Maykol llegó a España el 31 de octubre de 2019 procedente de Colombia. Es solicitante de protección internacional por lgtbifobia. Tiene VIH. Durante los tres primeros meses, asegura que no lo atendió ningún médico. No pudo recibir su tratamiento. Y cuando pudo acceder, con la ayuda de la asociación Kifkif, había empeorado. Hoy, más de dos años después, continúa sin tener tarjeta sanitaria, sin receta electrónica, sin un acceso total a la atención sanitaria. “Siempre te tratan como si te estuvieran haciendo un favor. Vienes pensando que dejas el horror y que llegas a un país que te acoge y todo son trabas, ni siquiera la salud es un derecho”, explica por teléfono.
El caso de Maykol, que vive en Madrid, es un ejemplo de cómo el decreto que aprobó el gobierno de Rajoy en 2012 excluyó de la sanidad pública a personas que, además, se encuentran en situación de vulnerabilidad. No obstante, hoy, pese a los importantes cambios introducidos por el Gobierno socialista en el decreto de 2018, personas como Maykol siguen siendo discriminadas. Y, lo peor, como denuncian distintas organizaciones, seguirán siéndolo con la nueva ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) que prepara el Gobierno, ahora compuesto por PSOE y Unidas Podemos.
“Si volviera a venir a España, ahora no te dan ni NIE provisional. Me habrían dado una hoja en blanco, no existiría en los sistemas. Te ves en un limbo. Y es un horror, porque cuando sales de tu país, no sales porque quieres, vienes cargando un duelo migratorio, sin tus costumbres, sin tu familia, lo que genera más ansiedad”, denuncia Maykol. Es decir, atenta clínicamente contra la salud de las personas: “Terminas cayendo en un bucle, en una depresión… Yo me intenté suicidar”.
Este jueves, Día Mundial de la Salud, más de 300 organizaciones sociales, sociedades científicas, colectivos y casi 1.400 profesionales sanitarios han entregado un manifiesto en el que reclaman al Gobierno que ponga fin definitivamente a la exclusión sanitaria en la nueva legislación. “Solo pedimos una cosa: volver al sistema sanitario previo a 2012. No pedimos más”, resume Raquel González, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, una de las entidades denunciantes. Según la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), los más de 5.000 casos que tienen documentados “solo representan la punta del iceberg de un problema cuyas dimensiones reales son mucho mayores”.
Como problema de fondo, las organizaciones indican que el anteproyecto, presentado este miércoles en el Consejo Interterritorial, diferencia el derecho a la atención sanitaria en función de la situación administrativa de la persona, y exige más requisitos a quienes están en situación irregular. Una de las principales denuncias es el tiempo mínimo de estancia en España. “El único criterio para reconocer este derecho a las personas extranjeras debería ser la residencia efectiva en el país, algo que puede demostrarse por medios como el empadronamiento, certificados de escolarización de menores a cargo o informes de organizaciones sociales. Actualmente, esta exigencia está suponiendo retrasos de semanas y meses para recibir asistencia, con el consiguiente impacto negativo sobre la salud de las personas y, en algunos casos, está poniendo en riesgo su vida. El temor infundado al llamado ‘turismo sanitario’ no justifica esta medida para la que ya existen otros mecanismos de control”, sostiene el manifiesto.
“En el anteproyecto esto está peor que en el decreto de 2018, porque en ese tiempo, las personas con un visado de turista sí pueden acceder con un informe social, aunque en la práctica las comunidades autónomas hacen lo que quieren. Pero ahora el anteproyecto exige directamente un mínimo de 90 días de residencia. Es una barbaridad. A nivel científico no tiene ningún sentido. Es como si en 90 días no te pudieras poner enfermo. Y eso antes de 2012 no estaba”, explica González.
Las entidades y personas firmantes también exigen que se garantice, siempre y en todo caso, la asistencia con cargo a los fondos públicos a personas menores de 18 años, embarazadas, solicitantes de protección internacional, apátridas y víctimas de trata, además de a todas las personas que necesiten atención de urgencias y en situaciones de salud pública. “Porque en el anteproyecto se abre la puerta a una posible facturación posterior”, añade González.
En el caso de las personas ascendientes que llegan a España en procesos de reagrupación familiar, también piden que se promuevan las modificaciones legislativas necesarias para que tengan derecho a la atención sanitaria con cargo a los fondos públicos, “algo que todavía no aparece recogido en el nuevo texto del Gobierno, a pesar de haberse comprometido a ello”. Además, reclaman que se garantice la inclusión del derecho a la prestación farmacéutica con un régimen que no discrimine por la situación de irregularidad administrativa y que se reconozca, de forma expresa, la exención de copago farmacéutico en los casos de especial vulnerabilidad. “Hay lagunas que dejan la puerta abierta a las comunidades autónomas a que hagan lo que quieran. Por tanto, el Ministerio tiene mucha responsabilidad. Queremos volver a ser ejemplo de sanidad pública y universal”, concluye González.
El manifiesto es muy claro: “Pedimos al Gobierno que asuma su responsabilidad, que redacte una ley que otorgue tarjeta sanitaria a todas las personas para garantizar su acceso y que vele por la equidad y la ausencia de discriminación en la aplicación de la ley en todo el territorio español”.
