¿Deben ilegalizarse los partidos de extrema derecha en España?

Este artículo ha sido publicado en el nº 9 de La Marea, ya a la venta en quioscos y aquí

El pasado 11 de septiembre, un grupo de militantes de diferentes formaciones de extrema derecha entró a la fuerza en el Centro Cultural Blanquerna de Madrid, donde la Generalitat catalana celebraba la Diada. Allí empujaron a varios de los asistentes, entre ellos varios diputados, y lanzaron gas pimienta hiriendo a cinco personas. Éste es el enésimo acto de agresión fascista en el que participan individuos vinculados a partidos de extrema derecha que se produce en España. Un asalto que se saldó con la detención de 12 personas y que ha vuelto a sacar a la luz el debate sobre la necesidad o no de ilegalizar los partidos que promueven el odio.

En la acción participaron militantes de Falange Española, Democracia Nacional, España2000 y Alianza Nacional. Entre estos tres partidos no consiguieron más de 15.000 votos en las últimas elecciones generales del año 2011, más de la mitad de ellos en el País Valenciano.

Para Joan Antón Mellón, catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona, plantear la ilegalización de alguno de estos partidos por actos como el del 11 de septiembre “es algo muy complejo desde el punto de vista jurídico”. “Son legales porque sus estatutos lo son”, explica el catedrático, “más allá del comportamiento a nivel individual de sus miembros, es muy difícil ilegalizarles a no ser que expresasen sus ideas implícitamente en sus programas electorales”. Lo que sí pide Mellón es que “ya que estos partidos tienen una tradición de uso de la violencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les deberían hacer un seguimiento”.

El debate sobre la ilegalización o no se está planteando en otros países europeos. En Alemania, por ejemplo, el parlamento ha pedido abrir un proceso en el Tribunal Constitucional para declarar ilegal al NPD (Partido Nacionaldemócrata), algo que ya intentó en 2003 el gobierno de Gerhard Schröder. En este país es delito la apología del nazismo y está prohibido exhibir símbolos que inciten al odio o a la xenofobia.

En Grecia hace meses que se viene reclamando la ilegalización de Amanecer Dorado, tercera fuerza política del país. La muerte, el pasado 17 de septiembre, del rapero griego Pavlos Fyssas a manos, presuntamente, de un militante de este grupo de extrema derecha ha hecho que el gobierno pida al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre si Amanecer Dorado es una “organización criminal”. Ayer mismo, la Fiscalía curso orden de detención contra su líder, Nikos Michaloliakos y otros 38 cargos de la organización, entre ellos seis diputados.

En junio, el Ejecutivo francés inicio el proceso para ilegalizar al grupo ultraderechista Juventud Nacionalista Revolucionaria, al que pertenecían los acusados de asesinar al joven antifascista Clément Méric.

“El pensamiento no delinque”

¿Algo parecido podría suceder en España? Para José Luis Gordillo, profesor de Filosofía del Derecho en la Universitat de Barcelona, “un régimen democrático no puede cambiar el pensamiento, es algo que siempre se ha dicho en Derecho, que el pensamiento no delinque”.

El catedrático señala que “lo de Blanquerna son hechos delictivos que deben ser perseguidos por el Código Penal, pero no porque sea la extrema derecha, sino por lo que han hecho”. Así recuerda que “el Derecho penal democrático” es un Derecho de “los hechos” y no “del enemigo o del posible riesgo o peligrosidad social, como se decía durante el franquismo”.

Eso sí, Gordillo establece un límite claro que es “el ejercicio de la violencia” e incide en que “a la extrema derecha hay que combatirla, pero oponiendo argumentos”. Además, expresa también un riesgo asociado a la ilegalización y es que “todo lo que digas sobre la extrema derecha, el poder lo aplicará a la extrema izquierda”.

Ley de partidos y terrorismo

En el pensamiento de Gordillo coinciden la mayoría de expertos en Derecho consultados por La Marea, quienes recalcan que “la Ley de Partidos ha sido una barbaridad” y es muy difícil su aplicación a formaciones de extrema derecha. En su articulado, la Ley Orgánica 6/2002, establece que “un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático”.

Esta norma únicamente se ha usado para ilegalizar a partidos de la conocida como izquierda abertzale. En marzo de 2003, su aplicación llevó al Tribunal Supremo a declarar ilegal a Herri Batasuna por su rechazo a condenar la violencia de la banda terrorista ETA. Después fueron ilegalizados nuevos intentos de reestructuración de la izquierda abertzale como Euskal Herritarrok, Batasuna, Acción Nacionalista Vasca o el Partido Comunista de las Tierras Vascas. El motivo, que en sus listas aparecían nombres vinculados a Batasuna o a ETA. Finalmente, elaboraron una lista limpia (en la que no aparecían cargos de la ilegalizada Batasuna ni vinculados directamente a ETA) con la que se presentaron a las elecciones bajo la denominación Bildu.

¿Qué hubiese pasado si la izquierda abertzale hubiese sido la responsable del ataque al centro Blanquerna? Los juristas lo tienen claro, en ese caso se hubiese hablado de terroristas, “un concepto puramente ideológico” para el profesor Gordillo, y se hubiese rescatado la Ley de Partidos. Según el artículo 571 del Código Penal de 1995 (y que la reforma de Gallardón no plantea cambiar), terrorista es quien pertenece “a una asociación […] cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública”. Por lo tanto, según el catedrático Gordillo, “alguien que mate en el nombre de la unidad de España, no sería calificado de terrorista”.

Desde las asociaciones que combaten el fascismo y la xenofobia las posturas son muy diversas y no siempre coinciden. Por ejemplo, Movimiento contra la Intolerancia defiende que la Justicia “debe aplicar la legislación penal a quienes desarrollen actividades criminales contra el ejercicio de los derechos humanos y la legislación antiterrorista a los grupos neonazis que fomenten y practiquen la violencia y los crímenes de odio”.

Las organizaciones sociales reclaman cambios

Para esta ONG es necesario que fiscales y jueces tengan herramientas para actuar contra los delitos del odio y quienes los perpetran. La reforma del Código Penal recién aprobada por el Consejo de Ministros y que debe debatirse en el Congreso, sí tiene previsto tipificar como delito la incitación al odio o la violencia por raza, religión u origen, así como el negacionismo de crímenes de genocidio, específicamente el Holocausto, para alentar actos violentos.

Por su parte, David Karvala, de Unidad contra el fascismo y el racismo, afirma que “si se pueden ilegalizar los grupos fascistas, genial” pero confía más en “un movimiento social contra ellos”. Además, critica que se banalice sobre el tema, por ejemplo con declaraciones como las del ministro del Interior, Jorge Fernández Diaz, “quien comparó el ataque a Blanquerna con la quema de una bandera”. Una banalización que cuenta con el rechazo de los movimientos que luchan contra el fascismo y que alertan del riesgo de “pensar que todo es nazismo, o de usar la palabra nazi como un insulto común”.

Mientras, las agresiones continúan y cada vez  es mayor la presencia de banderas franquistas y esvásticas en redes sociales; este verano, varios militantes del PP se retrataron con insignias franquistas o haciendo el saludo fascista. Símbolos que volverán a verse en las manifestaciones organizadas para este 12 de octubre y en los actos de exaltación del 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco y de José Antonio Primo de Rivera.