«¿Qué cree que es esto: una concentración de gente pidiendo un taxi o una concentración de fascistas?», pregunta el diputado de ERC, Gabriel Rufián, al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con una foto de las concentraciones frente a la sede del PSOE en Ferraz. Y prosigue: «¿Esto qué es? ¿Un símbolo budista o una cruz gamada? ¿Quién es esta señora que corta la calle, la Pasionaria de la derecha?».
Con estos y otros ejemplos similares, el último referido a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, Rufián intentó escenificar la «impunidad» de la que –aseguró– gozan las manifestaciones de la ultraderecha. «Mis amigos estuvieron casi cuatro años en la cárcel por subirse a un coche», espetó en referencia al Procés. La pregunta en general, en la primera sesión de control al Gobierno, fue: «¿Qué opina y qué piensa hacer ante las manifestaciones fascistas de los últimos días?».
Grande-Marlaska defendió a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y aseguró que su actuación se ha desarrollado de acuerdo a los criterios de legalidad y proporcionalidad. «No hay impunidad», dijo. Según los datos facilitados, se han producido 78 detenciones por presuntos delitos y 1.968 identificaciones por supuesta comisión de infracciones administrativas. «Si me pregunta qué es lo que veo en las fotos, veo en parte de esa a gente a fascistas, símbolos fascistas, sin duda alguna, con una voluntad de intentar quebrantar el ejercicio de la libertad política a través de los partidos, en este caso el PSOE […]. Parte de esa gente que me muestra en esas fotos me parecen fascistas y no quiero para mi país fascistas«, reiteró el ministro, que insistió en la actuación dentro del marco legal de un Estado de derecho.
Aplicar la Ley de Memoria en las concentraciones de Ferraz
Rufián no se conformó con la respuesta: «No sean tan cobardes, le pido que sean duros con esta gente, que nos ayuden a endurecer no solo el Código Penal sino la Ley de Memoria». El diputado de ERC citó el artículo 38, que hace referencia a los actos públicos contrarios a la memoria democrática.
Según la norma, aprobada en 2022, serán considerados contrarios a la memoria democrática aquellos actos efectuados en público que entrañen «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial».
A tal efecto, continúa el punto primero del artículo, si en la celebración de un acto público de esa naturaleza se advirtieran hechos que pudieran ser constitutivos de delito, las autoridades competentes pondrán los mismos en conocimiento del Ministerio Fiscal.