Desde su nacimiento en 2014, son muchos los casos en los que se ha puesto en entredicho la conducta de algún miembro de Podemos (o del partido como organización). Una guerra jurídica (lawfare, se dice ahora) que alumbra grandes titulares y valiosos minutos de radio y televisión. Después, cuando todo queda en nada, el espacio que se le otorga es mínimo.
El último ejemplo lo ha protagonizado el juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, tras reconocer que incluyó indebidamente como investigado en la causa a Pablo Iglesias. En un escrito fechado el pasado 9 de febrero, y adelantado por El País, el magistrado señala lo siguiente: “No siendo parte en el procedimiento Pablo Iglesias, y habiéndose incluido indebidamente en el encabezamiento de las resoluciones, procédase a subsanar dicho extremo”.
A colación de esto, el exlíder de Podemos afirmó en la SER que es improbable que impongan sanciones, ya que, en su opinión, “es prácticamente imposible que en España a un juez que prevarica se le condene por prevaricación”. Igualmente, señaló que “lo que hemos visto de la ‘policía patriótica’, pero también en esas conversaciones de Villarejo con periodistas importantes, evidencia que en España opera una mafia que trabaja para alterar los resultados de la democracia”.
Son más de 20 las querellas, causas o líneas de investigación contra Podemos que ya se han archivado. Otras siguen abiertas, esperando, quizá, correr la misma suerte. Estas son algunas de las más sonadas.
Blanqueo de capitales y delito electoral
En enero de 2015, tal y como se apuntó desde el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo rechazó la querella contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, presentada por el Partido Socialista de la Justicia por delito de blanqueo de capitales y delito electoral por falseamiento de cuentas.
En un auto, en el que fue ponente el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, el tribunal inadmitió la querella “por no venir acompañada de ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente la verosimilitud de la realidad de los hechos contenidos en la misma, limitándose el querellante a afirmar su existencia sin ningún apoyo objetivo”.
La querella imputaba a Iglesias (aforado ante el Supremo por su condición de eurodiputado), Iñigo Errejón y Luis Alegre, la recepción de 3,7 millones de euros a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), procedentes en su mayoría del gobierno venezolano, derivados de convenios de asesoramiento político con dicho país, datos que recogió el querellante de una información publicada en El País.
El tribunal recordó que la doctrina de la Sala es que para admitir una querella no basta la mera aportación de recortes de prensa o similares sin más constatación o acreditación.
Desobediencia y organización criminal
Meses después, en mayo de 2015, el CGPJ comunicaba esto: la Sala Segunda del Tribunal Supremo inadmite a trámite y archiva la querella planteada por el sindicato Manos Limpias contra el eurodiputado de Podemos Pablo Iglesias por varios presuntos delitos: desobediencia, contra los derechos de los trabajadores, organización criminal (o alternativamente asociación ilícita), apropiación indebida (o alternativamente delito societario de administración desleal), tráfico de influencias, cohecho (o alternativamente corrupción entre particulares), y delito contra la Hacienda Pública. El Supremo considera que los hechos no son constitutivos de ilícito penal alguno.
Informe P.I.S.A.
El lunes 4 de julio de 2016, el CGPJ publicaba lo siguiente: el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia presentada por la Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (U.C. ESP) contra el partido Podemos, su cúpula directiva y su secretario general, Pablo Iglesias Turrión, por los delitos financiación ilegal de partidos políticos, delito fiscal y blanqueo de capitales.
En un auto, el juez de refuerzo de este órgano judicial, Alejandro Abascal, hace suyos los argumentos del informe del fiscal, en el que se señala que la denuncia es “un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa en las que se atribuye a los denunciados y otras personas recibir cantidades de dinero de paraísos fiscales o países de riesgo a través de la empresa 360º Global Media, propiedad supuestamente de un ciudadano iraní, y ello a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales”.
Añade el magistrado que la denuncia se apoya en un “supuesto informe policial conocido como Informe P.I.S.A., pero el documento que la acompaña carece de cualquier membrete oficial que acredite tal carácter oficial” y asegura que la redacción de hechos “carece de toda virtualidad indiciaria como principio de prueba y estas carencias no pueden ser cubiertas con la actuación de oficio”.
Cuenta en Granadinas
El bulo de la cuenta en Granadinas se comenzó a desmontar también en julio de 2016. Esto dijo entonces el Poder Judicial: la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por un particular contra Pablo Iglesias, por supuestos pagos por asesoramientos al Gobierno de Venezuela.
El auto indica que la denuncia se basa en “simples noticias”, difundidas a través de medios de comunicación, que no constituyen verdaderos indicios.
El denunciante alegaba que el Gobierno de Nicolás Maduro efectuó un pago de 272.325 dólares a Pablo Iglesias a través de un banco situado en un paraíso fiscal, en marzo de 2014, dos meses después de la fundación de Podemos. También argumentaba que la orden de las autoridades venezolanas se camufló como un pago de “asesorías para el desarrollo social en el país”.
La Sala Segunda considera que no existe apariencia delictiva en los hechos denunciados, “pues el pago por asesoramientos al Gobierno de Venezuela no constituye el delito de financiación ilegal, que por primera vez se tipificó en la reforma de 2015, ni tampoco blanqueo de capitales o fiscal, pues para su existencia en relación con el primero, tendría que constar el origen delictivo de los bienes y no pueden presumirse ilegítimos y procedentes de delito los bienes recibidos del gobierno de un país en contraprestación por servicios de asesoramiento; y en el segundo delito, no consta la elusión del pago de tributos por esa cantidad en cuantía superior a la cuota prevista del artículo 305 del Código Penal”.
Del mismo modo, explica que, en la denuncia, que se acompaña de “tres fotocopias”, “no se ofrece elemento o principio de prueba alguno que avale razonablemente la realidad de la posible comisión de un hecho delictivo”.
En marzo de 2017, se archivó una querella de Vox contra Iglesias por el mismo asunto.
José Manuel Soria contra Victoria Rosell
Iglesias no ha sido la única víctima de este ataque jurídico contra Podemos. En diciembre de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) archivó la querella por prevaricación, cohecho y retardo malicioso de un proceso penal del exministro del PP, José Manuel Soria, contra la jueza y exdiputada de Podemos Victoria Rosell. Aquello hizo que Rosell abandonara la política temporalmente.
Finalmente, fue el juez Salvador Alba quien resultó condenado a seis años y medio de prisión por conspirar contra Rosell. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias le atribuyó delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial*.
Luego regresó para ser la número 1 de los morados por Las Palmas en las elecciones del 28 de abril de 2019. Actualmente, es la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
Financiación ilegal
El 27 de junio de 2022, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordó el sobreseimiento y archivo de la causa por la presunta financiación ilegal de Podemos tras la orden en este sentido de la Sala de lo Penal.
En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda, por tanto, dejar sin efecto las diligencias de investigación acordadas.
Caso Dina
La judicialización del robo del móvil de Dina Bousselham, exasesora de Iglesias, que se produjo en 2015, tiene como origen el hecho de que la Policía Nacional encontrase una copia de la tarjeta del mismo en la casa de Villarejo, en noviembre de 2017.
Durante la investigación se supo que, en enero de 2016, el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, le entregó una copia de la tarjeta a Pablo Iglesias, que este, presuntamente, tardó mucho tiempo en devolver.
Pero no era la única copia: supuestamente, el exdirector de Interviú Alberto Pozas, y el exsubdirector Luis Rendueles, fueron los que hicieron llegar una copia a Villarejo.
El caso, muchísimo más complejo que este somero resumen, se dirimió en varios frentes durante años. Finalmente, tras multitud de pesquisas de la Justicia, en enero de 2022, de nuevo el juez García-Castellón finalizó la instrucción sin encontrar indicios para imputar a Iglesias por revelación de secretos y daños informáticos. En mayo del mismo año fue la Audiencia Nacional la que rechazó imputar al exlíder de Podemos tras una petición al respecto de Vox.
En medio, Dina Bousselham pidió al juez que investigara el caso como una operación orquestada desde el ministerio de Jorge Fernández Díaz y dejó claro que no tiene nada que perdonar a Iglesias.
Caso Neurona
El último capítulo, hasta el momento, de esta guerra judicial contra Podemos, tiene que ver con el caso Neurona. Este se inicia por la denuncia de un exabogado del partido, José Manuel Calvente, por una presunta mala utilización de la caja de solidaridad de la formación morada.
En su declaración, el letrado reconoció que basaba todo en rumores, con frases como “eso es lo que me dicen que está pasando, yo no lo he visto”, “se rumorea en el partido”, “son comentarios y rumorología a nivel de militancia”.
El juez, Juan José Escalonilla, abrió una macrocausa con ocho líneas de investigación. Siete ya han sido archivadas: el proyecto Impulsa, la caja de solidaridad, los complementos salariales, el acceso al disco duro de una de las abogadas del partido, la supuesta licitación irregular de las obras de la sede, la contratación de la consultora ABD para servicios electorales y el caso Niñera.
Actualmente, solo queda una vía abierta, que es la que concierne al contrato de Podemos con Neurona, para que esta consultora prestase servicios al partido durante la campaña de las elecciones de abril de 2019.
El lawfare, «una de las principales amenazas golpistas»
En declaraciones a La Marea, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, asegura que “la historia del lawfare contra Podemos es la historia de decenas de acusaciones falsas a lo largo de nuestros nueve años de vida, todas ellas con el mismo objetivo: dar munición a las tertulias para difamarnos durante horas y horas, y así adulterar el sistema democrático mediante la intoxicación de la opinión pública con mentiras. Es corrupción periodística y es golpismo mediático”.
Cuando la acusación falsa, comenta, “se encuentra con un juez activista, como Escalonilla o García Castellón, el chicle se puede estirar incluso durante años. En el peor de los casos, nos podemos encontrar con condenas sin pruebas como las de Alberto Rodríguez, Vicky Rosell o Isa Serra. Pero ese no es nunca el primer objetivo. En todos los casos, vaya como vaya el proceso judicial, el objetivo prioritario y que siempre se consigue es la difamación mediática y la intoxicación”.
Como se ha visto, afirma Echenique, en países como Estados Unidos, Brasil o Argentina, “el lawfare es una de las principales amenazas golpistas que presentan los sistemas democráticos en todo el mundo”.
Ampliación: 20.50h
