Vitoreado y enérgico como pocas veces se le ha visto desde el inicio de su mandato, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha protagonizado el famoso discurso anual del “estado de la unión” el pasado martes, cumpliendo con la obligación inscrita en la Constitución de informar a los ciudadanos sobre las cuestiones más relevantes del país. En contraste con el discurso más sosegado y prudente que lanzó en la rueda de prensa celebrada para conmemorar el primer aniversario de su legislatura, el tono combativo actual –acompañado por miembros del Congreso, el Ejecutivo y el poder judicial con alegría y aplausos– ha estado marcado por dos temas insoslayables: la invasión rusa de Ucrania y el fortalecimiento de la economía doméstica a partir de distintas medidas que se traducirían en mejoras sociales para el ciudadano de a pie.
La unidad del “mundo libre” y el heroísmo ucraniano han ocupado buena parte del evento, que también ha sido utilizado para anunciar el cierre del espacio aéreo estadounidense a aviones rusos, como ya hicieron la Unión Europea y otros cinco países. En un alarde de romanticismo bélico, Biden expresó que “la gente está parando los tanques con su cuerpo” en el antiguo territorio soviético y aprovechó el momento para honrar a la embajadora ucraniana, presente durante el discurso. El envío de ayuda humanitaria y militar por valor de 1.000 millones de dólares fue asimismo recalcado, destacando que Estados Unidos no enviará tropas directamente al territorio en conflicto puesto que su deber es únicamente defender a los países de la OTAN. Mencionó además cómo las sanciones económicas están ahogando al país controlado por Putin y la bajada del rublo en un 30%, no sin antes recordar que estas medidas no deberían afectar a la salubridad de la economía estadounidense, sofocada por una inflación del 7,5%, la más alta en cuarenta años.
Para atajarla, así como limitar la dependencia de China, Biden enfatizó una serie de iniciativas, algunas en proceso y otras sacadas de un programa electoral que se ha encontrado con multitud de barreras en la Cámara de Representantes y, sobre todo, en el Senado, a lo largo de su presidencia. En este sentido, ha evitado referirse al que era su plan estrella, el Build Back Better, bloqueado por el legislativo hace varias semanas, y ha nombrado en su lugar algunas medidas que lo conformaban, esta vez por separado: no desiste de querer aprobar una subida del salario mínimo a 15 dólares la hora (ahora está en 7,25), ni bajas por enfermedad o maternidad –inexistentes a nivel federal–, ni subsidios a las guarderías, todo ello aún en el aire.
En lo que respecta a las cifras de empleo, boyantes, el presidente se ha congratulado de añadir cinco millones de trabajos a la economía, y ha prometido miles más asociados a una revitalización de la manufactura y un fortalecimiento general del tejido empresarial que pase por fomentar la competitividad y limitar los monopolios. Intel “va a construir un mega-complejo de semiconductores” en Ohio, destacó antes de saludar a su CEO, Pat Gelsinger, que asistió al discurso. Con esto ha querido demostrar que la carencia de chips, provocada por la disrupción de la cadena de suministros, según él por causa de la pandemia, ha contribuido a encarecer el mercado del automóvil y este, a su vez, a la temida inflación.
Otros asuntos como la contención del COVID-19 mediante vacunas y tratamientos antivirales gratuitos, una esperada bajada de los precios de los medicamentos que no llega, y la protección del derecho al voto, cada vez menos garantizado, como prueban las leyes que han sido aprobadas recientemente en 19 Estados para impedir que la población –fundamentalmente las minorías étnicas– tenga acceso a las urnas, también han sido motivo de mención. Esta última propuesta de ley por el sufragio, a pesar de su imperiosa necesidad, ha ocupado un lugar secundario, puesto que se trataba de subrayar una defensa acérrima de la democracia frente al dictador Putin en un relato que continuamente marcaba la línea divisoria de un contexto geopolítico partido en dos bloques.
Al final, Biden ha terminado con una serie de objetivos de salud pública a largo plazo como reducir la incidencia de cáncer, paliar la crisis de opiáceos que asola el país desde hace lustros y el año pasado se saldó con 100.000 víctimas mortales (el presidente solo ha proporcionado cifras de las personas en tratamiento de desintoxicación: 23 millones) y aumentar el dispositivo de salud mental. El coste de todos los servicios sociales nombrados sería sufragado por las grandes fortunas, clarificó.
El gran ausente, excepto por una breve nota sobre la promoción del coche eléctrico, ha sido el cambio climático. La lucha contra la emergencia medioambiental quedó opacada por la aprobación de un plan de infraestructuras el pasado verano donde, en teoría, se incluían medidas para enfrentarla; en la práctica, se trata de un plan de obras públicas destinado a elevar a la potencia mundial en el ranking de países con mejor infraestructuras: ahora ocupa el puesto decimotercero, frente al séptimo lugar de España o el primero de Singapur.
Para eso, y contener además la crisis energética que genera la lid rusa, hace falta petróleo: “Puedo anunciar que Estados Unidos ha colaborado con otros 30 países para liberar 60 millones de barriles”, afirmó. Queda clara la tendencia global que se desprende de sus palabras: planes de descarbonización abandonados en pro de la contienda, polarización que recuerda a la Guerra Fría aunque sin equivalencias ideológicas, y relocalización industrial; todo ello rematado por un “¡a por ellos!”, proclama con que ha finalizado su alocución.
