No, no se hubieran muerto igual, como trató de defenderse Isabel Díaz Ayuso. El informe final de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid no deja lugar a dudas sobre la gestión del Gobierno de Ayuso entre marzo y abril de 2020: “La muerte de miles de personas en las residencias de Madrid podría haberse evitado con una prevención y una atención sanitaria adecuada”.
Las conclusiones de esta comisión, constituida el 13 de abril de 2023 a petición de familiares de personas fallecidas durante la pandemia de la COVID-19 en las residencias madrileñas –agrupados en las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid– se han presentado este viernes, 15 de marzo de 2024, cuatro años después.
La mortalidad en las residencias de la Comunidad de Madrid duplicó la de otras comunidades
La investigación realizada por la comisión, que preside el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, se ha basado en fuentes como la información oficial del Gobierno autonómico; informes de organizaciones civiles e institucionales; artículos académicos; declaraciones de familiares, supervivientes, trabajadores, trabajadoras y testigos en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid; declaraciones judiciales de Carlos Mur (responsable de coordinación sanitaria de la comunidad), e información obtenida por los abogados José Luis González del Moral y Carlos Vila, quienes explicaron la situación jurídica a partir de 400 querellas.
Entre marzo y abril de 2020, señala el informe, murieron 9.470 personas que vivían en las residencias de Madrid: 7.291 en las residencias sin atención hospitalaria y 2.179 en el hospital. Del total, 5.795 tenían COVID-19 confirmado o con sintomatología compatible. Para las restantes 3.675 defunciones no se hace referencia al virus.
La mortalidad en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid duplicó la media de otras comunidades autónomas. De hecho, fue la región europea que tuvo un mayor exceso de mortalidad en 2020, en relación con el periodo 2016-2019. Si la mortalidad hubiera sido similar a la media, el número de fallecidos se habría situado en 2.529.
Y una cifra más: “La cifra de fallecidos en residencias se multiplicó por seis en comparación con el mismo periodo de años anteriores, mientras que en los hospitales se multiplicó solo por dos”.
Las decisiones políticas contribuyeron a la muerte de miles de personas
En las residencias de esta comunidad, asevera el informe, “murieron miles de personas, cuya muerte podía haberse evitado con una prevención y una atención sanitaria adecuada. Esa falta de prevención y de atención fue consecuencia de decisiones políticas y de gestión discriminatorias respecto a la asignación y organización de los recursos sanitarios disponibles”.
Las personas que tenían su casa –su vivienda, su morada– en los centros residenciales “vieron menoscabados sus derechos fundamentales de forma grave: el derecho a ser tratados dignamente, el derecho a la vida, a la protección de la salud, a la intimidad personal y familiar, a no ser discriminados por su edad, por su discapacidad o por tener una enfermedad”, concluye el documento.
Un hospital para enfermos leves, mientras se abandonaba a los residentes
Señalan en el informe que, cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso comenzó a restringir las derivaciones de pacientes de las residencias a los hospitales, “la Comunidad de Madrid no había dotado a dichas residencias de personal sanitario, medios y organización suficientes para una atención adecuada (equivalente a la hospitalaria), tal y como se le había requerido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”.
Pero el Ejecutivo autonómico tomó “la decisión de construir un hospital para enfermos leves y abandonar la protección de la salud de quienes vivían en residencias. Con el personal sanitario que se envió a IFEMA, detallan, “se podían haber medicalizado más de 1.000 camas en residencias”, afirman.
A este centro solamente se trasladaron 23 pacientes leves desde residencias, y, en el periodo de funcionamiento de IFEMA, “fallecieron 5.000 personas en residencias sin recibir atención médica”.
Esta decisión, espetan, “supuso una discriminación en el derecho a la atención sanitaria y una vulneración del derecho a la vida, que con seguridad aceleró el deterioro de la salud de muchos residentes y su desenlace fatal. La denegación del deber de socorro que se deduce de este comportamiento es un delito tipificado en el Código Penal español”.
Y hacen hincapié en que “el hecho determinante de la no derivación al hospital era encontrarse viviendo en una residencia y no disponer de un seguro privado. Si disponía de él, “podía ir directamente desde la residencia a un hospital privado”.
Cuidados paliativos
Además, continúa el informe sobre la gestión de las residencias del Gobierno de Ayuso, “la falta de medios apropiados condicionó que, en muchos casos, los cuidados (paliativos) para reducir el nivel de sufrimiento de las personas residentes no se implementaron, o no se hicieron correctamente: no hubo oxígeno, los cuidados de enfermería y apoyo psicosocial fueron nulos o insuficientes y el entorno íntimo familiar fue excluido”.
No son, enfatizan, “decisiones improvisadas por la situación crítica que había provocado la pandemia, sino decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo, a pesar de la elevada mortalidad en las residencias de ancianos que las acompañaba. Decidir tratamientos como los aplicados en función de agrupamientos comporta una transgresión clínica grave, pues la regla es que únicamente deben indicarse en función de decisiones individualizadas”.
