El objetivo es acelerar la expansión de las energías renovables y descarbonizar cuanto antes el sistema eléctrico, pero podría suceder lo contrario. Así lo advierten las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, que en un comunicado conjunto han pedido la retirada del nuevo procedimiento sobre la autorización de instalación de energías renovables, incluido en un Real Decreto-ley que el Congreso debatirá en los próximos días.
Se trata de un cambio normativo que llega desde Europa y en el que el Ejecutivo español ha decidido ir un paso más allá. Las entidades ecologistas aseguran que esta nueva ley acorta significativamente los plazos de tramitación ambiental para los proyectos de mayor tamaño, es decir, los que mayor riesgo suponen para el medio ambiente. Asimismo, denuncian, excluye la participación de la ciudadanía en el proceso ambiental.
En el comunicado remitido a los medios, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF sostienen que el cambio legal podría tener un efecto contrario: «En lugar de acelerar el proceso para que España tenga un sistema eléctrico 100% renovable, es probable que ralentice el despliegue renovable a base de demandas en los tribunales, erosionando la participación y la aceptación social de la necesaria transición energética».
Desde el ámbito político, Izquierda Unida también ha mostrado su «rotundo rechazo» ante una posible eliminación de la evaluación ambiental que deben llevar a cabo los proyectos de energías renovables. Sira Rego, portavoz federal de IU, coincide con las citadas organizaciones ecologistas y cree que la nueva norma «va a ocasionar un rechazo aún mayor en los territorios donde se despliegan miles de proyectos, en ocasiones especulativos, sin el respaldo social necesario y sin tener el acuerdo de los municipios a los que afectan». Desde Teruel Existe, por su parte, han acusado al Gobierno de “legislar para permitir destrozar el medio rural”.
Acelerar los proyectos renovables
La invasión de Ucrania por parte de Rusia, y sus derivadas energéticas, han sido el catalizador que ha instado a los países miembros de la Unión Europea a acelerar la transición energética y el despliegue de las energías renovables. El Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo, de 22 de diciembre de 2022, establece que, debido a la situación energética urgente y excepcional, los Estados miembros deben poder introducir exenciones de determinadas obligaciones de evaluación para proyectos de energías renovables, proyectos de almacenamiento de energía y proyectos de redes eléctricas que sean necesarios para la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico.
Para poner en marcha estas exenciones, explican, deben cumplirse dos condiciones. En primer lugar, que el proyecto esté ubicado en una zona específica de energías renovables o de la red. Y, en segundo, que dicha zona se haya sometido a una evaluación medioambiental estratégica.
Además, agregan, para garantizar la protección de especies, han de adoptarse medidas de mitigación proporcionadas o, a falta de tales medidas, medidas de compensación.
La transposición en España se ha hecho en el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania.
En dicho texto, se explicita lo siguiente:
“Con carácter excepcional y transitorio, los proyectos de instalaciones de generación a partir de fuentes de energías renovables se someterán al procedimiento de determinación de las afecciones ambientales regulado en este artículo”. Por ende, resaltan, “no estarán sujetos a una evaluación ambiental en los términos regulados en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre”.
Quedan excluidos de este procedimiento: los proyectos ubicados en superficies integrantes de la Red Natura 2000 y los ubicados en espacios naturales protegidos definidos en el artículo 28 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. También los ubicados en el medio marino, y la construcción de líneas aéreas de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km.
España va más allá
La comparación entre ambas normativas demuestra que la laxitud se ha llevado más lejos en el caso de la española. Por ejemplo, el Reglamento Europeo exige que el proyecto “esté ubicado en una zona específica de energías renovables”. Pero el Real Decreto-Ley no parece tener en cuenta la Zonificación ambiental para energías renovables. Una herramienta elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que permite identificar las áreas del territorio nacional que presentan mayores condicionantes ambientales para la implantación de estos proyectos.
Además, Europa obliga a que la zona “se haya sometido a una evaluación medioambiental estratégica”. Sin embargo, desde Teruel Existe apuntan que “en ningún lugar de España se están implantando las energías renovables de forma planificada con una evaluación ambiental estratégica, porque ni el Estado ni las comunidades autónomas han creado planes para el desarrollo de las renovables”.
De igual forma, la UE insta a tomar medidas de mitigación o compensación para garantizar la protección de especies. No aparece esa referencia en el texto nacional. Las únicas menciones que se hacen al respecto son la exclusión de la eximente en proyectos a instalar en superficies de la Red Natura 2000 -que incluyen Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)-. Y la imposición al promotor de incluir, en su resumen ejecutivo, la “afección a la biodiversidad, en particular a especies protegidas o amenazadas catalogadas”.
Tomás Guitarte, diputado nacional de Teruel Existe, ha señalado que el Real Decreto «es aún más restrictivo de derechos que el de marzo de 2022 (RDL 6/2022). Ahora eximen de evaluación ambiental a todos los proyectos establecidos fuera de la Red Natura 2000 o Parques Naturales, tengan la potencia que tengan, mientras que en el decreto de marzo limitaban esta exención a los proyectos eólicos de menos de 75 MW y a los proyectos fotovoltaicos de menos de 150 MW».
Desde Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF denuncian la «incoherencia» de la medida que pretende sacar adelante el Gobierno español. Las organizaciones ecologistas explican que la Unión Europea ha pedido a los países que definan zonas de acceso prioritario para el despliegue renovable, es decir, espacios que son preferentes porque su ubicación tiene menos impacto en la naturaleza. «La medida que el Ejecutivo español quiere aprobar parece declarar como zona preferente todo el territorio que no cuenta con alguna figura de protección ambiental, lo cual, además, choca especialmente con el trabajo que ya había hecho el Gobierno al aprobar una zonificación en función de su sensibilidad ambiental respecto a los proyectos eólicos y fotovoltaicos», denuncian.
Proyectos de energías renovables de urgencia por razones de interés público
Otro de los aspectos destacables del texto europeo es el que se refiere a la “introducción de la presunción refutable de que los proyectos de energías renovables son de interés público superior y contribuyen a la salud y la seguridad públicas. Todo ello, continúan, a efectos de la legislación medioambiental pertinente de la Unión, salvo cuando haya pruebas claras de que dichos proyectos tienen efectos adversos importantes sobre el medio ambiente que no pueden mitigarse ni compensarse”.
Este extremo se ha adaptado a la legislación española de esta forma: “Se declaran de urgencia por razones de interés público, y se tramitarán, en todo caso, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, los procedimientos de autorización de los proyectos de generación mediante energías renovables, competencia de la Administración General del Estado, que hayan obtenido el informe de determinación de afección ambiental favorable”.
