Desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid (tomó posesión por primera vez el 19 de agosto de 2019), Isabel Díaz Ayuso sólo ha aprobado dos presupuestos. El primero, en 2022, con el apoyo de Vox; y el segundo, en 2024, gracias a su mayoría absoluta. Pero han sido más que suficientes para demostrar su querencia por la educación concertada. Su asignación ha pasado de 1.052 millones de euros en 2019 a los 1.320 millones que tendrá el próximo año. Un crecimiento del 25,4%.
La primera vez que los gastos de la concertada superaron los 1.000 millones de euros fue en las cuentas de 2018 (1.012 millones). Cristina Cifuentes estaba al frente del Ejecutivo autonómico y se aprobaron con el apoyo de Ciudadanos. La cifra se elevó a 1.052 millones un año después, en este caso, con Ángel Garrido (PP) en el sillón de mando y, de nuevo, tras una entente con los naranjas.
Después de dos prórrogas, Ayuso sacó adelante sus primeras cuentas en 2022 y elevó el presupuesto para la concertada hasta los 1.164 millones; para dejarlo (dos años después) en los comentados 1.320 millones.
Según el Proyecto de Presupuestos Generales para la Comunidad de Madrid 2024, este dinero se destinará “a conciertos educativos para financiar las enseñanzas impartidas en centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos”.
Es la segunda mayor partida del área. Sólo está por debajo (por muy poco) de los 1.324 millones para la enseñanza pública de Secundaria y Formación Profesional. Y está por encima de lo destinado a la educación pública en las etapas de Infantil, Primaria y Especial (1.278 millones).
Cuatro centros que segregan por sexo siguen recibiendo dinero público
Actualmente, tal y como han informado desde el Gobierno autonómico a lamarea.com, en la Comunidad hay 11 centros privados concertados con educación diferenciada. De ellos, cuatro son únicamente de alumnos o de alumnas, mientras que los siete restantes son mixtos y escolarizan en aulas diferentes. Los conciertos de estos centros, subrayan, «están vigentes hasta el curso 2027-2028 y, por lo tanto, no incumplen la legislación».
Se refieren a la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá. Esta señala que «los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas (…) y no separarán al alumnado por su género«.
Dicha ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de diciembre de 2020 y, tal y como se establece en su Disposición Final Sexta, entró en vigor 20 días después de dicha fecha.
Ese impasse fue el que aprovechó Isabel Díaz Ayuso para aprobar un Decreto con el que ampliaba el régimen de conciertos educativos en la Comunidad de Madrid de seis a 10 años. Por esta razón, los conciertos mencionados finalizan en el curso 2027-2028 y los colegios que segregan por sexo pueden seguir recibiendo dinero público.
El anuncio navideño: un colegio del Opus Dei que separa por sexo
Niños con el uniforme, publicidad de El Ganso y mensajes sobre la fe y la familia tradicional. Sería el resumen del polémico anuncio navideño de la Comunidad de Madrid, protagonizado por los niños del Colegio Tajamar. Uno de esos centros concertados, que, para más inri, es propiedad del Opus Dei y separa a sus alumnos y alumnas por sexo.
El spot ha sido realizado a través de la Fundación Beta Films, también vinculada a la Prelatura. En el Ejecutivo autonómico explican que desde la Comunidad contrataron «a la productora 30 años S. L., que, a su vez, contrató a Beta Films, con la que trabaja el Colegio Tajamar». Como todos los contratos menores, aclaran, «se publicará en el Portal de Transparencia en tiempo y forma».
Las becas para la concertada de Ayuso
La apuesta por la concertada, sin embargo, no ha hecho que el número de alumnos y alumnas que eligen esta enseñanza crezca a mayor ritmo que los de la pública (aunque, a su vez, estos están por debajo de los de la educación privada no concertada).
A tenor de los informes anuales sobre Datos y Cifras de la Educación en la Comunidad de Madrid, en el curso 2019-2020 los alumnos matriculados en los centros públicos (664.717) representaban el 54,2% del total. En el curso 2022-2023 hubo 672.801, que eran un 54,3%.
Respecto a los que asistieron a centros concertados, pasaron de 367.471 (29,9%) a 358.783 (28,9%). Mientras que los estudiantes privados eran 195.067 (15,9%) en el 2019-2020 y el curso pasado alcanzaron los 207.901 (16,8%).
Algunos de ellos se habrán visto beneficiados por las becas de Isabel Díaz Ayuso para la educación privada. Para el curso 2023/2024, tal y como apuntó El País, el Ejecutivo autonómico destinó 43,5 millones de euros para que 15.000 alumnos pudieran estudiar con beca el Bachillerato (enseñanza no obligatoria) en centros privados. De hecho, informó el mismo medio, 2.761 eran estudiantes de centros que segregan por sexo.
