Zarzuela parece haber perdido el dominio de su agenda. Horas después de celebrar el fracaso del golpe del 23-F de 1981, y de haber glosado, aunque fuera de manera discreta, el papel de Juan Carlos I en aquella crisis, una noticia vuelve a sacudir la institución monárquica. El rey emérito ha presentado una nueva petición de regularización con Hacienda, esta vez por 4 millones de euros, correspondientes a 8 millones en ingresos no declarados desde 2008.
Juan Carlos I ya hizo una solicitud similar el pasado mes de diciembre, cuando abonó 678.393 euros a la Agencia Tributaria por pagos recibidos entre 2016 y 2018. En ese periodo, después de haber abdicado en su hijo Felipe VI, no disfrutaba ya de la inviolabilidad de la que gozaba siendo jefe del Estado. En ambas regularizaciones aparecen terceras personas relacionadas con los ingresos del exmonarca. Primero fue el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Ahora, dentro de esa red que mueve las finanzas del rey emérito, aparece el nombre de su primo Álvaro de Orleans, identificado desde hace tiempo como el hombre que maneja las cuentas opacas del exrey.
Este primo preside y administra la fundación Zagatka, radicada en Liechtenstein (de facto, un semiparaíso fiscal) y dedicada a reivindicar la figura histórica de Juan Carlos I y a dar apoyo a otras casas reales. Según los abogados del emérito, estos nuevos 8 millones corresponden al pago de vuelos privados. En ellos viajaba el exrey y los abonaba la fundación. Según el fisco, eso es un pago en especie y debe declararse. Pero parecen muchos vuelos o demasiado dinero. ¿Algo no cuadra? Efectivamente, así lo cree el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha.
Para empezar, sorprenden las regularizaciones a voluntad que está presentando Juan Carlos I. Las facilidades que está recibiendo para ponerse al día con Hacienda evidencian una clara diferencia de trato. El emérito no es un contribuyente más. Carlos Cruzado, presidente de Gestha, cree que ya en la primera regularización Hacienda no investigó suficientemente sus finanzas. “Hace falta arrojar mucha luz. Y en este sentido, la inactividad de la Agencia Tributaria no ha aportado una gran claridad sobre el tema”, declaró Cruzado en Radio Nacional.
Las dudas se repiten ahora. ¿Esos 8 millones fueron una donación por parte de la fundación que preside su primo o un pago en especie? Si medió una contraprestación, ¿cuál fue? ¿Se trata, presuntamente, de ingresos no declarados como comisionista? Todas estas preguntas planean sobre la investigación de los movimientos financieros del exmonarca, quien vive hoy, voluntariamente, en Emiratos Árabes Unidos, lejos de las pesquisas del fisco y de la justicia española.
En la citada fundación Zagatka, Juan Carlos I aparecía como tercer beneficiario (por detrás de su primo Álvaro y del hijo de este, Andrés); y el actual rey de España, Felipe VI, aparecía como el cuarto. El año pasado, cuando renunció a la herencia de su padre por medio de un comunicado, el actual jefe de Estado aseguró que no conocía su designación como beneficiario de esta fundación y que rechazaba cualquier ganancia derivada de ella. Acto seguido, el monarca emérito, sus hijos y sus nietos fueron eliminados del patronato de la institución.
Apoyo político
El poder político ha juzgado este distanciamiento como sincero a tenor de lo sucedido ayer en el Congreso. PSOE y PP aunaron fuerzas para tumbar la iniciativa de Esquerra Republicana de eliminar la inviolabilidad del monarca. Un 80% de la Cámara Baja expresó su negativa a añadir ningún contrapeso al poder real. Felipe VI no es un ciudadano más y, en caso de delinquir durante su reinado, no podrá ser juzgado. Y si se toma el ejemplo de Juan Carlos I, es bastante probable que después tampoco.
Las críticas a la ¿última? regularización fiscal del exmonarca se han multiplicado entre los partidos de tendencia republicana. El PSOE, abonado desde hace décadas a una disociación política esotérica (alma republicana y cerebro monárquico), salió en cambio a defender las maniobras de Juan Carlos I desde Abu Dabi. “Es el ejemplo de que este es un país que funciona”, aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en declaraciones a Canal Sur.
“En nuestro país se le exige cuentas a todo el mundo. Es una democracia con un Estado de derecho riguroso en el que nadie se puede saltar la ley”, añadió Calvo. Y no quiso ahondar más en el tema, ya que el Gobierno no debe opinar sobre los movimientos financieros de un particular. Así considera al exrey, quien, a su juicio, “no deja de ser un ciudadano que tiene que rendir sus cuentas, en este caso fiscales”.
Ese trabajo de vigilancia debe hacerlo Hacienda pero, según el sindicato Gestha, no se está esforzando demasiado en el caso de Juan Carlos I. Hace tiempo que se conocían las actividades de la fundación Zagatka. “Hay informaciones desde hace meses”, explicaba Carlos Cruzado. “Se han publicado muchas cosas sobre estos gastos y estos viajes del rey emérito y de Corinna [Larsen, su ex compañera sentimental]. Había indicios más que suficientes para que la Agencia Tributaria hubiera abierto la correspondiente investigación”.
¿Quién fiscaliza al rey?
Políticamente, en España siempre ha habido una fuerte reticencia a elaborar una ley de la Corona que diga claramente lo que el rey puede o no puede hacer. No está claro si, además de percibir su sueldo del Estado, puede trabajar, por ejemplo, como comisionista en grandes operaciones financieras (como la construcción del AVE de Medina a La Meca, por citar un caso concreto y aún abierto). Esta falta de concreción, sumada a su inviolabilidad, pudo favorecer, según todos los indicios, los negocios personales de Juan Carlos I.
A falta de una fiscalización política efectiva, la prensa española tampoco ha ejercido su función de contrapoder cuando se ha tratado del tema del rey. “La prensa extranjera ha publicado cosas que aquí no han salido. Eso me avergüenza como profesional y como españolito. No terminamos de ser una democracia de calidad”, decía el periodista José García Abad en una entrevista. Según su colega Gregorio Morán, el exrey descubrió muy pronto, desde la misma muerte de Franco, que “más que inmune, es impune”. Las lagunas legales le dieron un amplio margen para actuar así.
La Corona, como institución fuertemente desregulada, provoca sospechas. No es extraño que la periodista Pilar Urbano, autora de varios libros sobre el tema, dijera que “la casa más oscura de España es la Zarzuela”. Pero ni el Parlamento, ni Hacienda, ni la prensa (hasta hace muy poco) han tenido demasiadas ganas de arrojar luz sobre ella.
Una encuesta encargada recientemente por la Plataforma de Medios Independientes indicó que casi un 80% de los españoles y las españolas está a favor de que el rey pueda ser juzgado estando en el ejercicio de su cargo. El porcentaje es prácticamente el mismo que el registrado en la votación sobre su inviolabilidad… solo que en sentido contrario.
