Los terribles acontecimientos que se están desarrollando en Israel y Palestina nos tienen horrorizadas. La gravedad de los hechos exige una respuesta firme de la Unión Europea que no se está produciendo. Como organizaciones sociales, nos dirigimos al presidente del Gobierno en funciones, en el marco de la presidencia del Consejo de la UE, y a todas las fuerzas políticas de España. Los derechos humanos deben garantizarse de manera inmediata.
Condenamos inequívocamente los ataques perpetrados por Hamás en Israel. Hamás y otros grupos armados cometieron crímenes de guerra que no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia. Los atacantes mostraron un escalofriante desprecio por la vida humana. Todos los responsables de estos actos deben comparecer ante los tribunales correspondientes en juicios justos. Pero la respuesta de Israel no puede traducirse en un ataque colectivo a la población civil de Gaza. Un ataque indiscriminado, dirigido a más de dos millones de personas, que demuestra el mismo escalofriante desprecio por la vida humana que pretende combatir.
Estamos profundamente preocupadas por las graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH), incluidos los crímenes de guerra, cometidos por todas las partes en el conflicto. A los responsables políticos de España, un Estado miembro de la Unión Europea, les recordamos que lo que hagan o lo que no hagan tiene importantes consecuencias para las vidas de millones de personas palestinas e israelíes, así como para la percepción de la UE como un actor imparcial comprometido con los derechos humanos en todo el mundo.
La Franja de Gaza, bajo el bloqueo ilegal de Israel desde 2007 y bajo ocupación desde 1967, sufre una desesperada crisis humanitaria que afecta a más de 2,2 millones de personas atrapadas en la “mayor cárcel del planeta a cielo abierto”, como la ha denominado la ONU en reiteradas ocasiones. El asedio total de Gaza ha supuesto el bloqueo de la entrada de alimentos, combustible y asistencia humanitaria; el corte de electricidad y agua. Todo ello en medio de bombardeos masivos que causan la muerte de miles de personas, destrucción de hogares e infraestructuras, y una crisis humanitaria sin precedentes. La orden israelí a la población civil, incluyendo personal médico y pacientes en hospitales, de “evacuación” la zona hacia el sur de la Franja puede constituir un desplazamiento forzoso y, en consecuencia, una violación del derecho internacional humanitario y un posible crimen de guerra.
La guerra entre Israel y Hamás no comenzó el pasado 7 de octubre. El ejército de Israel tiene un largo historial de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluso al imponer un sistema de apartheid a la población palestina durante décadas, con impunidad. Las responsabilidades deben ser investigadas y juzgadas. Las violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por grupos armados y fuerzas de seguridad palestinas tampoco pueden quedar impunes, deben ser investigados y juzgados.
Las consecuencias de esta crisis trascenderán el ámbito local. Existe un riesgo elevado de regionalización e internacionalización del conflicto, con el peligro que esto supone en un contexto geopolítico global sumamente agitado. España y la UE ahora tienen un papel importante que desempeñar para revertir el desprecio del derecho internacional y promover iniciativas que resuelvan el conflicto y lleve a la construcción de la paz. Volver la cabeza no es una opción.
La situación es gravísima, por eso, instamos a las fuerzas políticas españolas, y especialmente al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el marco de la presidencia de la UE, a demandar un alto el fuego inmediato. También se debe presionar al Gobierno de Israel para que levante su bloqueo ilegal de Gaza. Deben acelerarse los esfuerzos internacionales para garantizar la entrega de ayuda humanitaria y la asistencia médica a una población desesperada. Además, deben exigir a las autoridades de Israel rescindir inmediatamente la orden de “evacuación” de la población civil del norte de Gaza. Otra cuestión clave es la exigencia del respeto, por todas las partes implicadas, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Es urgente demandar la liberación inmediata de las personas civiles secuestradas por Hamás y otros grupos, así como el fin de los ataques a civiles por parte de estos grupos. Las operaciones militares que pongan en peligro el acceso a la asistencia humanitaria y a la atención médica deben terminar.
España y la UE deben apoyar incondicionalmente y, por lo tanto, impulsar la investigación en curso sobre la situación de Palestina llevada a cabo por el Fiscal de la Corte Penal Internacional. y promover, en el seno de la ONU, un embargo de armas integral a todas las partes en conflicto. España, por su parte, debe suspender el suministro, la exportación y autorización de todas las armas, municiones y otros equipos militares y de seguridad a Israel.
La libertad de expresión y de reunión de quienes defienden los derechos humanos y de quienes defienden procesos de diálogo y construcción de paz debe ser garantizadas como piezas esenciales de cualquier democracia. España y Europa deben asegurar una financiación estable y flexible a los Territorios Palestinos Ocupados. Deben promover por todas las vías posibles una solución pacífica, y basada en los derechos humanos, al conflicto conforme a las resoluciones de Naciones Unidas, la construcción de la paz y el fomento de la convivencia. El trabajo de Naciones Unidas y de su secretario general, António Guterres, debe ser defendido; en este sentido, valoramos positivamente la posición de Pedro Sánchez y confiamos en que marque el camino de la UE y sus Estados miembro.
Es urgente que el Gobierno de España, en el marco de la presidencia de la UE, y todas las fuerzas políticas, se comprometan públicamente a que, en el seno de Naciones Unidas, la Unión Europea y los Estados miembros, se adopten con urgencia las medidas señaladas.
Las personas civiles seguirán pagando un alto precio mientras no se aborden las violaciones e injusticias que son las causas profundas del conflicto y no se brinde justicia y reparación a las víctimas. Las normas internacionales que protegen los derechos humanos deben ser cumplidas; los procesos de construcción de paz deben avanzar en la dirección adecuada. No hacer nada en este sentido supondrá graves consecuencias no solo para la población directamente afectada por este conflicto, sino para la humanidad en su conjunto.
Firman este artículo: Irene Bello Quintana, presidenta de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo; Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional; Ana Barrero Tíscar, presidenta de Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ); Andrés Rodríguez Amayuelas, miembro de Futuro en Común; en nombre de más de 650 organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos, la justicia y la paz en todo el mundo.
