Todas las violencias de género son correctivas. No solo se dirigen hacia una mujer en concreto sino que, de forma más o menos velada, lanzan un mensaje a todas las mujeres. Por ejemplo, el de que este sitio –sea el espacio público o el Congreso de los Diputados– no les corresponde. Desde hace años, el acoso contra mujeres con cargos políticos es un goteo incesante que se agudiza cada vez que su presencia pública es más notable. Ocurre con Irene Montero, con Yolanda Díaz o Adriana Lastra como ya ocurrió con Bibiana Aído o Leire Pajín.
Aunque «vivimos en un contexto político violento», la violencia contra mujeres en el ámbito de la política «no es un fenómeno nuevo», explica la profesora de Derecho Constitucional y directora de la Oficina para la Igualdad de la Universidad de Extremadura, Silvia Soriano, quien trabaja en una investigación sobre este tipo de violencia en el contexto de la política extremeña. Si vemos a ministras, «a las políticas famosas», sufrir acoso, ¿qué no pasará en los pueblos?, se pregunta Soriano.
Para abordar esta forma de violencia contra las mujeres, la experta considera que urge analizarla para, como mínimo, «saber que existe». Propone acudir al trabajo que llevan años haciendo en América Latina, donde se ha desarrollado un marco jurídico de referencia sobre la violencia o el acoso a mujeres en política. La Ley Modelo Interamericana sobre violencia política contra las mujeres entiende que esta impide y limita la participación política de las mujeres. Esta es una de las principales consecuencias de lo que cada semana ocurre en forma de tuits, bulos e incluso artículos de opinión en periódicos.
Soriano ahonda así en las especificidades del acoso contra las mujeres, independientemente del que también puedan enfrentar los hombres: «Se refiere a sus cuerpos, con connotaciones sexuales, o al cuestionamiento de los roles tradicionales asignados a las mujeres. Por ejemplo, a los hombres no se les amenaza con violaciones. A las mujeres se las cuestiona como cuidadoras, como madres (con frases como «¿quién está cuidando de tus hijos o hijas?») y también como parejas («con cuánta gente se habrá acostado para llegar ahí», por ejemplo)».
¿Hay un repunte de violencia hacia las mujeres en política? ¿Tiene que ver con una mayor presencia de mujeres en primera línea?
No podemos saber datos porque no contamos con estudios empíricos que nos permitan saberlo. En América Latina sí lo han estudiado, por ejemplo, en relación con las legislaciones en materia de paridad electoral. Si este tipo de violencia contra las mujeres se entiende como un ejemplo de resistencia a la asunción de poder por parte de ellas, evidentemente, el hecho de que haya más y con más responsabilidad, hace que las resistencias sean mayores y más evidentes. Vivimos en un contexto político violento y últimamente se ha recrudecido todo tipo de violencia en este ámbito o, al menos, así lo percibimos.
¿Qué pasos deben darse para abordar esta violencia?
Me reitero en la necesidad de estudios específicos que aborden la problemática, la identifiquen, la nombren y analicen sus consecuencias. No podemos abordar un problema sin conocerlo. El ejemplo que nos llega de América Latina y su trabajo previo es que han desarrollado legislaciones específicas o previsiones en la legislación general sobre violencia contra las mujeres en el ámbito político. También ONU Mujeres hace tiempo que viene trabajando la cuestión.
Tenemos muy presente el acoso contra ministras. ¿Qué ocurre a nivel autonómico y municipal? ¿Qué especificidades tienen estos contextos?
A mí me preocupa especialmente el ámbito municipal, sobre todo el de los pueblos pequeños. En estos contextos, los daños pueden ser mayores aunque la violencia sea menos explícita. Se da especialmente violencia simbólica; se difunden bulos en el pueblo que llegan directamente a toda la familia; los vecinos y vecinas pueden tocar a la puerta de tu casa y todo el mundo te ve cuando vas a por el pan. De ahí –entiendo yo– que las mujeres repitan menos en los cargos en el ámbito local que en otros.
Además, el contexto local –hablamos de municipios medianos y pequeños, no de Madrid o València, cuyas características son distintas– no tiene tanta atención mediática. La visibilidad de las mujeres políticas de ámbito estatal, autonómico o de grandes municipios es mucho mayor y lo que les pase a ellas tiene mayor repercusión.
¿Cuáles son las principales consecuencias en la carrera política de las mujeres?
Lo que nos dicen los datos es que las mujeres repiten menos en el cargo que los hombres en política municipal. Evidentemente, esto tiene repercusiones en su carrera. Si ya somos conscientes de que a las mujeres nos cuesta más llegar; nos cuesta más participar en política por la ausencia de conciliación y siguen siendo necesarias medidas de acción positiva para llegar, imagínate hacerlo y no querer quedarte. Y no me refiero a quedarte eternamente ocupando un puesto en política institucional sino dejar la posición que has alcanzado o no querer repetir en ella.
Evidentemente, esto se traduce en que nadie contará más contigo, ni podrás optar a otras posiciones. En el ideario colectivo que no atiende al género, tu paso por la política habrá quedado como que eres una floja, que no aguantaste la presión. Si no nombramos este tipo de violencia como específica, con características y consecuencias específicas, seguiremos pensando que no existe.
¿Y qué impacto tiene sobre la calidad democrática?
Todavía no hemos terminado de luchar y trabajar para conseguir que las mujeres lleguemos a los espacios de poder en condiciones de igualdad y ya están consiguiendo que no queramos estar. Por supuesto, toda la violencia contra las mujeres tiene ese componente ejemplificante y, en este caso, parece que incluso más. ¿Cómo van a querer las mujeres jóvenes aguantar esos niveles de violencia, el descrédito, el daño a las familias, si por la tele ven cómo otras lo sufren? O cómo has visto sufrirlo a tu vecina del pueblo.
Es fundamental abordar este problema en serio. Analizarlo, ponerle nombre y buscar soluciones.
