MADRID // El Gobierno ha celebrado hoy la nueva mejora de datos en el mercado laboral. Como se esperaba, el número de parados registrados se redujo en julio, por quinto mes consecutivo, en 64.866 personas hasta 4,69 millones de desempleados. Esta caída se debe casi exclusivamente a factores estacionales, es decir a la temporada turística. Desde UGT se destacó que el 90% de los nuevos empleos corresponden a contratos temporales. «La reforma laboral ha conseguido detener la destrucción de empleo», se felicitó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy, en el que se aprobó una batería de medidas en materia laboral.
Pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha echado esta misma tarde un jarro de agua fría sobre las perspectivas del mercado laboral. En su último informe sobre España, los expertos trazan un escenario base para la marcha de la economía en los próximos años que mantiene el paro en el 25% todavía en el año 2018. Esto, si el Gobierno no hace caso a sus recomendaciones para nuevas reformas laborales, «que van más allá». El jefe de la misión del FMI para España, James Daniel, admitió en una teleconferencia con periodistas desde Washington que la aprobación de una nueva y más profunda reforma laboral no resultará fácil. «Evidentemente, el entorno social es complicado», dijo.
El FMI destaca que «el proceso de reforma se ha acelerado e intensificado», pero exige más. Sobre todo una nueva rebaja de los salarios de hasta un 10%. Las recomendaciones del organismo de Washington siguen fieles al recetario habitual: La nueva reforma debería facilitar aún más a las empresas salirse de los convenios sectoriales y negociar las condiciones laborales con la plantilla. Hay que reducir el número de contratos para acabar con la llamada dualidad entre contratos fijos y temporales. Pide reducir el papel de los tribunales a la hora de juzgar despidos. El Fondo ve gran potencial para mejorar las políticas activas de empleo y formación a los parados y facilitar su reintegración en el mercado laboral. Y finalmente propone reformas fiscales, especialmente la rebaja de las cuotas a la seguridad social.
Además de dar una nueva vuelta de tuerca a la llamada flexibilización del mercado laboral, los expertos del FMI apuestan por un «acuerdo social entre los sindicatos y los empleadores» para acelerar los beneficios derivados de las reformas estructurales en materia de empleo», según reza el informe. En concreto, el Fondo propone que sindicatos y patronal pacten de nuevo moderación salarial a cambio de que las empresas se comprometan con mantener el empleo. El FMI admite que este pacto «sería difícil de lograr», pero que «este acuerdo no debería demorar las reformas estructurales necesarias». Con estas medidas, la nueva reforma laboral y el acuerdo entre los agentes sociales, el FMI calcula que la tasa de paro podría caer por debajo del 20% hasta 2017.
Parece poco probable que los sindicatos vuelvan a pactar la moderación salarial con la patronal como hicieron el año pasado. Las centrales laborales se quejan de que los empresarios no han cumplido su parte del acuerdo y que han aprovechado el ahorro en salarios para inflar los beneficios. Respecto a la posibilidad de introducir otra reforma laboral, el propio FMI es muy escéptico por la presión de la calle. «La situación política es estable pero las tensiones sociales podrían complicar el proceso de reformas», dice el informe. Aún así, los inspectores de la Troika apuntan que hasta ahora «el Gobierno solo se ha topado con malestar social limitado».
De momento, el Gobierno descarta hacerle caso al FMI, ya que está muy satisfecho con los resultados de la reforma laboral del año pasado. Para ello se basan en el informe de una comisión de expertos que ha evaluado los efectos de las medidas, y que fue estudiado por los ministros en su reunión de esta mañana. «La reforma laboral está hecho y lo que haremos ahora son ajustes», declaró la ministra Báñez. Algunos de estos ajustes ya están en marcha. El Consejo de Ministros aprobó hoy nuevas normas para mejorar la protección social para los contratos a tiempo parcial, sobre todo el cómputo para mejorar el acceso a una pensión. También se toman medidas para mejorar las políticas activas de empleo.