La tragedia del coronavirus ha mostrado su cara más cruel en las residencias de mayores. En torno al 70 % de las personas fallecidas vivían en una de ellas. Las cifras de muertos generales crecían al albur de lo que sucedía en estos centros. Tal era la magnitud del drama, que muchos gobiernos autonómicos tomaran la decisión de tomar el control: 58 residencias han sido intervenidas durante la pandemia.
Eran, en algunos casos, propiedad de grandes compañías y habían logrado, en repetidas ocasiones, ser las adjudicatarias de concursos para la gestión residencial. Se venden, casi siempre, como los adalides del buen hacer en el sector, pero, a la hora de la verdad, los ahorros en costes salen a flote en forma de carencias y son las Administraciones Públicas las que, otra vez, acuden a su rescate. También, afortunadamente, de las personas que en ellas residían. Aunque no siempre.
Más allá de las características inherentes a estos centros, muchas personas juntas con pluripatologías previas, que, lógicamente, los ha convertido en terreno abonada para la propagación del virus, el desastre vivido evidencia un sistema plagado de taras.
Se estabiliza la situación y se desintervienen: “Claro, no las vamos a expropiar”
La Orden SND/322/2020, de 3 de abril, del Ministerio de Sanidad, dio vía libre a las comunidades para, “en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto, y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad”, intervenir los centros residenciales.
A partir de ahí, todos los ejecutivos autonómicos pergeñaron medidas para tratar de atemperar el efecto del Covid-19 en los mismos. Algunas más que discutibles. Desde extremar el control, medicalizar o hacer refuerzos de personal, hasta, en los casos más extremos, adquirir el mando de estos centros nombrando, incluso, una nueva dirección.
En España, según el estudio Envejecimiento en Red, elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), hay 5.417 residencias (1.573 públicas y 3.844 privadas). 58 han sido intervenidas de manera general, 50 son privadas y ocho públicas (municipales –con ayuntamientos sobrepasados incapaces de dar un servicio decente–, o públicas de gestión privada, que, en algunas comunidades, se siguen incluyendo dentro de las públicas).
De las 58 hay 14 que ya no están intervenidas: con absoluta normalidad han sido devueltas a las empresas privadas que las dirigen. Algunos gobiernos autónomos dejan claro que no tienen ninguna intención de sancionar a estas entidades que han precisado de ayuda pública, otros se limitan a argumentar que seguirán haciendo inspecciones y si corroboran que ha habido casos en los que un centro no cumplía con los requisitos establecidos se le impondrá una sanción. Es decir, el sistema habitual. Nada excepcional a pesar de lo extraordinario.
Domus Vi, Clece, Vitalia, Orpea: 14 residencias intervenidas en Madrid
Madrid, donde la gestión residencial ya deja un denso reguero de polémica, ha sido la comunidad con más residencias intervenidas: 14 en total, todas privadas, que siguen bajo control autonómico. Dos, la de Espartales (en Alcalá de Henares) y la de Usera, pertenecen al grupo que más residencias gestiona en España, Domus Vi. Bajo su emporio están 25.000 plazas en 200 centros residenciales y de día. En 2018, facturó 543 millones de euros y sus accionistas mayoritarios son el fondo de inversión británico Intermediate Capital Group (IGC) y el multimillonario francés Yves Journel.
Sobre el de Usera, como apuntan desde el Gobierno autonómico, hay abierto un expediente de resolución de contratos –que se inició con anterioridad a la pandemia– y que podría suponer su inhabilitación para concurrir a un concurso público en Madrid durante tres años. Otro centro intervenido es la Residencia Isabel la Católica, de Aralia Servicios. Esta compañía* controla más de 4.000 camas y su fundador* es José Luis Ulibarri, imputado en Gürtel, Púnica y Enredadera. Tres de sus centros en Madrid (Peñuelas, Ensanche de Vallecas y Los Frailes) también tienen abierto un expediente. El intervenido había sido sancionado hasta en tres ocasiones, tal y como apuntó Infolibre.
Según los datos de RTVE, el 68,9 % de los fallecidos en Madrid vivían en residencias de mayores. Muchos de ellos lo hacían en la Residencia Monte Hermoso (también intervenida), donde, el 17 de marzo, ya se había comunicado la muerte de 17 personas y las quejas de los familiares se multiplicaban.
Otra de las residencias controladas ahora por la comunidad es la Vitalia en Leganés. El Grupo Vitalia Home gestiona 6.600 plazas residenciales en España y, desde marzo de 2017, es propiedad del fondo de capital británico CVC Partners, que, en España, también es parte del accionariado de CLH (dedicada al almacenamiento, transporte y distribución de combustible, hidrocarburos y productos petrolíferos), Deoleo (empresa de alimentación especializada en el aceite de oliva: Bertolli o Carbonell son algunas de sus marcas), Naturgy, Tendam (antes, Grupo Cortefiel) o la Universidad Alfonso X El Sabio.
En 2019, unas trabajadoras del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía fueron despedidas por denunciar la falta de material y otras carencias. En 2020, es una de las residencias intervenidas por la Comunidad de Madrid. El centro está gestionado por Clece, filial del Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, que controla 95 centros de gestión integral y atiende a casi 158.000 mayores.
Orpea está presente en 22 países, con 1.014 establecimientos, que suman 104.234 camas y más de 60.000 trabajadores. En España tienen 53 centros entre residencias, centros de día y clínicas de salud mental. Una de ellas, la de Santo Domingo, fue intervenida por el Gobierno de Madrid. En la actualidad, el 14,5 % de las acciones de este grupo están en poder del fondo de pensiones canadiense CPPIB.
“Se ha tomado esta medida por la incapacidad o escasa colaboración de la dirección o la propiedad de los centros”
El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad del Gobierno de Madrid, Alberto Reyero (Ciudadanos), reconoció en una comisión celebrada el pasado 1 de junio que se había tomado la decisión de intervenir las residencias “por la incapacidad o escasa colaboración de la dirección o la propiedad de los centros”.
Seis de las 14 residencias intervenidas ya habían sido sancionadas con anterioridad. Respecto a si se estudiarán multas en el futuro, apuntan desde el Gobierno madrileño que todo seguirá funcionando como antes: “Las inspecciones que realizan los inspectores de la Comunidad de Madrid determinan si los centros cumplen o no la normativa y las visitas que realizan los técnicos de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia determinan si se están cumpliendo los contratos”.
Destacan que, “desde la llegada a la Consejería de Alberto Reyero, se ha incrementado el número de visitas e inspecciones a centros residenciales. Y, por primera vez en la historia de la Comunidad, se han iniciado expedientes de resolución de contratos”.
Catalunya: 13 residencias cerradas desde 2015
En Catalunya se han cerrado, desde 2015, 13 residencias. El mismo número se ha intervenido durante esta pandemia. Sólo una, la de Ballús del Valls, ha vuelto a la gestión anterior. De nuevo, aparece una residencia de Domus Vi: la de Ca n’Amell en Premià de Mar (Barcelona). El propio alcalde del municipio, Miguel Ángel Méndez (JxCat), denunció, a través de la cuenta de Twiter del Ayuntamiento, “la negligencia absoluta de la dirección de la residencia y la falta de respuesta por parte de la Generalitat”.
Eulen, otro gran grupo, dirige la Residencia Mossèn Vidal i Aunòs de Barcelona, que estaba siendo investigada por un presunto delito de abusos sexuales. De la Residencia de Ullastrell también se había oído hablar, después de que salieran a la luz diversos audios comprometedores.
El porcentaje de fallecimientos en residencias roza el 73 % del total en Catalunya. Los motivos que han llevado a la Generalitat a intervenir estos centros son, tal y como apuntan desde el Govern, que la dirección “no podía hacer frente a la situación porque estaba desbordada y no tenía medios suficientes, es decir, sin la ayuda de otra entidad gestora no podrían atajar la situación”. Las actuaciones en residencias catalanas fueron muchas, hasta 209 según fuentes de Sanidad, sin embargo, sólo se actuó de manera drástica en 13.
Sobre si la gestión regresará con normalidad, la consellera de Salut, Alba Vergés (ERC), indicó en una rueda de prensa, el pasado 22 de mayo, que “la intervención es una acción temporal y se valorará, caso a caso, si se retorna la gestión a la entidad de origen o se ha de dar otra solución”.
“Domus Vi decidió ahorrar dinero y poner en riesgo a los residentes”
A 3 de junio, la Fiscalía General del Estado mantenía abiertas 191 diligencias civiles y el mismo número de penales por las denuncias recibidas tras lo sucedido en las residencias. Una de las que se presentó, en este caso en la Fiscalía de Galicia, acusaba a Domus Vi de “ahorrar costes y poner en riesgo a los residentes. No se realizaron desinfecciones ni limpieza adecuada ni se tomaron las medidas recomendadas por Sanidad”, se explica en la denuncia.
De las tres residencias intervenidas en Galicia, dos son de Domus Vi: Barreiro (Vigo) y Cangas (Pontevedra). La tercera es la Residencia Nuestra Señor de Fátima (Ourense).
Se decidió la intervención, según la Xunta de Galicia, porque las cifras de fallecidos se descontrolaron y se estaba poniendo en riesgo la calidad asistencial. Cuando todo se estabilice, la gestión volverá: “Claro, no las vamos a expropiar”, aseguran a La Marea desde la Xunta. Por el hecho de haber sido intervenidas no serán sancionadas, indican, “pero si se detecta que alguna ha cumplido la normativa, sí”. El porcentaje de fallecidos en residencias en Galicia es del 45 %.
“Causas excepcionales que hacían inviable el funcionamiento de la residencia”, es el argumento que dan desde la Junta de Castilla y León para justificar la intervención de seis residencias (sólo una se ha desintervenido). Entre ellas está la Residencia Valle del Cuco en Adrada de Haza (Burgos): la totalidad de sus residentes fueron realojados y la empresa hizo un ERTE.
Como en el caso de otras comunidades, desde el Gobierno castellanoleonés apuntan que si se comprueba que han cometido alguna infracción se les impondrá una sanción. En algunos casos, explican, se ha pasado informe directamente a la Fiscalía.
De las cinco residencias intervenidas en Navarra (donde el 88 % de fallecidos, sobre un total de 490, vivían en este tipo de centros) tres eran públicas (municipales) y sólo dos privadas. Aparte de las inspecciones periódicas, no se contemplan otras actuaciones.
Extremadura anuncia un nuevo modelo de gestión residencial
Ocho residencias han sido intervenidas en Aragón –todas privadas–, donde el sector residencial se ha visto especialmente afectado, ya que el 89 % de los decesos han tenido lugar en centros de esta tipología. Tres de ellos ya han vuelto con normalidad a sus antiguos gestores, tras sumar 28 días sin casos, y se espera que el resto siga el mismo camino en el futuro. La intervención, dicen, se ha entendido “como una herramienta para encauzar situaciones complicadas”. Desde 2015, en esta comunidad se han cerrado 23 centros residenciales. No obstante, afirman que no habrá sanciones tras la pandemia.
Casi el 85 % de los fallecidos por coronavirus en Extremadura eran residentes en un centro de mayores. Cinco residencias fueron intervenidas (dos públicas y tres privadas). Todas han vuelto a su gestor anterior. Una de ellas es la de El Cuartillo, en Cáceres, que supera los 70 fallecidos. Sus trabajadores ya han empezado a declarar ante la Fiscalía de la ciudad extremeña. Pertenece a un ente público, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).
Precisamente, el director gerente del SEPAD, José Vicente Granado, anunció el sábado 6 de junio que se ha elaborado un nuevo modelo de gestión de las residencias, que se basa en cuatro puntos: “Un protocolo de prevención de cara a posibles brotes; definición de la cartera de servicios residenciales; una nueva gestión con mayor dimensión sanitaria; y un sistema de información coordinado entre el ámbito sanitario y sociosanitario”. Los centros, señaló Granado, “se van a dividir en tres categorías, similar a las estrellas de los hoteles, centros básicos, óptimos y excelentes. Esto requerirá que sean inspeccionados y que pasen por controles periódicos para evaluar si siguen manteniendo los criterios de la categoría en que estén”. En este sentido, “el nuevo plan va a necesitar un buen departamento de calidad, más recursos humanos y materiales y un reforzamiento de las labores de inspección para autorizar y supervisar la apertura de centros residenciales”.
De manera completa sólo se ha intervenido una residencia en Castilla-La Mancha, aunque el 84 % de los fallecidos vivía en ellas. Fue la Residencia ELDER, en Tomelloso, privada, pero con un director que es concejal del PP en la localidad y que ocupó un alto cargo en la Radio Televisión de Castilla-La Mancha. Su nombre es José Miguel Sampedro y cargó públicamente, en diversos medios nacionales, contra el Gobierno manchego al que acusó de “abandono”. El director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha anunció, el pasado 18 de marzo, que su gobierno iniciaría acciones legales contra esta persona.
También un centro, en este caso municipal, la Residencia La Pasionaria de Alcalá del Valle (Cádiz), fue intervenido en Andalucía. Y ya ha recuperado la normalidad. En esta comunidad, el porcentaje de fallecidos en residencias es del 39 %.
89 personas, de un total de 209, han muerto en centros residenciales de Baleares. Se han intervenido dos residencias privadas: Domus Vi Palma y Oasis, después de que, como apuntó la consellera de Salud, Patricia Gómez, se comprobara que las medidas puestas en marcha por los centros eran insuficientes.
7 comunidades sin intervenciones completas
En mayor o menor medida, pero la crisis del coronavirus ha afectado sobremanera a los centros residenciales en toda España. Aun así, hay siete comunidades que no han desarrollado intervenciones completas, aunque sí han proporcionado otro tipo de soportes. En Asturias, por ejemplo, ha habido 69 residencias en las que se ha intervenido sanitariamente: “No es una acción inspectora, sino una acción asesora, en la que los profesionales de Salud apoyan al equipo directivo de cada centro para la aplicación de los protocolos sanitarios, pero nunca se cambia la dirección del centro”, explican desde el Gobierno asturiano. Además, en otras 45 se hizo un refuerzo de personal. Los fallecidos en Asturias en residencias llegan al 70 %.
No ha habido, de igual modo, intervenciones en Euskadi –44 % de defunciones en estos centros–, aunque, como señaló Sergio Murillo, diputado de Acción Social en la Diputación de Bizkaia, se abrió expediente por carencias en dos residencias, y no se descarta que el mismo termine en sanción.
En la Comunidad Valenciana, con un 41 % de fallecidos en residencias, no se intervino completamente ninguna, no obstante, 30 precisaron de ayuda pública. Y en Murcia, de los 107 centros que hay (55 para mayores y 52 para personas con algún tipo de discapacidad), se intervino, pero sólo sanitariamente, en seis.
*Fe de errores: Aralia Servicios Sociosanitario SA no es un grupo de empresas, como figuraba inicialmente en este artículo, sino «una entidad mercantil autónoma». Desde esta compañía, piden que también se rectifique el cargo de José Luis Ulibarri, del cual se decía que era su presidente, ya que «no desempeña ninguna función en la empresa», aunque fue su fundador en 1993.
