El Estado sigue avanzando en su propósito de recuperar parte del 31,86% que llegó a poseer de Telefónica. El objetivo, según se acordó en el Consejo de Ministros del 19 de diciembre de 2023, es adquirir el 10% de la compañía de telecomunicaciones.
Con este propósito, en lo que va de 2024, tal y como señalan en el informe Principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado –correspondiente a marzo de 2024–, el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, le ha inyectado 1.000 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En concreto, informa Europa Press, han sido dos aportaciones de 500 millones de euros, una en febrero y otra en marzo.
El Estado ya posee el 6,169% de Telefónica
Hasta el momento, según la información que proporcionó la SEPI a la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) –y de la que se hizo eco EFE–, el Estado ha comprado el 6,169% de Telefónica (354,7 millones de acciones), a un precio medio por acción de 3,9378 euros. Por lo tanto, ha pagado 1.396,9 millones de euros.
La reentrada en Telefónica, y con un 10%, es una reacción directa al desembarco en su accionariado (con un 9,9%) del operador de Arabia Saudí, STC Group.
El propósito del Estado es conseguir un sillón en el Consejo de Administración de Telefónica, para lo que, teóricamente, hay que superar el 6,66% de participación. Sin embargo, otros accionistas con una participación menor, como CriteriaCaixa, “cuentan con representación en el consejo de la compañía”, explican en la noticia antedicha.
El dinero que España ha dejado de percibir por la privatización
El profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y responsable de políticas económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, cifró en 23.900 millones de euros, el dinero que el Estado había dejado de percibir por salirse de Telefónica en un artículo publicado en Mundo Obrero.
El detalle es el siguiente: 20.002 millones por los dividendos no percibidos entre 1997 y 2003 y 10.102 por el valor de la participación estatal (que fue del 31,86%). A esto habría que restarle, con los cálculos de Mato, los ingresos por la privatización (3.786,38 millones) y las ampliaciones de capital que se ha ahorrado el Estado: harían un total de 6.139 millones de euros.