Un «crónico estancamiento durante más de una década» y un «agotamiento de la fórmula de dos Estados en un contexto de persistencia de Israel en sus políticas de ocupación, anexión y apartheid”. Así describía la situación en Oriente Próximo el último anuario publicado por Cultura de Pau, referente a 2022, sobre las negociaciones y acuerdos de paz en el mundo. En este caso, y por esas razones, no contabilizó el conflicto entre Israel y Palestina.
La nueva guerra entre Israel y Hamás llega tras una nueva expansión de los asentamientos en territorios palestinos. El Gobierno israelí ha anunciado la construcción de 6.300 viviendas en la llamada Zona C, lo que incluirá una legalización retroactiva de tres puestos de avanzada cerca del asentamiento de Eli. En Jerusalén Oriental se construyeron 3.580 viviendas. Además, el pasado 11 de septiembre fue presentado un plan para la construcción de 3.500 viviendas, la mayoría en Jerusalén Oriental en terrenos de la Iglesia Ortodoxa Griega.
La ONU sostiene que las autoridades israelíes eliminaron el requisito de aprobación ministerial en la etapa de planificación de asentamientos, con lo que se acelera así su expansión, y el Tribunal Supremo desestimó una petición de desmantelamiento de un puesto de avanzada en la Cisjordania ocupada.
“Continuaron las demoliciones y confiscaciones de estructuras de propiedad palestina en toda Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental. Citando la falta de permisos de construcción emitidos por Israel, que son casi imposibles de obtener para los palestinos, las autoridades israelíes demolieron, confiscaron u obligaron a demoler 238 estructuras, lo que obligó a desplazar a 183 personas, entre ellas 46 mujeres y 91 niños”, ha denunciado el coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Tor Wennesland. El diplomático añadió que 32 de estas estructuras fueron financiadas por donantes.
Las demoliciones incluyeron una escuela primaria palestina en Ein Samiya, a la que asistían 80 estudiantes. La destrucción ocurrió unos días antes del inicio del año escolar.
En este contexto, 59 escuelas, que atienden a unos 6.500 estudiantes palestinos, corren el riesgo de ser demolidas, ha advertido Wennesland, quien indicó, además, que, en una tendencia constante, “muchos palestinos, incluidos niños, abandonaron sus hogares debido a los colonos y la reducción de las tierras de pastoreo”. Las demoliciones y despojos de tierras incumplen, insiste la ONU, la resolución 2334.
“La anexión o adquisición de territorio por medio de la fuerza o la amenaza está categóricamente prohibida por el derecho internacional. Constituye un acto de agresión, un crimen que cae bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y plantea una amenaza a la paz y la seguridad internacionales”, dejaron por escrito en un comunicado de este verano decenas de expertos de la ONU en derechos humanos. La anexión continua de partes del territorio palestino ocupado por parte de Israel «querría indicar que éste busca anexarse todo el territorio palestino ocupado«, advirtieron.
Sin embargo, denunciaron el «doble rasero» con el que actúa la comunidad internacional: «Mientras la mayor parte de los Estados miembros de la ONU condenaron inequívocamente la anexión rusa de partes de Ucrania, calificándolo como un acto de agresión, su comportamiento en el caso de Israel y Palestina es distinto». Todo esto, argumentaron, muestra una aplicación “a la carta” de las leyes internacionales.
Más aún, se trata de una actitud que “socava los fundamentos de la Carta de la ONU y la promesa de universalidad de los derechos humanos internacionales, 75 años después de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos», afirmaron.
En las últimas cinco décadas, Israel ha confiscado o respaldado la confiscación de tierras y recursos palestinos, que ha dado como resultado el asentamiento de más de 270 colonias en las que viven 750.000 colonos israelíes. Los relatores de la ONU también señalaron que mientras que esos colonos gozan de derechos civiles y políticos, los palestinos están sujetos a un régimen militar. Y agregaron que la consolidación de un régimen de apartheid es una consecuencia inevitable de tal sistema.
Dos Estados: Israel y Palestina
El coordinador del Proceso de Paz expuso otras acciones israelíes de restricción hacia la población palestina, como la disminución de las transferencias mensuales de combustible a la Autoridad Palestina y el cierre del cruce de Erez durante las festividades judías y extendido hasta el momento debido a la violencia. Este cierre ha impedido que más de 22.000 trabajadores y negocios autorizados a cruzar el muro de separación salgan de esa zona.
«No hay sustituto para un proceso político legítimo que resuelva las cuestiones centrales que impulsan el conflicto”, dijo Wennesland, quien reafirmó el compromiso de la ONU de apoyar a palestinos e israelíes para poner fin a la ocupación y resolver el conflicto de conformidad con el derecho internacional, las resoluciones pertinentes de la ONU y los acuerdos bilaterales en favor de la visión de dos Estados: Israel y Palestina.
