La escalada de violencia no cesa en Gaza. Medios internacionales describen bombardeos contra edificios residenciales, escuelas y hospitales después de que Israel anunciase el pasado martes un «asedio total» contra la población palestina, a la que también ha cortado el suministro de electricidad, de alimentos y de combustible. El Ministerio de Sanidad palestino ha cifrado en 830 el número de personas que han muerto y en 4.250 el número de heridos desde el sábado. Por su parte, la ONU asegura que 187.000 personas ya han sido desplazadas, una cifra que esperan que aumente en las próximas horas y días.
«Israel tiene derecho a defenderse, pero tiene que ejercerlo de acuerdo al derecho humanitario internacional y algunas decisiones van en contra del derecho internacional», ha asegurado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, quien ha condenado igualmente los ataques de Hamás. «No todos los palestinos son terroristas. Por tanto, un castigo colectivo contra todos los palestinos sería injusto e improductivo. Iría en contra de nuestros intereses y contra los intereses de la paz«, ha añadido.
Según un comunicado del Ejército de Israel, los últimos ataques han acabado con la vida de dos altos cargos de Hamás, entre ellos al ministro de Economía de la franja, Yoad Abu Shmala, además de Zacaría Abu Maamar, uno de los hombres fuertes del movimiento político (no confundir con las brigadas de Al Qassam, su brazo militar).
Desde EEUU, el presidente, Joe Biden, ha mostrado su apoyo a la defensa de Israel y ha anunciado el envío de efectivos: «También se trata de la seguridad de EEUU«, ha dicho. «Estamos al lado de Israel y vamos a asegurarnos de que permitimos que todos los ciudadanos de Israel pueden responder a este ataque, no hay ninguna excusa», ha proseguido desde la Casa Blanca.
En su nota, el ejército asegura que Abu Shmala «manejaba la financiación del terrorismo dentro y fuera de la franja de Gaza» y que «había dirigido varias operaciones contra civiles israelíes y contra el Estado de Israel». De Abu Maamar, por su parte, aseguran que «tomaba parte en las decisiones de la organización y la planificación de numerosas actividades de terrorismo contra el Estado de Israel».
Tras esta nueva ofensiva, Hamás ha lanzado un ataque contra la ciudad israelí de Ashkelon, en la frontera con la franja de Gaza. Y fueron lanzados varios cohetes desde el sur del Líbano. Las víctimas mortales en Israel ascienden a 900, con más de 2.800 heridos, de los que 360 son graves, según el Ministerio de Sanidad israelí.
Además, Tel Aviv ha informado de que 1.500 milicianos de Hamás habrían muerto en territorio israelí tras la ofensiva acometida el pasado sábado y entre la que se incluyó el ataque terrorista a los asistentes a un festival de música. Tras estos nuevos bombardeos, Hamás ha lanzado un ataque contra la ciudad israelí de Ashkelon, e ña frontera con la franja de Gaza. Además, fueron lanzados varios cohetes desde el sur del Líbano hacia Israel. Las víctimas mortales en Israel ascienden a 900, con más de 2.800 heridos, de los que 360 son graves, según el Ministerio de Sanidad israelí.
Crímenes de guerra
«Luchamos contra animales humanos y actuaremos en consecuencia», aseguró ayer el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, quien dio la orden de cortar los suministros a la población. Mustafa Tamaizeh, director interino de Oxfam en el Territorio Palestino Ocupado e Israel, ha asegurado que la organización «está horrorizada por los recientes ataques«: «La violencia nunca allana el camino para la paz. La comunidad internacional debe utilizar todas las herramientas diplomáticas a su disposición para lograr un alto el fuego inmediato».
Tamaizeh ha denunciado que la política de «asedio total» emprendida por el gobierno sionista «constituye un castigo colectivo a una población que no tiene ninguna responsabilidad por la violencia y es ilegal según el derecho internacional». Asimimos, cree que estas medidas «no contribuirán a la paz y la seguridad; al contrario, avivarán aún más las llamas de esta crisis».
Human Rights Watch, por su parte, considera que las declaraciones del ministro de Defensa suponen «una llamada a cometer un crimen de guerra” y ha pedido a la Corte Penal Internacional que tome nota.