Política

Una radiografía del sistema policial: de ‘Antidisturbios’ a la realidad

El refuerzo de agentes como respuesta a la pandemia impulsado por los distintos gobiernos pone en evidencia un problema que viene de lejos y que también sucede en España: la falta de control de quienes controlan el orden.

Policías en el Congreso de los Diputados. ÁLVARO MINGUITO

Dani Domínguez

13 noviembre 2020 Una lectura de 10 minutos

Durante los meses que duró el primer estado de alarma por la pandemia, las imágenes de presuntos abusos policiales o comportamientos inadecuados por parte de algunos agentes corrían por las redes sociales. “Pido que no elevemos la anécdota a categoría”, contestó, a preguntas de La Marea en una rueda de prensa telemática, el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional (DAO), José Ángel González.

Hemos vuelto otra vez al estado de alarma y, por el camino, los gobiernos han insistido en el refuerzo policial –en ocasiones por encima del refuerzo sanitario, como en la Comunidad de Madrid– para hacer frente a la pandemia. Al mismo tiempo, el Estado español ha recibido una condena. A principios de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por una vulneración del derecho de manifestación. Ocurrió el 2 de febrero de 2014 en Valladolid, mientras un grupo de personas mostraba su rechazo a los recortes. Según el TEDH, la concentración “discurría pacíficamente hasta su dispersión”, cuando los antidisturbios hicieron un “uso injustificado de la fuerza”. Un año antes, la ONG Amnistía Internacional alertaba de que “el uso excesivo de la fuerza y la utilización inapropiada de material antidisturbios por parte de miembros de la policía nunca puede estar justificado”, en relación con las protestas que se sucedían en Catalunya. Ante ello, la organización pedía “desescalar la tensión y garantizar el derecho de reunión pacífica”.

El recurso sistemático de políticas represivas como primera opción “es el resultado de un cierto fracaso institucional”, sostiene el sociólogo César Rendueles. “Pasa un poco lo mismo con el gel hidroalcohólico que usamos a todas horas aunque sabemos que seguramente no es de mucha ayuda para prevenir los contagios. La razón es que otras medidas más eficaces, como fortalecer la atención sanitaria, mejorar la ventilación de los espacios cerrados o evitar las aglomeraciones, no están a nuestro alcance, y sentimos que al echarnos el gel ‘al menos hacemos algo’. España es un país con muy pocos médicos y una sanidad que hace aguas, pero con muchos policías. Así que las medidas represivas nos hacen sentir que ‘al menos se hace algo’. Es una dinámica que se retroalimenta con el contraataque de las élites sociales y económicas, que han tomado posiciones con mucha firmeza para defender sus privilegios y están instrumentalizando esta normalización de la represión. En realidad, un estado de alarma se parece bastante a una utopía de extrema derecha: el ejército en la calle, comunitarismo represivo, efusiones de unidad nacional”, argumenta Rendueles, quien acaba de publicar Contra la igualdad de oportunidades. Un panfleto igualitarista (Seix Barral).

El fallo del TEDH llegó en mitad de la polémica por las cargas policiales contra las personas del barrio madrileño de Vallecas que protestaban frente a la Asamblea de la Comunidad de Madrid en apoyo a la sanidad pública y contra las restricciones selectivas en los barrios obreros. “Golpear en la cabeza a una joven de 17 años, dar un rodillazo en la cara a un detenido, propinar un cabezazo con el casco puesto a un joven ya esposado, son agresiones manifiestamente ilegales e inaceptables en democracia”, denunció la portavoz de Podemos en la Asamblea madrileña, Isabel Serra. Ella misma ha sido condenada, de acuerdo al testimonio de los agentes y los informes periciales, por delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños cuando trataba de evitar un desahucio en Lavapiés (Madrid) en el año 2014. Es el mismo barrio en el que ocurren los sucesos que ambientan la serie Antidisturbios y donde se reprime con dureza a los miembros de Stop Desahucios.

Es, por tanto, un debate sin resolver –como mostró la respuesta del DAO–, que indica que no se trata de anécdotas, sino de un problema agarrado a la raíz. ¿Quién controla a las fuerzas del orden? ¿Reciben formación actualizada y adecuada a los nuevos tiempos? ¿Está ocurriendo ya en España lo que denunciamos desde España en otros países como Estados Unidos? ¿Es real lo que podemos ver en series como la estadounidense Creedme o Antidisturbios?

antidisturbios — Imagen promocional de la serie ‘Antidisturbios’

A las organizaciones de policías no les ha gustado esta última, emitida en Movistar+. “Es una auténtica basura”, escribía Jupol, el sindicato mayoritario del Cuerpo Nacional de Policía, en Twitter. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), por su parte, ha denunciado que la obra creada por Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen “daña la imagen de la Policía Nacional” y ha exigido a la Dirección General de la Policía “depurar responsabilidades […] por permitir que la serie vulnere a los policías”. Sin embargo, una parte importante de las acciones que ocurren en la serie –a pesar de tratarse de una obra de ficción– tiene paralelismos con hechos ocurridos en la realidad, incluso con denuncias de estos mismos sindicatos. Estos son algunos ejemplos.

Fuerza y contundencia en Linares

En el primer capítulo, de camino al piso donde tienen que ejecutar el desahucio que desencadena la trama, el veterano Úbeda (interpretado por Roberto Álamo) interpela al recién incorporado Elías Bermejo (Raúl Prieto):

-¿Tú sabes cómo funciona esto?
-¿El qué?
-¿El lanzamiento?
-Sí, sí, claro, también he pasado por Linares, ¿eh?

Algunos capítulos más tarde, a preguntas de Asuntos Internos, el policía vuelve a hablar de la localidad jienense:

-¿Cómo valora la actuación de sus compañeros en el lanzamiento de la Calle El Olivo?
-No tengo nada con qué comparar.
-¿Diría que se ajusta a un uso proporcionado de la fuerza?
-Se ajusta a lo que te enseñan en Linares.

Se refiere al Centro de Prácticas Operativas de la Policía Nacional La Enira, en esta localidad andaluza. En el complejo, según se explica en la propia página web de la Policía, se llevan a cabo “las actividades docentes de adiestramiento táctico-operativo de unidades policiales”. En La Enira –poblado construido en los 70 para acoger a los trabajadores de la Empresa Nacional de Industrialización de Residuos Agrícolas– se entrena a los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) o a las Unidades de Intervención Policial (UIP), los famosos antidisturbios, entre otros. De ello habla el personaje al que da vida Raúl Prieto, de ese complejo de más de 72.000 metros cruadrados en los que se realizan “prácticas de protección de personalidades y edificios, incidentes con rehenes, ejercicios de conducción de seguridad, asaltos de inmuebles, simulaciones de secuestros y extorsiones, prácticas de tiro o defensa personal”. Allí se forman los policías encargados de lidiar con multitudes o de realizar los desahucios, dos acciones que aparecen ejemplificadas en la serie y que, en numerosas ocasiones, han estado bajo lupa por “exceso de violencia”.

“No son agresivos”, defendía el SUP en redes sociales en referencia a las imágenes aparecidas en la obra de Peña y Sorogoyen. Sin embargo, el propio sindicato policial denunciaba en 2012 que los antidisturbios estaban recibiendo órdenes para utilizar más fuerza y actuar de manera más contundente, según se desprendía de un entrenamiento de la UIP en Linares que había sido retransmitido por la televisión. En una carta remitida al por entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el SUP denunció que tres escudos de protección se rompieron debido al impacto de pelotas de goma, lo que dejaba entrever que desde los mandos se dieron instrucciones de “vulnerar el protocolo de actuación no disparando al suelo, sino directamente a los escudos para que en el futuro se haga sobre los ciudadanos”, suponía el sindicato en la misiva.

Según la organización sindical, el gobierno del PP estaba buscando “un muerto, ya sea policía o ciudadano” para así poder justificar una mayor dureza contra quienes en ese momento tomaban las calles para protestar contra los recortes. Esto, decían, acabaría por situar al cuerpo “más cerca” de la Policía franquista que de la “democrática” que “tanto trabajo” les costó construir, y desembocaría en “reproches” sociales hacia las fuerzas policiales. Preguntado por estas cuestiones, el SUP ha declinado responder a las cuestiones enviadas por La Marea.

Falta de efectivos y descoordinación

La serie también recoge el panorama de falta de medios y descoordinación que muchas veces han denunciado en la vida real algunos sindicatos. Algunas escenas de la serie se grabaron, de hecho, en dependencias de la Policía. “Cuidado con la silla, que te la pegas”. El estado deplorable de las instalaciones policiales se aprecia a la perfección: el material desvencijado o las paredes desconchadas se suceden durante los distintos capítulos. La falta de efectivos para realizar el desalojo de la vivienda es, además, la que da lugar a la tragedia que desencadena la trama.

Las denominadas Marchas de la Dignidad acaecidas el 22 de marzo de 2014 son también un ejemplo real de ello: se saldaron con un centenar de heridos, muchos de ellos antidisturbios. Decenas de estos se concentraron un día después frente a la sede de Moratalaz (Madrid) para denunciar la “mala gestión”. El entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, reconoció “fallos de coordinación y comunicación” durante el operativo. El operativo, por cierto, recuerda mucho a otra de las escenas de la serie en la que uno de los miembros de la patrulla se ve acorralado por cuatro ultras del fútbol, que acaban dándole una paliza.

La venganza del resto de compañeros hacia los agresores tampoco ha gustado a las organizaciones policiales. Sin embargo, este momento de la ficción también guarda similitudes con los hechos ocurridos en abril de 2010 frente a una discoteca cercana a la plaza madrileña de Callao. Tras la detención de dos personas, los agentes persiguieron a otro hombre que se dio a la fuga sin motivo aparente. Pocos metros después, según la Audiencia Provincial de Madrid, golpearon al joven por todo el cuerpo, una acción a la que se unieron otros agentes no identificados. Tardó más de medio año en recuperarse de las lesiones. Los agentes fueron condenados a tres años y tres meses de prisión por delitos de detención ilegal y lesiones, aunque finalmente el Tribunal Supremo rebajó la pena a multas de 1.360 euros por policía y una indemnización de 10.000 euros a la víctima al considerar que había que aplicar un tipo penal “menos grave” al delito de detención ilegal. El Supremo les absolvió, además, del delito lesiones a pesar de que las mismas quedaron probadas.

El senador Carles Mulet García (Compromís) preguntó en febrero de este año por el número de denuncias “por posibles casos de tortura” que se han presentado en los últimos diez años en las comisarías de Policía Nacional. En la respuesta se recogen 118 denuncias por presuntas torturas desde 2009. En diciembre, la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas interpuso una condena contra España por considerar que no se había garantizado el proceso judicial a una mujer que había denunciado por tortura a cuatro agentes en Córdoba.

Este artículo forma parte del dossier de #LaMarea79. Puedes conseguirla aquí o suscribiéndote a la revista. Estos son otros titulares del dossier:

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