«Resulta urgente adoptar y ejecutar todo un conjunto de políticas que eviten tener que tomar decisiones improvisadas como las adoptadas a lo largo de 2020 en Canarias, cuyas consecuencias todavía se mantienen vivas en el presente año». Así resume el Defensor del Pueblo la gestión migratoria en Canarias por parte del Estado en un monográfico publicado este miércoles y que ha sido remitido al Congreso.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, insiste que «de nuevo, hemos asistido a una carrera contra el tiempo en la búsqueda de lugares que permitan acoger con dignidad a las personas que llegan». Y fruto de esta improvisación, la gestión migratoria en Canarias ha hecho aguas por todos lados, empezando por el sistema de acogida, contra el que Fernández Marugán vierte fuertes críticas.
«El aumento exponencial de llegadas ha colapsado la capacidad de acogida de las islas y ha obligado a habilitar múltiples dispositivos temporales: hoteles, naves industriales y campamentos». Algunos, como el muelle del puerto Arguineguín, llegaron a acoger a más 2.500 de personas «en condiciones precarias y de hacinamiento», destaca.
Del muelle de Arguineguín a campamentos precarios, pasando por hoteles
En el apartado de conclusiones del informe, el Defensor afirma que la política migratoria de Estado presenta carencias al no contemplar el fenómeno migratorio en su totalidad. Asimismo, ve «insuficiente coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias en la materia». Precisamente, la Institución insiste desde hace años en la necesidad de articular «mecanismos de coordinación eficaces y efectivos para mejorar la gestión de las llegadas a las costas españolas, conjugando el control de las fronteras con los intereses de la sociedad y con la protección de los derechos de las personas extranjeras, especialmente de las más vulnerables».
Este monográfico llega después de que tanto técnicos de la Institución como el propio Defensor del Pueblo acudieran en varias ocasiones a las islas, especialmente a Gran Canaria, donde se produjo el mayor número de llegadas de pateras y cayucos.
Durante las visitas, muchas no comunicadas con antelación, se supervisaron las condiciones de siete centros de detención policial, tres comisarías de policía, cinco dispositivos de acogida humanitaria, tres centros de menores extranjeros no acompañados y un juzgado de instrucción. Además, se inspeccionaron las zonas de los puertos donde se realiza la primera recepción de las personas migrantes.
La Institución pudo comprobar de primera mano, y así se refleja en el documento presentado, la «inadecuación de las infraestructuras para la recepción en costas (CATES) y escasez de personal capacitado para la identificación de personas vulnerables, que agilice el traslado inmediato a las instalaciones adecuadas». Además, el Defensor denuncia las «inapropiadas instalaciones de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) e inadecuada gestión interna», así como la «escasez de centros para la acogida humanitaria de personas vulnerables».
En este sentido, Fernández Marugán considera que para abordar esta situación es necesaria la solidaridad de todas las comunidades autónomas. Además, reclama una política migratoria europea común.
Asistencia letrada sin garantías
Especialmente duro ha sido el informe en cuanto a la atención letrada, a la que dedica un capítulo: «Se ha vuelto a constatar en las visitas realizadas que se producen lecturas de derechos y asistencias letradas colectivas». Denuncia que «las miles de personas que, durante meses, pasaron por el muelle de Arguineguín, estuvieron privadas de una asistencia letrada con las más mínimas garantías; por la falta de acceso a las instalaciones durante varios meses de los letrados y, una vez accedieron, por la carencia de un espacio que reuniese las condiciones mínimas para una asistencia individual».
El Defensor recuerda que no basta con el cumplimiento de determinadas formalidades para considerar que se garantizan los derechos fundamentales. Así, considera que no es excusa la urgencia y la pretendida eficacia, y que es fundamental una asistencia jurídica individual con unas mínimas garantías materiales.
Restricciones a la libre circulación
Las últimas críticas por la gestión migratoria se han centrado en los bloqueos en aeropuertos y puertos a los migrantes que quieren salir de la isla, a pesar de contar con la documentación necesaria y tener libertad deambulatoria. Aquí, el Defensor considera que «no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación de derechos tales como la libre circulación, con el argumento del control migratorio y de evitar el efecto llamada».
Por ello, se ha recordado a la Dirección General de la Policía, recoge el informe, «el deber legal que le incumbe de impedir cualquier limitación de los derechos fundamentales a la libre circulación y residencia, de los solicitantes de protección internacional que deseen trasladarse desde las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o desde la comunidad autónoma canaria a la península».
Desde la Institución apuntan que es «imprescindible seguir trabajando en la búsqueda de espacios adecuados en Canarias», pero también «promover traslados a la península, fundamentalmente de aquellas personas en una situación más delicada».
En 2020, 23.023 personas llegaron a las costas del archipiélago. Como recuerda el Defensor, la mayoría son de origen marroquí. Así, pone como ejemplo la provincia de Las Palmas, donde de las 19.852 personas que ha recibido en 2020, más de un 60% eran de procedencia marroquí, seguidos a mucha distancia de 3.104 ciudadanos malienses. A su juicio, ha llegado el momento de «afrontar algunos cambios en nuestra política consular, por ejemplo, explorando las vías que nos ofrecen los visados de búsqueda de empleo y facilitando los trámites para la reagrupación familiar o la venida de estudiantes marroquíes a España».
Menores no acompañados
A 12 de febrero de 2021, según datos facilitados por la entidad de protección de menores canaria al Defensor de Pueblo, el número de menores extranjeros no acompañados que se encuentran bajo su tutela era de 2.666. Esta cifra, que excede las capacidades de acogida del sistema de protección canario, obligó a habilitar centros de emergencia en, por ejemplo, hoteles.
El Defensor reconoce el esfuerzo realizado para ofrecer a estos niños y niñas la atención inmediata que precisan, pero apunta que «no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que esto supone».
Fernández Marugán también señala que hay otra posibilidad prevista y que nunca se ha puesto en marcha. Hace referencia a que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas establezcan convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles su tutela ordinaria. Para que «esta medida pueda ponerse en marcha con éxito, se necesita voluntad política y un liderazgo para su coordinación y financiación de la Administración General del Estado», señala el Defensor.
Soluciones a corto, medio y largo plazo
Con el objetivo fundamental de evitar que se repita en Canarias lo vivido durante el año pasado y comienzos de este, el informe realizado por el Defensor de Pueblo propone una serie de medidas.
A corto plazo, la Institución considera necesario crear centros de acogida con un conjunto de instalaciones de carácter permanente «que eviten tener que improvisarlas sobre la marcha» e insta a destinar más medios personales y materiales.
También pide que haya sistemas de identificación de personas desaparecidas en el trayecto y oficina de atención a los familiares. Sobre esto, recientemente el Gobierno señalaba que no ve «obligación de disponer» de un punto de información de migrantes desaparecidos en la ruta canaria.
A medio y largo plazo, el Defensor considera necesario establecer un sistema de coordinación que integre a los distintos organismos involucrados, tanto de la Administración central como de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Finalmente, ve imprescindible alcanzar un acuerdo de coordinación con las comunidades autónomas que sea consensuado y estable para buscar vías que acometan de forma solidaria distintas iniciativas de colaboración.
