulet, contestó que los tres policías nacionales que se infiltraron en movimientos sociales en Barcelona y Valencia eran «agentes de inteligencia», además de indicar que la Comisaría General de Información solicitó una autorización administrativa, bajo un expediente que está «declarado secreto», en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, una norma que se remonta a 1968, bajo la dictadura franquista.

También sostuvo el Gobierno que la actividad de «obtención de información» de los tres agentes «no se realiza sobre ideologías, ni movimientos sociales, sino que se trata de una actividad de inteligencia para la captación de información de interés para el orden y la seguridad pública». Igualmente, defendió que las FCSE «actúan en todo momento desde el estricto cumplimiento de la ley», con la «máxima profesionalidad» y «plena sujeción a los valores constitucionales». Con anterioridad, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al ser preguntado en el Senado, defendió el «buen nombre» de los agentes, y añadió: «No se persiguen las ideologías, las ideas; se persiguen hechos. (…) Las mujeres y hombres que conforman las FCSE cumplen en todas sus actuaciones los principios de legalidad».

Todas estas declaraciones chocan con el hecho de que varios de estos policías infiltrados mantuvieron relaciones sexuales y sentimentales con personas a las que estaban espiando. Por esta razón, cinco mujeres han presentado una querella por delitos de abusos sexuales continuados, contra la integridad moral o tortura, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles. Además, solicitan que se informe en el marco de qué investigación y durante qué periodo de tiempo se autorizó la infiltración de uno de los agentes encubiertos y si dentro de sus tareas se incluía mantener relaciones sexuales con activistas de estos movimientos sociales. Por su parte, la Fiscalía presentó un escrito pidiendo la desestimación de esta querella al considerar que la infiltración «constituye una técnica de investigación policial dirigida a la prevención y castigo del delito de la que todos los servicios de seguridad hacen uso» y de la que forman parte «el engaño y el uso de identidad supuesta» para garantizar la «confianza necesaria para la obtención de información».

Este reportaje apareció inicialmente en papel, en #LaMarea97. Puedes conseguir la revista aquí.

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Comentarios

Chorche dice:

14/02/2024 a las 16:29

El caso de lawfare contra los seis de Zaragoza: aviso a navegantes.
Lo que ha ocurrido con los seis de Zaragoza es un claro mensaje político por parte de unos jueces que han decidido hacer saber a la gente que si a tu hija, a tu hermano o a tu amiga se les ocurre manifestarse contra la violencia fascista, se lo piensen dos veces.
El antifascismo en el punto de mira.
En el Estado español tenemos multitud de casos a lo largo y ancho del territorio. El caso de Adri de Badalona, los sindicalistas Andrés Bódalo y Óscar Reina del SAT, el caso Raval vs Vox, los seis sindicalistas de Xixón, som 27 i més, los chavales de Altsasu, Gamonal, el rapero Pabló Hasél o La Insurgencia, etc. La lista cada vez es más larga. Todo ello englobado en una estrategia de blanqueamiento de la extrema derecha en la que los medios desempeñan un papel imprescindible, como estamos comprobando nuevamente en la actualidad con el blanqueamiento de Javier Milei y el encubrimiento del terrorismo sionista a través del circo mediático de Eurovisión, herramienta política que está permitiendo blanquear el genocidio de Israel en Palestina.
Y en este contexto reaccionario y con cierta izquierda a la defensiva e impregnada de las tesis neoliberales y reaccionarias, las ideas de extrema derecha siguen creciendo como la espuma y cada vez se recurre más al lawfare y a las cloacas del Estado para reprimir al antifascismo y a los colectivos sociales.
Estas prácticas represoras, entre otras cosas, se sostienen en base a la conocida como “ley mordaza”, que cumple la única función de reprimir a los movimientos sociales, cuya derogación, prometida por “el gobierno más progresista de la historia”, todavía se hace esperar en su segunda legislatura. (Arainfo.org)

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Chorche dice:

10/02/2024 a las 13:45

¿Quienes son terroristas y quien preocupa al estado?:
Acto “Jugando a la OTAN”: blanqueo escandaloso de la OTAN a manos de la Complutense (Izquierda Diario)
La Facultad de Políticas y Sociología acoge una simulación de la Alianza imperialista en pleno genocidio en Gaza, con la invitación especial a la Embajadora de EEUU, cuyo objetivo es que los estudiantes “aprendan” y se “diviertan” ensayando ser genocidas.
La UCM abre las puertas de par en par a la OTAN y a sus principales representantes. Los días 8 y 9 de febrero, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología organiza ¨Playing NATO¨ (Jugando a la OTAN), un modelo de simulación de la alianza imperialista para estudiantes acompañado de charlas de representantes importantes de la OTAN, en colaboración con la Embajada de EEUU y diversas organizaciones de defensa de los intereses imperialistas del Estado Español, como la Asociación de Delegados Españoles de Seguridad y Defensa, y Mujeres Españolas en Seguridad Internacional (SWIIS), en conjunción con la UCM. El acto, organizado en coordinación con la Decana”progre” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Esther del Campo, junto con otros profesores de la facultad, contará con la presencia de figuras como Julissa Rerynoso, embajadora de EEUU en el Estado Español; y Nicolás Pascual de la Parte, máximo representante del Estado Español en la OTAN. La celebración de este acto se da a 4 meses del comienzo del genocidio israelí apoyado por la Alianza, que se ha cobrado la vida de casi 28.000 palestinos, al tiempo que los socios atlánticos perpetúan los intereses de Netanyahu, organizando una ofensiva sobre Yemen….

Represión en la Complutense por protestar contra el Estado de Israel (Izquierda Diario)
¿Te imaginas que te multan por protestar contra un genocidio? Pues es lo que nos ha ocurrido a decenas de personas que protestamos contra la presencia de la embajadora de Israel en la Complutense.
El 8 de febrero de 2023, la facultad de Filología celebró un acto con la embajadora de Israel, en un ejercicio de lavarle la cara a los responsables del genocidio sobre el pueblo palestino desde 1948.
Como no podía ser de otra forma, decenas de estudiantes y activistas de diferentes organizaciones protestamos contra la presencia de la embajadora, entre las cuales nos encontrábamos algunas compañeras de Contracorriente y Pan y Rosas. Joaquín Goyache, el rector de la Complutense, que unas semanas antes militarizó el campus para darle el premio de alumna “ilustre” a su amiga Isabel Díaz Ayuso y que persigue al movimiento estudiantil, permitió la entrada de decenas de policías a la universidad, que reprimieron la movilización y nos identificaron, llegando a detener a dos compañeras.
En una perfecta coordinación entre el gobierno genocida israelí, cuya seguridad llegó a sacar un arma de fuego en la movilización, la policía del gobierno supuestamente “progresista” y el rector, la protesta fue reprimida y ahora nos exigen 600 euros a cada participante.
Las compañeras denunciamos esta represión, que tiene por objetivo desmovilizar al estudiantado que se organiza en la universidad. Es intolerable que se permita la presencia de la autoridad del estado de Israel en la universidad pública. Denunciamos las palabras de la decana Isabel Durán Giménez Rico que felicitó a la embajadora, destacando su “valiente y decidido liderazgo” y al rectorado que permite la entrada de la policía en el campus.
La Complutense, además, tiene convenios con las Fuerzas Armadas que tienen que acabar. En el Consejo Social que dirige la universidad hay expresidentes de empresas como el Santander, Repsol o el Corte Inglés, con inversiones millonarias en Israel.
También denunciamos la complicidad del gobierno que no solo no rompe relaciones con Israel, sino que mantiene a tropas desplegadas en el Líbano, permite la misión europea en el Mar Rojo y acaba de firmar un nuevo contrato de armas millonario con una empresa israelí. El mismo gobierno que subió el presupuesto militar, aprobó la LCU, una Ley Mordaza estudiantil y que mantiene la Ley Mordaza del PP con la que ahora nos pretenden reprimir.
Seguiremos luchando por una universidad donde no se permita la complicidad con genocidas, al servicio de los intereses de las mayorías sociales y no de una casta universitaria, política y empresarial.

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Chorche dice:

08/02/2024 a las 16:56

Llaman terrorismo a la resistencia de los pobres y guerra al genocidio de los ricos.
https://www.climatica.lamarea.com/manifiesto-criminalizacion-futuro-vegetal/#comment-13289

El Supremo condena a cuatro años y nueve meses de prisión a cuatro de los seis antifascistas de Zaragoza.
La campaña por la absolución sigue defendiendo que «son inocentes» y recuerda que solo hay una única prueba: «la opinión policial». En las redes se ha activado una nueva ola de solidaridad.
Los seis de Zaragoza «son inocentes porque no hay pruebas objetivas. Y no las hay, porque son inocentes»
Se puede cometer la mayor injusticia del mundo si nuestros hijos van a la cárcel.
En una sentencia conocida este martes, la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) ha condenado a una pena total de cuatro años y nueve meses de prisión por «delitos agravados de desórdenes públicos y atentado», así como de «lesiones a varios policías», a cuatro de los seis jóvenes, conocidos como Los seis de Zaragoza, que se manifestaron contra un acto del partido ultraderechista Vox en la capital aragonesa el 17 de enero de 2019.
Las familias, junto a la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, han mantenido abierta una campaña durante todo este tiempo para dar a conocer el caso y exigir la absolución de los seis jóvenes. Hasta ahora, han recogido los apoyos de doce eurodiputados y eurodiputadas, y de más de 400 personas del mundo de la cultura, anónimas, y colectivos.
https://www.absolucion6dezaragoza.info/firmas/

Jorge Pueyo, CHA: Con la única prueba de la opinión policial, 4 zaragozanos que se manifestaron contra el fascismo serán condenados a 4 años y 9 meses de cárcel. Mientras, los fascistas que se concentraron en Ferraz y atacaron a periodistas no fueron ni identificados.
Elena Tomás, ZenC: Un país que condena el antifascismo, es un país que no recuerda su historia, y si no la recordamos estamos condenados a repetirla.
Eva Cortés Ilustra:»No fue transición, fue la transacción de poderes española: el judicial, el económico y el de las fuerzas del orden.» Dijo Julio Anguita.
https://arainfo.org/el-supremo-condena-a-4-anos-y-9-meses-de-prision-a-cuatro-de-los-seis-de-zaragoza/

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Durruti dice:

31/01/2024 a las 08:35

Muy buen articulo, reflejando una realidad represora que algunxs denunciamos desde hace mucho tiempo, por el simple hecho de sufrirla. Tantos ejemplos hay de represión que no sea sólo de lxs compas ecologistas y anarquistas, la lucha antifascista, el sindicalismo combativo de verdad, el feminismo, la lucha anticarcelaria, o simplemente la lucha obrera son víctimas de la ley mordaza, de la brigada antiterroristas, víctimas de este gobierno racista y autoritario.
La represion también cae sobre lxs refugiadxs sea en la valla, en los cies, y la violencia creciente en las cárceles donde más que nunca hay » suicidios» y » sobredosis» más que sospechosas, con los cuerpos de los detenidos inflados a moratones,o la violencia en las comisarías, dejando un recuerdo muertes sospechosas.
De progresista tienen la apariencia, son autoritarios, represores, reformistas de chapa y pintura, se asemejan a lo que tanto critican ,el fascismo.
Salud y anarquia

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Carmen C. dice:

30/01/2024 a las 18:16

Todxs con quienes están en primera linéa de fuego defendiendo nuestra Casa común de quienes la están utilizando y destruyendo en su propio provecho.
MIL GRACIAS A ESTOS HEROES.
La Fiscalia general del estado y los jueces, que parece ser que la mayoría son del Opus, en este país, y salvo excepciones, sirven al poder económico y el poder económico, como bien decía Durruti, «el del anarquismo bien entendido», es inseparable del fascismo.
La defensa de la legalidad republicana, la defensa de los derechos y de las libertades del pueblo español frente a la barbarie fascista desencadenada en el 36 está abundantemente regada de sangre anarquista.
No es de extrañar que el poder económico y las fuerzas que le sirven odien a muerte a quienes se oponen a que destruyan en beneficio propio nuestra casa común, nuestra Madre Tierra.
…citaban la actividad del grupo Extinction Rebellion, advirtiendo de que se había «implantado en España». Bendita implantación.
¿Por qué no se meten con el ejército terrorista OTAN, totalmente implantado en España? Eso sí que es terrorismo global, genocidio, y financiado además, quieras o no quieras, por el ciudadano.
El cambio climático ha causado ya millones de muertes, ¿no deberíamos acusar al poder judicial de genocida por no permitir que nos defendamos? ¿pero hay algún tribunal internacional independiente y no contaminado por el capital que se atreva a juzgarles?

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