Nadie en la izquierda, la de verdad, entiende que un ministro como Fernando Grande-Marlaska siga siendo parte de un gobierno que se considera el más progresista de la historia. Nunca gustó porque se tiene memoria de sus acciones pasadas, pero su desempeño en el cargo no ha hecho más que afianzar la impresión de que es un ministro intruso. El Tribunal Supremo certificó hace unos días que se vulneraron los derechos de los menores expulsados en caliente en la incursión masiva de migrantes en Ceuta en 2021 vulnerando la Ley de Extranjería.
No era necesario desde el punto de vista político esperar al dictamen de un tribunal para saber que la gestión de esos días no era aceptable en un gobierno de izquierdas, como no lo hubiera sido tampoco en uno ultra, pero sirve para que se pida la dimisión de Marlaska con sello legal. Con esa misma ley que tanto tiempo lleva utilizando el ministro para justificar sus actuaciones como juez en contra de los derechos de activistas y militantes de izquierdas. Tenemos memoria.
En los días previos al 1 de octubre de 2017 me encontraba en Barcelona para cubrir el referéndum de independencia. En las reuniones que mantuve con varios miembros de la sociedad civil, políticos y ciudadanos, tuve varias charlas muy enriquecedoras sobre la ley, la desobediencia y los límites de la institucionalidad. En una de ellas, estuve tomando un café con varios dirigentes de la CUP cerca de la universidad, donde se realizaban asambleas populares para encarar lo que vendría.
Todos en aquella mesa éramos conscientes de la represión que se llevaría a cabo esos días. Cuando salió el tema de cuál sería la actuación de los Mossos -ya se estaba hablando sobre la posibilidad de que la policía autonómica no usara la fuerza contra los votantes-, uno de los dirigentes de la CUP me dijo que lo harían con más fuerza si era posible porque no había manera de plantear la seguridad ciudadana desde la izquierda. Y recordó que cuando gobernó el tripartit, los propios Mossos eran mucho más duros dando hostias para perjudicar al gobierno porque sabían que eso les desgastaba ante sus bases y militancia.
No es que esa conversación me iluminara sobre algo desconocido. Tanto la izquierda como la derecha saben que si la policía da hostias a la derecha no le perturba y a la izquierda le afecta el doble. Es imposible dirigir Interior o Defensa acorde a los derechos humanos que nos imponemos como líneas rojas. Por lo tanto, los responsables al mando de esas carteras no serán del agrado de quien tenga una sensibilidad de izquierdas más ambiciosa que el progresismo entendido como una sociedad del bienestar en una economía liberal.
Un mal menor normalizado
La represión de los derechos de movilización de los espacios transformadores sería motivo más que suficiente para pedir la salida de este ministro, que ha justificado con su actuación y palabras la infiltración de policías en organizaciones sociales y activistas.
No es lo más grave. Es totalmente incompatible con los valores fundamentales de la izquierda una gestión de la inmigración basada en la militarización de las vallas, la instauración de centros de internamiento y las expulsiones en caliente de menores. Simplemente no se puede estar en un gobierno progresista con este tipo de políticas, pero se ha normalizado que es un mal menor por parte de todos y sería injusto personalizar de manera exclusiva este tipo de políticas en el ministro del Interior, porque él no es más que el blanco fácil que todos usan para expiar sus responsabilidades. Se le pone de cancerbero para que reciba las críticas mientras no se hace nada para que esas políticas cesen.
Marlaska proviene de una institución que para la izquierda es claramente represiva. Estoy seguro de que él solo ve que, durante su etapa como juez, actuaba como garante de la ley. Sin embargo, para la izquierda sus actuaciones son las propias de un Estado represivo y, por ello, nunca lo verá como uno de los suyos. Entre otros, porque es ministro del Interior precisamente por haber participado de esas estructura represivas.
Las manchas de Marlaska
En marzo de 2017, asistí como periodista a los juicios en la Audiencia Nacional que acabaron condenando a varios tuiteros por mensajes en redes sociales. Grande-Marlaska fue el juez que impuso penas de prisión a varios de ellos, amparándose en la ley, claro. Pero que sea legal no te hace merecedor de un ministerio en un ejecutivo que se hace llamar a sí mismo progresista.
El expediente del ministro del Interior recoge demasiadas manchas. Una de ellas, que ya está olvidada por acumulación, fue la concesión de una medalla pensionada por su jubilación a Héctor Moreno García, jefe superior de policía de Cantabria, en reconocimiento a su carrera y los servicios prestados. El problema es que, entre los servicios prestados, estuvo el de haber sido condenado en 1994 a 48 años de inhabilitación especial y a cinco meses y medio de arresto por torturas y detención ilegal por hechos ocurridos en 1982 en el madrileño barrio de Malasaña.
El policía pudo hacer una fructífera carrera después de que le indultara José María Aznar, y a punto estuvo de vivir su jubilación con una pensión aumentada gracias a la medalla de Grande-Marlaska, pero la Audiencia Nacional eliminó la concesión por defectos formales tras un recurso de los sindicatos policiales.
En un desayuno en el Ateneo de Madrid que se celebró el pasado viernes, el ministro llamó a respetar la dignidad de todas las personas en una disertación vacía llena de lugares comunes sobre los delitos de odio y el papel concreto que el Ministerio juega en su erradicación. Al acabar el discurso, se abrió el turno de preguntas y le hice la mía: «¿Cree que la degradación y vulneración de los DDHH de los migrantes en la valle de Ceuta, tal y como concluye el Tribunal Supremo, tienen alguna responsabilidad en la deshumanización de los migrantes y el fomento de los discursos y los delitos de odio?» La respuesta del ministro del Interior fue que el gobierno siempre respeta los derechos de cualquier colectivo. Nada más. Por eso es un ministro intruso en un ejecutivo de izquierdas.
