Hace ya muchos años se hizo celebre la frase: «La justicia es un cachondeo«. La había pronunciado el entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, y la broma le costó una condena finalmente revocada por el Tribunal Supremo. De todas maneras, Pacheco no debió quedar muy a bien con los jueces porque luego lo condenaron a cuatro años y seis meses de cárcel por la contratación irregular de dos políticos del PSA como asesores de varias empresas municipales de Jerez en 2005. Desde luego fue un fallo de Pacheco: contratarles como asesores de unas empresas municipales que ya existían. Tenía que haber creado para ellos una empresa nueva, como el chiringuito de Toni Cantó, y así no hay ningún problema.
Ciertamente yo creo que la justicia no es un cachondeo cuando pensamos en muchos jueces y juezas que, con la mejor voluntad del mundo, tratan realmente de impartir justicia. Pero hay otros casos en que la justicia no parece ser un cachondeo, sino algo bastante peor. Es verdad que todos nos podemos equivocar, también los jueces, pero hay «equivocaciones» que huelen a presunta corrupción de una manera escandalosa.
No voy a hablar de casos pasados, como las absoluciones del banquero Emilio Botín o de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Recientemente el Comité de Derechos Humanos, formado por acuerdo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha emitido un dictamen en el que califica de «arbitraria» la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al juez Garzón por prevaricación a 11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado.
Da la casualidad que Garzón estaba investigando el caso Gürtel, sobre una corrupción que afectaba al PP, y el Tribunal Supremo rápidamente lo quitó de en medio. Ahora este Comité de Derechos Humanos destroza literalmente la fundamentación jurídica de la sentencia del TS. No deja títere con cabeza. Aunque no lo dice, se puede interpretar que serían estos jueces los que habrían supuestamente prevaricado al condenar a Garzón por prevaricación.
Otra cuestión. El Tribunal Supremo anunció el cambio de jurisprudencia sobre el pago del impuesto de hipotecas –que recaía en la persona que pedía la hipoteca– para dictaminar que el impuesto debía ser pagado por las entidades financieras. Un día después, el Tribunal Supremo, de manera insólita, suspendió el fallo por su «grave repercusión económica y social» –o sea, por el cabreo de los bancos– y aplazó la decisión final. ¿Cómo acaba la cosa? Como siempre, al final gana la banca. El Supremo se desdice y dictamina que sean los hipotecados los que se hagan cargo de este impuesto. ¿Es un cachondeo o hay algo peor?
El pasado julio el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón puso fin a la instrucción del caso Kitchen sobre el espionaje a Bárcenas considerándolo simplemente como una trama del Ministerio del Interior. García Castellón decidió limitar la causa al Ministerio del Interior en contra de la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones que le habían pedido prorrogar la investigación más allá del pasado 29 de julio, en el que concluía el plazo. El juez ni siquiera llamó a declarar a Mariano Rajoy pese a los múltiples indicios de que conocía la operación ilegal con cargo a los fondos reservados y que la autorizó.
García Castellón no vio ningún motivo para sospechar que Rajoy o María Dolores de Cospedal supieran algo del espionaje a Bárcenas –aunque sí había imputado a Pablo Iglesias en el caso Dina, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción se oponía a la imputación y el Supremo no vio delito por parte de Iglesias–. La Fiscalía Anticorrupción y la defensa del exministro del Interior, Fernández Díaz, sí consideran que hay suficientes «indicios de criminalidad» contra la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, y han criticado con dureza la resolución del juez por distintos motivos, coincidiendo todos en que se cerró la investigación sin que se hubieran practicado las diligencias necesarias. También parece que aquí hay algo más que cachondeo.
Pero lo más escandaloso es la actitud de Carlos Lesmes, actual presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, puestos para los que fue elegido después de haber ejercido diversos cargos en el Ministerio de Justicia bajo los gobiernos del PP. Según la Ley, su mandato ha concluido hace más de 1.000 días, pero él sigue aferrado al cargo, sirviendo al que le puso ahí, el Partido Popular, y siendo un clamoroso ejemplo de incumplimiento de la Ley. Si realmente quiere la renovación, lo tiene muy sencillo: dimitir y forzar la renovación. Y como de eso, ni hablar, su discurso, pidiendo a los grupos políticos que se pongan de acuerdo para renovar, tenemos que verlo como una muestra de hipocresía.
Esto nos hace ver que en el fondo de la batalla política hay una cuestión de ética, y las derechas, la política y la judicial, desconocen qué es eso de la ética. En este campo de la ética tendría que insistir mucho más la izquierda, porque aquí todas las cartas están a su favor.
Antonio Zugasti es socio cooperativista de ‘La Marea’.
