Alberto Reyero se volvió a topar el pasado jueves con unas polémicas palabras de la que había sido su presidenta sobre la gestión sanitaria de la pandemia en la Comunidad de Madrid. «Cuando una persona mayor estaba gravemente enferma, con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio«, aseguró Isabel Díaz Ayuso en una intervención en la Asamblea regional.
Los hechos por los que estaba dando explicaciones la líder del PP regional sucedieron cuando Reyero, de Ciudadanos, todavía era uno de sus consejeros. El responsable de Políticas Sociales se rebeló por la aplicación de unos protocolos que impidieron que miles de personas mayores que vivían en residencias fuesen atendidas en un hospital. 7.291 mayores fallecieron en geriátricos sin tener derecho a una asistencia sanitaria.
El exconsejero, que acabó dimitiendo en octubre de 2020, relató cómo vivió aquellos días de marzo y abril de 2020 en el libro Morirán de forma indigna (ed. Libros del ko). Hoy, casi cuatro años después, los familiares de los ancianos que murieron por la COVID siguen esperando que el Gobierno de la Comunidad de Madrid rinda cuentas y asuma responsabilidades por las decisiones tomadas.
¿Qué opina de las últimas declaraciones de la presidenta?
Se ha expresado de una manera absolutamente descarnada y ausente de empatía. Lo que dice, primero, es una barbaridad. Se ha demostrado que es mentira. No se salvaban los que no recibían atención hospitalaria. Infolibre ha publicado que el 65% de las personas que fueron derivadas se salvaron. Si hubiésemos seguido esa manera de argumentar de Ayuso, hubiéramos cerrado los hospitales. Si toda la gente iba a morir, ¿para qué hicieron Ifema? Es absurdo, pero también hay un cambio de relato por parte de la presidenta. No sé si ella era consciente al decirlo. Al principio, [su Gobierno] aseguró que no existió ningún protocolo. Luego, resultó que lo que pasó en Madrid era responsabilidad de Pablo Iglesias y, ahora, parece que sí, que había unas órdenes para excluir a los mayores de la atención hospitalaria porque no se iban a salvar. Me parece una auténtica barbaridad.
Usted, que ha compartido un gobierno con Ayuso, y que conoce las estrategias de comunicación de la Puerta del Sol, ¿cree que estas declaraciones son aleatorias o premeditadas?
Creo que en este caso se salió del guion y dijo algo que no quería decir. En una entrevista en El Hormiguero, le pasó algo parecido. Al referirse a los fallecidos, dijo que todos los cadáveres habían recibido una atención adecuada. Son momentos en los que no se atiene al catecismo que le han dicho que tiene que decir, y suelta estas perlas. No hay que olvidar que es un insulto hacia los familiares que siguen sufriendo y a los que no se ha dignado a recibir.
¿Cómo se aplicó el protocolo durante las primeras semanas de la pandemia?
Hubo cuatro versiones. Lo que venían a plantear, sobre todo la segunda, que era la más salvaje, conllevaba una exclusión de la atención sanitaria en función del grado de dependencia o el nivel de discapacidad. Ellos se justifican diciendo que era un triaje, pero no es así porque lo aplicaron médicos a distancia. Durante la comisión de investigación [que terminó de forma abrupta por el adelanto electoral de 2021 y nunca más se retomó], una compareciente expuso de forma diáfana la interpretación de los requisitos [médicos que figuraban en el protocolo]. La directora de la residencia Amavir Alcorcón dijo que una persona que se desplazaba en silla de ruedas quedaba excluida de la atención sanitaria. Es una auténtica barbaridad, ya que nada tiene que ver una discapacidad o una dependencia con las expectativas de vida.
No hay que analizar los protocolos individualmente, están dentro de un contexto. Si se hubiera decidido no derivar a los usuarios de residencias, pero se les hubiese facilitado una asistencia in situ con un tratamiento adecuado, con médico y los recursos necesarios, no habría mucho que decir. Hubiera sido maravilloso, pero eso no ocurrió nunca.
Entre marzo y abril de 2020, 7.291 mayores fallecieron en las residencias sin recibir atención hospitalaria, como reveló Infolibre. ¿Cómo se vivió este asunto en el Gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Cuál fue la reacción de sus compañeros de Ejecutivo?
Siempre planteo estas cuestiones con cierta moderación porque lo que se debate en el Consejo de Gobierno es secreto y no se puede desvelar, pero lo que hubo fue absoluta indiferencia y frialdad. Tenía la sensación de que se consideraba que el problema de las residencias lo teníamos que solucionar en la Consejería de Políticas Sociales y no afectaba a la Consejería de Sanidad. Hasta que se dieron cuenta de que el número de fallecidos se incrementó mucho. De hecho, me había comprometido a publicar los datos de fallecidos en una fecha específica, y lo que hicieron a continuación fue promover un plan de choque para que Sanidad asumiera el control de todo.
¿Considera que lo que sucede dentro de las residencias genera indiferencia en la sociedad?
En el ámbito de los cuidados, lo social está en un segundo nivel. El sistema sanitario español es muy hospitalocéntrico. Además de la precariedad y la escasez de personal, entre los problemas de la Atención Primaria también hay que tener en cuenta que todos los esfuerzos van dirigidos a los hospitales. Se pone el foco en eso y las residencias son un lugar al que la sociedad no quiere mirar. En el libro pongo un ejemplo de un artículo que publicó El País en el que se indicaba que había un gran porcentaje de personas que vivían en residencias y no recibían ninguna visita de sus familiares. He reflexionado mucho sobre esto; es puro edadismo, considerar que las personas mayores, una vez que dejan de ser productivas para el sistema, no interesan y se les aparta.
Usted pone el foco en los recursos que se destinaron a mantener lo que se llamó «hospital de campaña» en Ifema. ¿Qué papel jugó el recinto ferial en la estrategia de comunicación de la Puerta del Sol durante la pandemia?
Ifema fue un gran plató televisivo para ensalzar la figura de Ayuso como presidenta, y así lo defino en el libro. En el relato que pusieron en marcha, hablaban del «hospital milagro»: un hospital que se construyó de la nada en muy poco tiempo. El día de la clausura, el 1 de mayo, la presidenta utilizó ese concepto en un discurso. Ella contó que la gente entraba y sanaba, aunque no con esas palabras. Y se refirió al director del hospital, al doctor [Antonio] Zapatero, como un auténtico sanador. Es decir, la gente que entraba allí se salvaba. Era una cosa maravillosa, ¿no? Cuando empezamos a hurgar y a conocer la información, nos resultó sorprendente que de las 3.800 personas que ingresaron en Ifema solo hubieran muerto 16 en cinco semanas. Ellos mismos reconocieron que en ese recurso únicamente atendieron a personas con pronóstico leve. En ese mismo periodo, alrededor de 5.000 personas murieron en las residencias, pues ahí es donde estaban los pacientes graves.
Siempre me planteo que en las guerras, los hospitales de campaña se construyen para atender a las personas que están peor, aquellas que vienen del frente. No se monta uno para atender a los casos más leves, pero aquí ocurrió todo lo contrario. Los casos más graves fueron excluidos de la atención y a los más leves se les atendió. Los datos son tozudos: solo 23 personas de las 3.800 que ingresaron en Ifema venían de una residencia, acudían procedentes de dos centros de mayores y duraron muy poco. Siempre he pensado que alguien se equivocó y les llevaron, a pesar de que la instrucción era que no podían ir a Ifema.
Durante la pandemia, se insistió mucho en que había que repensar el modelo de residencias. Las administraciones aseguraron que una vez atajadas las consecuencias de la COVID, se haría un replanteamiento del sistema de cuidados. Casi cuatro años después de que irrumpiera el virus, ¿ha mejorado el sistema?
Ha habido un acuerdo de acreditación, que impulsó el Gobierno central, que ha supuesto un paso adelante importante, pero no suficiente. Este plan apostaba por reducir las ratios de atención, por hacer residencias más vivibles y más pequeñas, con pequeñas comunidades de convivencia. No obstante, determinadas comunidades autónomas, como Madrid, han decidido no aplicarlo. Según las informaciones que recibo, [la situación] no ha cambiado y, si acaso, ha empeorado con respecto a la que teníamos en los años previos a la pandemia, que ya era mala.
Creo que no hemos aprendido nada. La comisión de investigación no solo debería haber sido un sitio para dilucidar responsabilidades políticas, también para analizar qué cosas se hicieron bien, cuáles se hicieron mal y corregir las fallas del sistema. Sin embargo, se ha querido tapar todo, sin reflexionar sobre lo que ocurrió o cómo influyó la situación de las residencias.
La comisión de investigación sirvió para conocer cómo vivieron los trabajadores la irrupción del virus o cómo afrontaron la falta de medios. ¿La sociedad ha sido justa con las personas que estuvieron cuidando a nuestros mayores en primera línea?
Dediqué el libro a los trabajadores porque me parece que se les trató de manera muy injusta y, en un primer momento, se les señaló como los verdaderos asesinos. He hablado después de esto con familiares y con trabajadores, comparten la frustración de que no se haya aprendido ni se haya avanzado en nada.
El relato de algunos empleados o de responsables de residencias figura en las actas que elaboró la Policía Municipal cuando visitó los centros durante las primeras semanas de la pandemia. Varios medios ya publicaron el contenido de decenas de estos documentos en 2020. Recientemente, la Comunidad de Madrid ha confirmado que va a recurrir una resolución del Consejo de Transparencia que le obliga a facilitar todas estos documentos. ¿Por qué cree que toma esta decisión ahora la presidenta?
Su afán es que no se hable de este tema y tapar todo, que no haya comisión de investigación. Cuanto menos se hable del tema, mejor, no vaya a ser que se conozcan detalles. En 205 actas habrá todo tipo de información. Esos datos pueden dejar en mal lugar a cualquiera, no solo a la presidenta, sino también a mí mismo, pero creo que rendir cuentas es un mínimo de democracia. Las excusas son absolutamente ridículas. Se pueden anonimizar y publicar sin que se vulnere ningún derecho de protección de datos.
Antes de la pandemia, como consejero, usted aseguró que se harían públicas las sanciones a residencias para que las familias pudieran consultarlas antes de ingresar a un ser querido en algún centro. Sin embargo, este proyecto desapareció tras su dimisión. ¿Por qué?
En noviembre de 2019 presentamos un plan al Consejo de Gobierno. El secretario nos alertó de que el tema, tal y como estaba planteado, podría ser ilegal por vulnerar la protección de datos. Decidimos retirarlo y reelaborarlo. Luego llegó la pandemia y no hubo oportunidad de volver a presentarlo. Y, por supuesto, en el nuevo gobierno no hay ningún interés en esto.
Las mayores resistencias no vinieron del sector de las patronales. En líneas generales, les parecía bien hacerlo, pero es verdad que había algunas empresas que trabajan en el sector —que no son las más recomendables– pusieron más pegas. [Iniciativas como ésta] son una vía que se utiliza normalmente en los círculos de calidad. Si se publica qué residencias lo hacen bien y cuáles lo hacen mal, provocará que las que lo hacen mal no quieran salir en la foto e intentarán hacer las cosas bien.
¿Qué empresas se opusieron a su propuesta?
Hay un caso paradigmático que era Aralia. Nosotros propusimos imponerles la sanción máxima, que implicaba una retirada del contrato, por un incumplimiento en los pliegos.
Además del centro de Aralia, usted intentó rescindir el contrato a otra residencia de DomusVi, pero finalmente no se hizo. ¿Qué obstáculos encuentra la administración al intentar quitarle la gestión a este tipo de empresas?
Fue una llamada de atención, no las teníamos todas con nosotros para que esto pudiera prosperar. Y así fue. Desgraciadamente, hay alguna empresa, a la que se le inició ese procedimiento, y que todavía sigue trabajando con grandes problemas, como pasa en la residencia de Peñuelas, gestionada por Aralia. Con la legislación actual es muy difícil retirar el contrato a una empresa, aunque tenga muchos incumplimientos. Reducir esos obstáculos era uno de nuestros planes. Pretendíamos que se pudiese poner fin a la gestión si se detectaban uno o dos incumplimientos graves.
Usted lleva ya varios años alejado de la política institucional. Tras salir en 2021 de la Asamblea de Madrid, creó una «consultora de asuntos públicos con propósito social», según explican en su web. ¿Qué opina sobre la polémica que se ha generado después del anuncio –y posterior renuncia– de Alberto Garzón a su incorporación a Acento?
La política pone muchas trabas. En cierta manera, considero que la decisión de Garzón puede venir dada por el régimen de incompatibilidades. Sería muy difícil que pudiera superar esos dos años [que el antiguo líder de Izquierda Unida todavía no ha cumplido] que deben respetar los ministros o los secretarios de Estado. Para hacer un trabajo como el que el que pretendía hacer en Acento, necesitaba una autorización específica del Ministerio de [José Luis] Escrivá.
Cuando estaba en política, Garzón puso muy alto el listón de las puertas giratorias o de la vuelta a la vida civil y eso le ha pasado factura. Es verdad que es algo que ocurre: en determinadas cuestiones la izquierda no se lo puede permitir y la derecha sí. Como pasó con los bonos térmicos, todo el mundo se escandalizó por el bono que cobraba Mónica García, pero en cambio veían natural que Alfonso Serrano o que el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, lo recibieran. Nos lo deberíamos hacer mirar, no podemos ser tan sectarios.
