GONZALO CARO* | El pasado jueves 15 de septiembre asistí a un evento organizado por el IE University en Madrid titulado “REOT. Housing Crisis: What does it Take to Make Housing Affordable”, cuyo ponente era Joan Clos, excalde socialista de Barcelona y actual presidente de la patronal de los propietarios de de vivienda en Alquiler (ASVAL).
Reconozco que me sorprendió que en los grandes titulares estaba de acuerdo con las líneas maestras de lo que dijo, salvo en sus apreciaciones negativas respecto al control de precios de los alquileres, y que a grandes rasgos se puede resumir en lo siguiente:
- España tiene un problema de acceso a la vivienda, y lo sufren con mayor crudeza las capas con menor adquisitivo.
- El parque de vivienda público en alquiler es exiguo en nuestro país (el 1,5%).
- El modelo de vivienda pública en este país, basado mayoritariamente en viviendas que se vendían a sus adjudicatarios, es el que ha propiciado que ese parque de vivienda pública sea minúsculo.
- La inversión del Gobierno central es insuficiente para paliar este problema y sus recursos actuales son insuficientes para producir un cambio relevante en el corto plazo.
Como se puede verm lo que dijo es cierto, está basado en datos y es de agradecer que estas cuestiones formen ya parte del consenso público ya que hace escasos años estas cuestiones estaban en discusión. El problema no se encuentra en lo que dijo, sino en cómo dijo según que cosas, y especialmente en aquellas cosas que no dijo. Al finalizar su ponencia pude plantearle algunas cuestiones durante el turno de preguntas, pero tengo la necesidad de desarrollar algunas ideas a continuación:
En primer lugar, obvió completamente la existencia de un problema con el modelo productivo de nuestro país, que concentra los procesos de producción en determinados lugares y por tanto vacía ciertas regiones y concentra la población en otras (lo que produce un aumento de precios). La solución del señor Clos, ante mi planteamiento de que algunas ciudades habían agotado el suelo disponible para construir, parecía ser aumentar la densidad de nuestras ciudades, para mi un ejemplo de eterna huída hacia adelante, de crecimiento perpetuo e infinito y con nefastas consecuencias para la vida.
En segundo lugar, incidió mucho en la insuficiencia (real) de los recursos destinados por el Gobierno central a la provisión de vivienda asequible, pero no planteó que estos son, en todo caso, un complemento, ya que las administraciones regionales son las competentes en materia de vivienda (esto sí lo dijo). Por tanto, no solo nada les impide complementar los recursos que pone a disposición el Estado, sino que es su responsabilidad y obligación hacerlo.
Lo tercero que no contemplaba su intervención, y probablemente esto es lo más importante, es que tanto el Gobierno central como los gobiernos regionales tienen la posibilidad de aumentar su recaudación a través de una reforma fiscal que obtenga más recursos de los grandes patrimonios y las grandes empresas. Asimismo, los gobiernos europeos, desde la creación del euro, actúan con una mano atada a la espalda por culpa de las normas del Banco Central Europeo (BCE) que le impiden prestar dinero directamente a los estados.
Esta cuestión del BCE es particularmente importante porque la solución que propuso el Sr. Clos para poder aumentar el parque de vivienda en alquiler asequible es, ni más ni menos, la misma que lleva utilizando el Partido Popular de Madrid desde hace décadas para financiar sus faraónicas obras: como la administración no puede endeudarse más y como no quiere aumentar su recaudación, genera infraestructuras (en este caso viviendas en alquiler social asequible) mediante contratos y concesiones a 30 o 50 años. Las empresas concesionarias sí que podrán endeudarse, porque ellas podrán recurrir al crédito que obtienen de los bancos, gracias al dinero que hasta ahora ha prestado muy barato el BCE a esas entidades financieras, pero que está vetado para los estados.
A cambio, las empresas asociadas de ASVAL, gracias a la fórmula propuesta por el Sr. Clos, obtendrán unos enormes beneficios, garantizados por el erario público, porque, en caso de que algo salga mal, la administración rescatará la concesión. El resultado es simplemente que la administración pagará muchísimo más de lo que hubiera pagado si hubiera podido hacer esas viviendas por su propios medios, recibirá mucho menos y las empresas involucradas obtendrán enormes beneficios sin asumir ningún riesgo.
No podemos esperar al día de San Jamás
Decía Paco Fernandez Buey que el socialismo no puede ser un programa para el día de San Jamás, es decir que tiene que ser algo posible y materializable en un futuro próximo. Por mi parte, no renuncio ni un ápice a lo mínimo que puede aspirar una persona de izquierdas: una política fiscal justa y una política monetaria al servicio de lo público que permitiera desplegar, entre otras cuestiones, un parque de vivienda asequible 100% público. No obstante, no parece estar en el horizonte lograr a corto plazo estas reformas y es absurdo abstraerse del hecho de que si el representante de la patronal de las empresas de alquiler está planteando que la solución para la provisión de vivienda en alquiler asequible son las fórmulas de colaboración público – privadas es que esto, más pronto que tarde, se va a dar en alguna medida en nuestro país.
Y por ello, la izquierda necesita tener no solo propuestas de máximos sino que debe gestionar el mientras tanto sin renunciar a nada. Y en este caso concreto, para gestionar esa interinidad, disponemos de una herramienta que ha demostrado su utilidad en algunos países de Europa como Reino Unido, denominada “Housing Associations”. Bajo esta figura se agrupan entidades privadas sin ánimo de lucro cuyo fin es la provisión de vivienda asequible. Para más información se puede consultar este dossier elaborado por la Asociación Provivienda.
La ley de vivienda que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados habría sido una oportunidad para introducir la regulación de este tipo de entidades para que pudieran promover la construcción de viviendas o que pudieran comprarlas, así como establecer mecanismos para que propietarios (pequeños y grandes) pudieran ceder la gestión de sus inmuebles para que fueran alquilados a precios asequibles, a cambio de garantías sobre el pago, ayudas a la rehabilitación e incluso incentivos fiscales. Establecer también que estas entidades pudieran constituir verdaderas alianzas público-privadas donde el Estado ofreciera fondos y garantías de créditos para desarrollar un parque de vivienda en alquiler asequible de forma mucho más eficiente que bajo modalidades que exigen que la contraparte privada obtenga un beneficio inmenso a costa de los recursos públicos y de gestionar un bien de primera necesidad como es la vivienda.
Que el texto de la futura ley de vivienda no contemple este mecanismo ahora mismo no significa que la oportunidad esté perdida y nada impide al Gobierno generar un proyecto legislativo complementario.
Puede ser que a algunas personas estas propuestas le parezcan demasiado moderadas, pero les contaré un secreto: muchos propietarios de viviendas están recibiendo algunas de estas “prebendas” financiadas con dinero público sin que se les exija absolutamente nada a cambio así que tampoco se traspasa aquí ninguna línea sagrada.
En definitiva, la capacidad de anticipación de cualquier organización determina en buena medida sus posibilidades de éxito. El análisis está, las herramientas existen, tan solo falta la voluntad y la imaginación política para ponerlo en marcha.
*Gonzalo Caro es profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y suscriptor de ‘La Marea’
Las opiniones y los datos aportados en este artículo son responsabilidad de su autor/a y no representan necesariamente el ideario ni la metodología de trabajo de La Marea.
