El Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba acaba de dictar una resolución por la que acuerda archivar la causa contra un ciudadano que había sido denunciado por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad y lesiones. Tras el visionado de las imágenes de una cámara de videovigilancia, el órgano de instrucción ha acordado además abrir diligencias contra los dos policías locales de Córdoba –que habían interpuesto la denuncia– a los que acusa de detención ilegal y de mentir en sede judicial.
En el auto, fechado el 18 de junio de 2023, el juez señala que, el pasado 31 de marzo, la Policía Nacional puso a disposición de ese Juzgado a una persona que acababa de ser detenida por la Policía Local de la ciudad andaluza.
Los hechos por los que le detuvieron, según los agentes, tuvieron lugar, en un primer momento, en un puesto de caracoles de la calle Periodista Eduardo Varo, “donde el conductor de un coche de caballos habría dejado estacionado el mismo sobre un paso de cebra. A su llegada, los agentes comprobaron que el caballo había defecado en el suelo, requiriendo al cochero para que lo limpiara y quitara el coche del lugar, indicación que el hombre atendió”.
Mientras cumplía con lo ordenado, y siempre según los policías locales, “el detenido les increpó a voces y les acusó de haberle fotografiado. Los agentes niegan esa acusación e invitan al individuo a identificarse para sancionarle por falta de respeto. El investigado no solo no atendió esa indicación, sino que, después de dar un manotazo a un policía, se dio a la fuga”.
Los agentes lograron alcanzarlo. Al llegar a su altura, relatan, “el detenido le propinó a uno de ellos una patada en la rodilla, teniendo que ser reducido por ambos policías empleando la mínima fuerza imprescindible. El agente agredido resultó lesionado por la patada”.
Las cámaras desmontan la versión de los policías locales
El investigado, continúa el auto, “niega el manotazo que se le atribuye en el puesto de caracoles, insiste en que el agente realizó indebidamente las fotografías y admite que salió corriendo por miedo a ser sancionado. Pero añade que recapacitó y detuvo su marcha, ofreciéndose pacíficamente al policía que le alcanzó, al que acusa de haberle golpeado contra una cancela y haberle tirado al suelo indebidamente”.
El caso, señala el juez, “es que este segundo suceso ocurre justo delante de una cámara existente en una farmacia y las imágenes son esclarecedoras. El muchacho detuvo su marcha y se ofreció al agente, quien, sin ser agredido en ningún momento, decide hacerle una llave y empujarlo contra una pared/cancela, donde el joven se golpea en la cara. Sin venir a cuento ni ser necesario, lo reduce contra el suelo, donde lo tiene aprisionado por espacio de dos minutos. En ningún momento contribuye a ello el otro agente. Finalmente, al individuo se lo llevan detenido”.
Los agentes han faltado a la verdad y la detención fue ilegal
De todo lo anterior, relata el magistrado, se deducen dos consecuencias “especialmente graves: que los dos agentes han faltado a la verdad en su comparecencia/denuncia, al imputar falsamente al detenido una agresión que no se produjo y al relatar que tuvieron que reducirlo por la resistencia que ofrecía. De resistencia nada”. La segunda consecuencia es que “la detención puede ser calificada de ilegal”.
El juez incluye otro párrafo concluyente: “Otra consecuencia, determinante del curso final de este procedimiento, es que los policías locales no merecen ya ninguna credibilidad en lo concerniente a lo que ocurrió en el puesto de caracoles. Seguramente el policía hizo la fotografía (cosa que han confirmado los testigos) y ello nos lleva a apreciar como legítimo el reproche o crítica que el detenido pudo dirigirle por este hecho. Lo que, además, apunta a cierta ilegalidad en la orden de identificación y amenaza de sanción que el policía le hizo y, como mucho, impide apreciar relevancia penal en la negativa a identificarse, que bien puede quedar, si es que es merecedora de sanción, en una simple infracción administrativa teniendo en cuenta que el requerido detuvo finalmente su marcha”.
Como no podría ser de otra manera, el juez archiva la causa contra el detenido y remite al juzgado de guardia las imágenes “a fin de que sean depuradas las responsabilidades penales en que puedan haber incurrido los agente de la Policía Local de Córdoba por delitos de denuncia falsa y detención ilegal”.
“No es la primera vez”
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que está acompañando a la persona detenida, celebran la decisión adoptada por el Juzgado. Denuncian que “no es la primera vez que conocemos un caso en el que agentes policiales imputan falsamente a una persona un inexistente delito de atentado contra la autoridad”.
Respecto a la causa que explica este tipo de actuación, consideran que “estas denuncias se suelen interponer como forma de atemorizar a la ciudadanía; en especial en aquellas situaciones en las que los propios agentes son conscientes de que han realizado alguna actuación irregular y temen que se inicie algún tipo de investigación para esclarecer los hechos”.
