El 27 de diciembre, el mismo día que comenzaba la primera fase de vacunación de la COVID-19 en España –un aire de esperanza tras un año terrible–, en la costa de Dajla, en el Sáhara Occidental, una patera con una treintena de personas a bordo ponía rumbo a Canarias. Un mes después, no se sabe nada de ellas. No es una anécdota: el número de embarcaciones que se traga el Océano Atlántico es enorme. La ONG Caminando Fronteras ofrece una cifra: 1.784 vidas desaparecidas solo el año pasado en su intento de llegar a las islas.
La última vez que los familiares tuvieron noticias de esta embarcación fue el 28 de diciembre, a las 5 de la mañana. Desde entonces, silencio absoluto. Lahcen, Mohand, Youssef, Sliman, Said, Tachout, Lhoussain, Hamed, Mohamed, Aussi, Osidi, Jawad, Abdel, Ismail, Hamed, Mousa, Luqman. Estos son los nombres de algunas de las personas, varios menores de edad, que formaban parte de la patera fantasma. La mayoría, naturales de las ciudades marroquíes de Zagora y Jenifra.
«Todos los familiares están preocupados por ellos, seguimos sin tener ninguna noticia», escribe desesperado vía Whatsapp Daoud, el tío de Lahcen Al Zahir, de 25 años. «Haz esto por mi sobrino y el resto», suplica. Este hombre lleva semanas escribiendo por redes sociales a periodistas, abogados y oenegés para conseguir cualquier pista que ayude a dar con el paradero de estos jóvenes. Es una práctica habitual entre familiares desesperados y desamparados, ya que es la única vía: el Gobierno de España no dispone de ningún centro de información para familiares de personas migrantes desaparecidas.
Tampoco está entre sus planes tenerlo. A principios de diciembre, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu mandó una escrito al Gobierno. En él preguntaba por qué no existe un punto de información para las familias y si se plantean aplicar alguna medida. Un mes y medio después, el Ejecutivo defiende a través de una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso lamarea.com que «no existe normativa nacional ni internacional que fije obligación de disponer de punto de información a las familias de los inmigrantes irregulares llegados a España».
Daniel Arencibia, abogado voluntario del Secretariado Diocesano para Migraciones, sostiene que no es cierto. Y así se lo hizo saber al Defensor del Pueblo el pasado noviembre a raíz del ‘campamento de la vergüenza’ de Arguineguín: «Quiero presentar una queja porque no se ha creado en Arguineguín el Punto de Información a Familiares exigido por el ARTÍCULO 25 del Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba el Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples», escribió. Asimismo, en el artículo 26 de ese Real Decreto, se recoge que «la oficina de recepción de denuncias se encargará de tramitar todas las denuncias sobre personas desaparecidas o posibles víctimas».
Durante el tiempo que permaneció el campamento de Arguineguín operativo, era constante la llegada de madres, padres y amigos desde distintos puntos de España y Europa hasta las puertas del muelle. Esta era –y es– la única forma de saber si sus familiares estaban vivos: personarse directamente, lo que no les garantizaba obtener una respuesta.
Teseida García, fiscal de Extranjería de Las Palmas, coincide con las explicaciones dadas por el Ejecutivo afirmando que «no existe obligación» de crear un punto de información. Explica, en declaraciones a este medio, que «si se cree que se debe hacer pues muy bien, pero tampoco se puede exigir la aplicación de ese protocolo porque no es ley, ni reglamento, ni fuente del derecho. Es lo que se llama soft low». Sostiene, además, que «es una situación muy muy compleja», y que, si bien a priori «parece ser una buena idea», desconoce «las consecuencias que eso lleva, el gasto que supone…».
El mismo día que el Gobierno respondió que no están obligados a disponer de un punto de atención para familiares de migrantes desaparecidos, el Defensor del Pueblo admitió a trámite la queja de Arencibia. El abogado instaba ya entonces a la creación de una «lista de denuncias del artículo para poder compararla con una lista de supervivientes que deberá tener el punto de información a familiares».
Ninguna administración parece hacer nada para intentar dar respuesta a las familias. Desde la Secretaría de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, afirman que ellos tienen «competencia exclusivamente en ofrecer acogida de las personas que llegan a España». En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tampoco tienen constancia de que se haga nada al respecto, y remiten al Ministerio del Interior, quien controla y registra las llegadas. No obstante, desde esta cartera confirman que no tienen habilitado ningún centro al respecto.
Otro familiar del grupo desaparecido interpuso la semana pasada una denuncia en el sur de Gran Canaria. Le acompañó Daniel Arencibia, quien cuenta que fueron expulsados de la cola hasta en cinco ocasiones. «Nos echaban porque decían que el protocolo de desaparecidos no era aplicable a inmigrantes irregulares o desaparecidos fuera de España». «Es falso», insiste.
A la sexta, explica, apareció la unidad de persecución de mafias, que quería información sobre el viaje, así que aceptó la denuncia. Según Arencibia, «la situación era lamentable. La policía hacía su trabajo: preguntaba una y otra vez quien había pagado y cuánto. Mientras, el familiar lloraba».
Actualmente, son las organizaciones sin ánimo de lucro las que cumplen la función que debería ejercer el Gobierno de España, a pesar de que muchas llevan años pidiendo la creación de un punto de información estatal. Un ejemplo es el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que dispone de una web para ayudar a las personas que perdieron contacto con sus familiares debido a una crisis humanitaria. Daoud ya ha recurrido a ellos, pero hasta el momento no le han dicho nada. Lo último que le ha llegado a este familiar es un rumor de que su sobrino y el resto pueden estar en Lanzarote. Pero es solo eso: un rumor que no han podido confirmar. Nadie de la patera que salió de Dajla el 27 de diciembre ha dado señales de vida.
