Catalunya es el territorio con más residencias intervenidas por el coronavirus, 29, y el segundo donde más personas han muerto, 6.129 –por detrás de Madrid–. A diferencia del resto, desde la Generalitat confirman que en algunas se vieron obligados a cambiar la entidad gestora definitivamente y que sí hubo sanciones, sobre todo económicas, “aunque hubo casos en los que se impusieron penas de cierre o de suspensión del servicio”. No obstante, no hay cambios en la normativa. Ni parece que se esperen.
Tampoco en Galicia, donde han fallecido 951 personas y se intervinieron 13 residencias. No ha habido castigo, todas han vuelto a su gestión anterior y no hay variaciones legislativas en el horizonte.
De seis residencias tomó el control durante la pandemia la Junta de Castilla y León. Una de ellas, subrayan desde el Ejecutivo autonómico, no volvió a abrir. Las otras retornaron a sus gerentes previos y no se les impuso castigo alguno. En esta comunidad han muerto 4.409 personas.
En cuanto a la normativa, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades comentan que se elaborará una futura Ley reguladora del Modelo Atención Residencial para cuidados de larga duración. Incorporará, según explican, “la metodología centrada en la atención que reciben las personas mayores en las residencias de la Comunidad, tanto públicas como privadas, que supone un cuidado individualizado, incluyendo el acompañamiento emocional y convirtiendo a los centros en hogares, organizados en unidades de convivencia”.
Este modelo, agregan, “también apuesta por la innovación a través de la incorporación de las nuevas tecnologías, que posibiliten ejercitar las capacidades cognitivas y corporales y evitar el estancamiento psicológico y físico”.
Los tres centros intervenidos en Andalucía (dos públicos y uno privado) han vuelto a su gestión habitual, no ha habido sanción ni cambio normativo. En esta comunidad, 3.162 mayores han dejado su vida en las residencias.
Y en Murcia, donde fueron intervenidas sanitariamente seis residencias y fallecieron 413 personas, señalan que actualmente se están tramitando dos procedimientos sancionadores respecto al funcionamiento de una de ellas, “pero no por motivos relacionados directamente con un brote de coronavirus”.
Respecto a la normativa vigente, no ha habido cambios, aunque desde el Gobierno se autoexculpan y miran a Madrid. En abril de 2021, resaltan, se inició por parte de esta comunidad la revisión del decreto de mínimos, y se paralizó ante el anuncio del Gobierno central de diseñar un modelo común para todas las residencias del territorio nacional.
«Una vez se ha constatado que el modelo diseñado por Madrid no es viable, ni económicamente ni tampoco se adapta a la realidad territorial de la Región de Murcia, se reactiva la revisión del decreto de mínimos. Por tanto, será nuestra propia normativa la que regule el modelo asistencial en la región”, indican.
La comunidad, enfatizan, avanza en el Plan de coordinación sociosanitaria para actuaciones en residencias y centros de personas con discapacidad: “Uno de los puntos importante será el seguimiento de la implantación de los protocolos, medidas a aplicar, ratios de atención, etcétera”.
Sin noticias de la Comunidad Valenciana
Tras varias semanas esperando, lamarea.com no ha recibido contestación a su petición de información del Gobierno de la Comunidad Valenciana, con 2.152 muertes. Según la información otorgada en junio de 2020, en aquel momento no se había intervenido ningún centro.
Podrás leer la investigación completa en #LaMarea91 de noviembre-diciembre, que está a punto de ser enviada a imprenta.