67 días después de que se celebraran las elecciones autonómicas, PP y Vox llegaron, en la noche del jueves 3 de agosto, a un acuerdo para formar un gobierno de coalición en Aragón.
El popular Jorge Azcón será investido presidente la próxima semana con los votos a favor de la ultraderecha. Vox se lleva la Consejería de Agricultura y Ganadería, y la Vicepresidencia primera –que tendrá asociada la Consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia–, además de la Presidencia de las Cortes de Aragón, que el PP ya les cedió anteriormente.
La firma del “acuerdo para la gobernabilidad de Aragón” ha tenido lugar este viernes con una ausencia muy destacada: Jorge Azcón se ha borrado de la foto. En su lugar, ha rubricado el pacto la portavoz parlamentaria del PP en las Cortes aragonesas, Ana Alós. Por parte de Vox, sí ha estado presente su número 1, Alejandro Nolasco, quien ocupará la vicepresidencia.
Sin rastro de la «violencia de género» y con la ideología fuera de las aulas
El acuerdo se basa en ocho grandes áreas, entre las que destaca la de Vivienda y lucha contra la ocupación ilegal y la inseguridad.
En cuanto a medidas concretas, derogarán la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Dentro del área que han denominado ‘Simplificación administrativa’, eliminarán los comisionados para la Agenda 2030, Infancia y Despoblación.
Respecto a la violencia de género (término que no aparece en ningún momento), aseguran que garantizarán “toda la asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres” y trabajarán para “erradicar los discursos machistas, ya sean civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”. Para concluir este apartado, manifiestan su “compromiso absoluto en la lucha contra la violencia machista”.
Lo que sí está en el texto, para enfatizar que apoyarán y asistirán a las víctimas, es la “violencia intrafamiliar y la creciente violencia filio parental”.
En educación, especifican que sacarán “la ideología de las aulas” y que implantarán el Bachillerato concertado. Mientras, en ‘Bienestar Social y Familia’, anuncian la reforma de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación (ley trans) y la creación de la Dirección General de Familia, Infancia y Fomento de la Natalidad.
El aragonés no se librará de la cruzada de la derecha contra otras lenguas que no sean el castellano: suprimirán la Dirección General de Política Lingüística y eliminarán las “ayudas a entidades sin ánimo de lucro en materia de política lingüística”, para redirigir ese presupuesto a “ayudas para empresas turísticas y culturales que promuevan las fiestas locales y las ferias artesanales”.
No era posible gobernar en solitario
Terminan así unas negociaciones que comenzaron, casi desde la misma noche electoral del 28 de mayo, con Jorge Azcón afirmando que su objetivo era gobernar en solitario. Una ambición lícita y razonable, que chocaba con una realidad aritmética insoslayable.
El PP había obtenido 28 diputados y la mayoría absoluta en el Parlamento aragonés se sitúa en 34. Sus dos posibles aliados (aparte de Vox) eran Aragón Existe (3 diputados) y el Partido Aragonés (PAR), con uno. Era imprescindible, por tanto, al menos una abstención en segunda votación de la formación de extrema derecha para que Azcón fuera investido.
La ronda de conversaciones con todos los partidos corroboró algunas evidencias: ni el PSOE ni los partidos a su izquierda tenían intención de facilitar la investidura. Aragón Existe, en ningún caso, apoyaría un gobierno en el que estuviera la ultraderecha. El PAR (como casi siempre) se dejaba querer. Y Vox exigía entrar en el Gobierno.
El PP ya había regalado a Vox la presidencia de las Cortes, un presente que fue aceptado de buen gusto, pero no hizo cambiar los ambiciosos deseos del partido de Santiago Abascal. Tensando la cuerda, eligieron para el puesto a uno de sus perfiles más radicales, Marta Fernández, quien en sus redes sociales se había mostrado escéptica respecto al cambio climático, había negado la violencia de género y había arremetido contra las personas migrantes.
La sorpresiva convocatoria electoral de Pedro Sánchez hizo que las conversaciones públicas se pausaran estratégicamente.
Vox exige la vicepresidencia
Sólo dos días después de los comicios estatales, Azcón anunció que retomaban las conversaciones. Repitió en ese momento que quería gobernar en solitario, pero, sabedor de que su propósito de no compartir Consejo de Gobierno con la extrema derecha se antojaba imposible, introdujo un matiz novedoso: “No descarto ningún escenario de futuro, excepto el de la repetición electoral”.
Volvió a hablar con Aragón Existe y con el PAR, para comprobar que seguían pensando lo mismo, y se apresuró a apuntalar el organigrama con la ultraderecha.
Entonces llegó el bache que ha retrasado el debate de investidura –que los populares querían haber celebrado esta misma semana–: el descalabro de Vox en las elecciones generales, lejos de hacer relajar sus pretensiones, las aumentaron, y –dirigidos desde Madrid– volvieron a poner sobre la mesa su exigencia de controlar una vicepresidencia.
Finalmente, el PP tragó. Muchos días después del acuerdo en la Comunidad Valenciana, y con mucha menos claudicación pública que en Extremadura, han firmado una entente que se parece bastante a la alcanzada por PP y Vox en esas dos comunidades. Para este viaje no hacían falta alforjas.
