Memoria histórica | Política
El Gobierno creará el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática que exige la Ley dos años después de aprobarla
Aseguran que lo hacen porque muchas administraciones autonómicas y locales no cumplen con la Ley de Memoria Democrática. El catálogo debe hacerse con la colaboración de las autonomías, pero las comunidades gobernadas por el PP no están enviando la información exigida, indican desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
En España hay, al menos, 6.000 símbolos contrarios a la memoria democrática. Son ilegales desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, pero ahí siguen: en calles, plazas y monumentos. La cifra se extrae del proyecto DeberíaDesaparecer, puesto en marcha por la Fundación Jesús Pereda (y subvencionado por el Gobierno de España).
En la Fundación explican que la iniciativa comenzó 15 años después de la legislación (en 2022), “y a través de una compleja geolocalización, debido a la falta de catálogos públicos”.
En 2022, la nueva Ley de Memoria Democrática estatuyó la obligación de confeccionar “un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”. Dos años después, el Gobierno de España (por vía de emergencia) lo va a desarrollar.
Los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos no cumplen con la ley
El pasado martes, 5 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo que autoriza la tramitación administrativa urgente del proyecto de Real Decreto “que regula las medidas necesarias para la confección del catálogo, así como la constitución y regulación de las funciones y composición de una comisión técnica a estos efectos”, apuntan en la referencia del Consejo.
En esta explicación, se argumenta que, tras la aprobación de la ley de 2022, la Administración General del Estado procedió a la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática en su ámbito, pero observó que “en el resto de las administraciones territoriales, tanto autonómicas como locales, o en bienes de titularidad privada, siguen existiendo dificultades para el cumplimiento de este mandato legal, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de contar de manera urgente con el catálogo previsto en la ley”.
Además, el texto del Consejo señala que “la constatación de que existen múltiples casos en los que dichos elementos se encuentran en bienes protegidos por las leyes del patrimonio histórico o cultural, conlleva un especial tratamiento del expediente y la necesidad de que sea una comisión técnica compuesta por personas expertas, con experiencia o conocimientos en la materia, la que determine los elementos contrarios a la memoria democrática a incorporar en el catálogo y, en su caso, sobre su eventual retirada o eliminación”.
El Gobierno acusa a las comunidades del PP de no enviar la información
La Ley de Memoria Democrática indica que la confección de este catálogo debe hacerse “en colaboración con el resto de administraciones públicas”. Y al mismo deberán incorporarse los datos suministrados por éstas.
En declaraciones a La Marea, desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señalan que han recibido datos de algunas corporaciones locales, y alguna comunidad autónoma ha anunciado que en su territorio ya no hay símbolos, como es el caso del País Vasco. “Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP no son proclives a enviar este tipo de datos o, al menos, no nos los han enviado”, informan las mismas fuentes.
Ahora con urgencia
¿Por qué ahora? ¿Por qué una tramitación urgente? Textualmente, la referencia del Consejo de Ministros dice: “A fin de evitar que la articulación de políticas en la materia de las distintas administraciones no disponga del mecanismo legalmente previsto para desplegar su mayor eficacia, (…) se considera imperativa la declaración de su tramitación administrativa urgente que, de conformidad con la Ley del Gobierno, implica la reducción a la mitad de los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración, la posibilidad de omisión del trámite de consulta pública y la continuación del procedimiento”.
De fondo están las leyes de concordia (o plan de concordia en el caso de Aragón) que aprobó la Comunidad Valenciana, y que no llegó a buen puerto en el caso de Castilla y León.
La ley de Memoria de 2022, dos años de un exiguo recorrido.
https://www.armharagon.com/la-ley-de-memoria-de-2022-dos-anos-de-un-exiguo-recorrido/
En 1940, aunque ya antes de finalizar la guerra habían comenzado a realizar exhumaciones, el gobierno golpista aprueba una ley para la recuperación de los cuerpos de los «asesinados por las hordas rojas» con cargo a los presupuestos del nuevo régimen.
Habrían de pasar 67 años, 30 de ellos de «democracia», para que se publicase en el BOE una ley que, por pacata y ecuménica, dejaba en manos de las asociaciones memorialistas la labor de la exhumación de los miles de asesinados por los fascistas.
…Oposición de gobiernos locales y regionales, protocolos imposibles, adelanto de un dinero pocas veces disponible, inacción del Estado democrático (a diferencia del dictatorial), ponían todas las trabas para poder llevar esta labor adelante. Y hablamos solo, aquí y ahora, de las exhumaciones, pero las verdaderas políticas de memoria seguían sin aprobarse perpetuando la muy interesada amnesia al respecto del pasado traumático reciente de nuestra sociedad.
La aragonesa de 2018 tardó en arrancar y apenas tuvo cumplimiento: el banco de ADN se convirtió en un convenio privado de escaso recorrido; la comisión técnica para el seguimiento del cumplimiento de esta ley tardó tres años en arrancar, con escasos resultados; las sanciones a los ayuntamientos por el mantenimiento de homenajes a personajes destacados del franquismo siguieron sin aplicarse (hasta algunos alcaldes socialistas se negaban a cumplir estos preceptos); en la escuela y los institutos se ponía voluntad de enseñar los estragos de la guerra y de la dictadura, pero seguía siendo más fruto del voluntarismo que de la oficialidad.
Hoy esta ley sigue vigente, pues la derogación está siendo revisada por el tribunal constitucional, pero de más está decir que el signo político del Gobierno regional actual deja bien claro cuál será su grado de aplicación por parte de estas autoridades.
… Asociaciones de exaltación del franquismo siguen mofándose de la ley y de las víctimas con la total impunidad de la que siempre han gozado.
…Las fosas siguen cerradas. Miles de personas siguen sin tener un final en su biografía.
Los bebés robados siguen sin saber quiénes son.
Los esquilmados por las injustas sentencias franquistas siguen sin ser compensados.
Los luchadores por la democracia siguen sin ser reconocidos.
Las nuevas generaciones siguen sin conocer el reciente y traumático pasado de su propia sociedad.
Es la crónica de una falta de voluntad política, la historia ya conocida del desprecio a la realización de verdaderas políticas de memoria.
La vieja historia de que algo cambie para que todo siga igual.
Las consecuencias de la pasividad ante algo tan grave como intentar olvidar una injusticia tan monstruosa y de tamaño tan monumental pueden ser muy graves y creo que la sociedad ya está empezando a sentirlas.
Un fantasma, que creíamos eliminado, vuelve a recorrer Europa y el mundo: el fantasma del fascismo. Puede que en otros lugares no hayan hecho bien los deberes y por eso haya retornado, pero desde luego en nuestro país no nos hemos esforzado en absoluto.
Como decía: ya estamos recogiendo los primeros resultados, esperemos que sean los últimos.