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El 15 de noviembre de 2021 se presentaba públicamente el PERTE Salud de Vanguardia, con una inversión de 1.469 millones de euros. Este mecanismo económico se enmarca en los Fondos Europeos Next Generation EU y está recogido como una de las joyas de la corona del Plan de Recuperación y Resiliencia España Puede. Así, estos fondos europeos, que están llegando a los estados como mecanismo de recuperación frente a la crisis económica derivada de la COVID-19, deben ayudar a paliar los efectos de estos dos años de pandemia. Pero, a pesar de tener la Atención Primaria desbordada y los hospitales colapsados, el PERTE de Salud no está pensado para reforzar la sanidad pública.
“Nos equivocaríamos si pensamos en el PERTE como un proyecto que ayude a impulsar la actividad sanitaria. En un primer momento podríamos haber pensado que iría dirigido a la actividad asistencial, pero en realidad servirá para promover el sector y la industrialización”. Con estas palabras ha definido el PERTE Ramon Maspons, director del área de Innovación y Prospectiva de la Agencia de Calidad y Evaluación de Catalunya (AQuAS), un grupo consultivo creado por la Generalitat para analizar proyectos y oportunidades económicas en un futuro postCOVID. Y es que, tal y como ha dejado claro Maspons en un acto de presentación del PERTE a las empresas catalanas, estos fondos no están pensados para impulsar la sanidad como servicio público, sino como negocio privado.
En este sentido, no es baladí que el ministerio que gestiona este proyecto tractor no sea el Ministerio de Sanidad, sino el Ministerio de Ciencia e Inovación. La salud de la población es «el objetivo último a conseguir a través de las inversiones», tal y como ha asegurado Cristobal Belda, director del Instituto de Salud Carlos III. Y, para alcanzar este objetivo, los casi 1.500 millones de euros irán destinados a la digitalización de la salud, implantando técnicas de Inteligencia Artificial en los hospitales y centros de atención; mejorando las infraestructuras y la maquinaria hospitalaria e implementando terapias emergentes y medicina personalizada.
Para ello, la implicación de la empresa privada es fundamental. Por eso, los 1.500 millones del PERTE son una suma de 982 millones de dinero público y casi 487 millones de inversión privada. Así, la empresa y los lobbies médicos, en tanto que financiadores de un tercio del PERTE de Salud, tienen también un papel decisivo en la toma de decisiones y en la detección de los proyectos que, presentados por otras empresas privadas, se llevarán parte del capital.
Para tal efecto se ha creado la Alianza Salud de Vanguardia, formada por los ministerios de Ciencia y Sanidad, por representantes de las Comunidades Autónomas, por patronales como Farmaindustria y asociaciones empresariales como los lobbies farmacéuticos AseBio y Fenin. Cabe mencionar, igualmente, que estos nombres ya aparecen en el documento que el Gobierno español publicó para presentar el PERTE, puesto que figuraban como empresas “que ya habían mostrado su interés en colaborar” y eran potencialmente beneficiarias de las ayudas, conformando así un potencial conflicto de interés, en caso de que, finalmente, estas empresas acaben recibiendo fondos públicos.
¿Quién se llevará a los millones?
«El sector de la salud en España es un gran dinamizador de nuestra economía, con un claro potencial de desarrollo e innovación«. Estas fueron palabras de Pedro Sánchez en la presentación del PERTE, todavía en medio de una pandemia que ha arrasado con el sistema de salud pública y que no es capaz de atender a toda la ciudadanía. “Queremos desarrollar procedimientos y mecanismos que sean capaces de añadir valor verdadero a lo real: tratamientos, rehabilitaciones, diagnosis y prevención”, dice Belda. En otras palabras: el PERTE quiere capitalizar y monetizar la salud pública. Y por eso “la colaboración de todos los sectores de la Salud es esencial. Y el camino es la colaboración público privada”, ha añadido.
Este tipo de unión entre empresa pública y privada es un mecanismo de inversión arriesgado que pone todo el peso del riesgo en las arcas públicas, mientras que el potencial gran beneficiario es el inversor privado, que queda salvaguardado en caso de quiebra. Y para muestra, basta recordar qué pasó con el proyecto Castor, que supuso una deuda millonaria que se paga en la factura del gas de toda la ciudadanía, mientras que los empresarios que invirtieron -entre ellos Florentino Pérez- recibieron compensaciones por valor de 1.755 millones de euros. Esto es una colaboración público privada y este es el camino que han elegido las administraciones españolas para salir de la crisis económica.
Ante este mecanismo, varias organizaciones reclaman al gobierno español y a las administraciones garantías de transparencia para saber a qué empresas irá a parar el dinero y por qué. En esta línea, entidades como la Plataforma Open Generation EU denuncian carencia de garantías de acceso a la información ya desde el diseño de los fondos europeos, plasmado en el Real Decreto Ley 36/2020, según el cual se regula la ejecución de ese dinero. Pero, según denuncian miembros del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el gobierno está incumpliendo las pocas garantías de transparencia que él mismo fijó en este decreto ley.
Y es que, tal y como se establece en el texto legislativo en su artículo 9, el Ministerio de Hacienda se compromete a crear un “Registro estatal de entidades interesadas en los PERTE”, en el que “se inscribirán todas las entidades vinculadas al desarrollo de un PERTE”. Este registro, que según el Real Decreto Ley «será público», todavía no ha sido creado ni publicado, aunque el gobierno español ya ha aprobado tres PERTE, que se encuentran en marcha.
«Nos preocupa que no haya ningún mecanismo de escrutinio público que ofrezca los nombres de las empresas interesadas y beneficiarias de los fondos europeos», aseguran desde el ODG. Ante esta preocupación, la entidad ha decidido interponer una queja a la Sindicatura de Greuges de Barcelona por incumplimiento de la ley. El Síndic y ex presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC), David Bondia, ha asegurado que, aunque la queja sobrepasa las competencias de la sindicatura, “le elevaremos a los órganos competentes acompañada de una investigación propia para velar por el derecho a la información de la ciudadanía”.
