La Unión Europea agrupa sus partidas de gasto en periodos presupuestarios de siete años. El actual abarca desde el año 2021 hasta 2027. El inmediatamente anterior, por tanto, abarcó desde el año 2014 al 2020. Para cada uno de estos periodos presupuestarios, la Unión crea un programa marco de financiación de proyectos de I+D en muy diversas áreas de investigación. El programa en curso lleva por nombre Horizon Europe y, el del período anterior, Horizon 2020.
Pueden optar a subvención de dichos programas marco proyectos de entidades con sede en países miembro de la UE, pero también entidades de terceros países que tengan algún tipo de acuerdo con la UE. Tal es el caso de las entidades israelíes que, gracias al Acuerdo de Asociación entre Israel y la UE del año 1995, tienen acceso en igualdad de condiciones a las subvenciones financiadas por los programas marco. Estos programas de financiación se destinan a proyectos de I+D del ámbito civil.
Caso aparte es el del Fondo Europeo de Defensa, un fondo de financiación de la UE relativamente reciente (la primera convocatoria para solicitud de subvención fue en 2021) que financia proyectos de I+D estrictamente militares.
Se puede dar el caso, pues, que entidades españolas hayan sido o sean copartícipes con entidades israelíes en algún proyecto adjudicatario de subvención. En este artículo nos centraremos en las universidades españolas que estén en dicha situación. Hemos limitado la búsqueda a los proyectos financiados por el programa vigente, el Horizon Europe y a aquellos proyectos del anterior programa, el Horizon 2020, cuya fecha de finalización fuera posterior al inicio de la respuesta militar israelí al atentado de Hamás. La relación de estas universidades se ha elaborado a partir de la investigación de la entidad Stop Wapenhandel y de la base de datos Cordis de la Comisión Europea.
Proyectos en que universidades españolas coparticipan con entidades israelíes
Hay cuatro universidades públicas españolas en esta situación: la Universidad de Vigo, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Burgos y la Universidad de Navarra. Cada una de ellas participa en un proyecto, salvo la Politécnica de Madrid que participa en cuatro de ellos. Se sobreentiende que dicha participación corresponde al grupo de investigación, en cada una de las universidades, que solicitó la subvención del proyecto.
Es alarmante que la copartícipe israelí de la Universidad de Burgos, en el proyecto FreeMe, y de la Politécnica de Madrid en los proyectos GAM-2020-AIR y HERA, sea la empresa estatal Israel Aerospace Industries, fabricante de armas. También son copartícipes israelíes organismos públicos como la Universidad de Tel-Aviv, que colabora con la Universidad de Navarra en el proyecto ENGAGE y el Ayuntamiento de Jerusalén, que colabora con la Politécnica de Madrid en el proyecto SUNRISE. El resto de copartícipes son cuatro empresas privadas israelíes: Arteevo Technologies, que colabora con la Universidad de Vigo en el proyecto TRUMPET; Libereu Entrepreneurship y Somekh Chaikin Partnership, que colaboran con la Politécnica de Madrid en el proyecto POLIIICE. La empresa israelí Aero–Magnesium Ltd. es también copartícipe en el proyecto GAM-2020-AIR.
Las subvenciones concedidas a las cuatro universidades son sustanciales: la Universidad Politécnica de Madrid recibirá un total de 1.495.565 euros (repartidos en 237.500 euros por su participación en el proyecto POLIIICE, 517.750 euros por el proyecto SUNRISE, 690.633 euros por el proyecto HERA y 49.682 euros por el proyecto GAM-2020-AIR); la Universidad de Vigo recibirá 504.000 euros; la Universidad de Burgos, 395.312 euros; y la Universidad de Navarra, 390.532 euros gracias al proyecto ENGAGE.
La actividad de las cuatro empresas israelíes copartícipes citadas, según se desprende de la información en sus webs, es la siguiente. Arteevo Technologies desarrolla métodos, algoritmos y soluciones de IA explicables para la salud digital. Libereu Entrepreneurship, por su parte, se dedica a la creación de soluciones y empresas innovadoras, mediante tecnologías como IA, fusión de datos/sensores, análisis de datos, inteligencia cibernética, biometría, energías renovables y en varios sectores como el cibernético, salud, transporte, energía, streaming HLS, defensa, ciudades inteligentes y cambio climático.
Somekh Chaikin es una firma de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento legal, financiero y de negocios, mientras que Aero-Magnesium Ltd. se dedica a ofrecer soluciones tecnológicas de aleaciones de magnesio en aplicaciones aeronáuticas y espaciales.
Carecemos de información que permita afirmar que estas cuatro empresas privadas avalen o apoyen, en mayor o menor grado, la estrategia del Gobierno israelí con respecto a la población palestina. Sin embargo, la colaboración con entidades israelíes implica, en cierto modo, una forma de contribución a la normalización de relaciones con un Estado que está incumpliendo, desde hace décadas, el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por si todo ello fuera poco, el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó, el 26 de enero pasado, que existen suficientes pruebas «para concluir que al menos algunas» de las acusaciones de genocidio de Sudáfrica contra Israel «son plausibles».
Por el contrario, no es aventurado suponer que las tres entidades institucionales, es decir, la empresa estatal Israel Aerospace Industries, el Ayuntamiento de Jerusalén y la Universidad de Tel-Aviv, secundan la actuación del gobierno en Gaza y Cisjordania. Veámoslo.
Universidad de Tel-Aviv
Según un estudio de 2009 de la entidad Alternative Information Center (ONG conjunta palestino-israelí), la Universidad de Tel-Aviv había participado hasta ese momento en, al menos, 55 proyectos tecnológicos conjuntos con el ejército israelí. Y había sido sede de convenciones sobre electroóptica y robótica en las que participaron empresas fabricantes de armas.
La institución universitaria está situada en el terreno de la destruida aldea palestina de Skeikh Muwanis. Algunas partes del terreno de la universidad fueron confiscadas por Israel y no compradas a sus propietarios palestinos, pero la Universidad nunca ha reconocido los hechos.
En 2014, la Universidad de Tel Aviv otorgó un año de matrícula gratuita a estudiantes que sirvieron en el ataque a Gaza. Un comunicado del 24 de julio en su web afirmaba que la institución «abraza y apoya a todas las fuerzas de seguridad que están trabajando para restaurar la tranquilidad y la seguridad en Israel». El presidente de la Universidad, Joseph Klafter, aseguró que “la Universidad de Tel Aviv ha contribuido y sigue contribuyendo en gran medida a la seguridad nacional”.
En 2018, la Universidad de Tel-Aviv constituyó, conjuntamente con el ISA (Israeli Security Association, el servicio de inteligencia de Israel), un fondo de inversión para apoyar a startups de seguridad. Ello significó el acceso del ISA a tecnologías de control de poblaciones, a través de las startups que recibieron financiación del fondo.
Ayuntamiento de Jerusalén
Diversas noticias de prensa informan de continuas decisiones del Ayuntamiento de Jerusalén de desposeer a residentes palestinos de sus viviendas mediante su demolición. En paralelo, se construyen nuevos asentamientos para colonos israelís.
Israel utiliza las demoliciones y los nuevos asentamientos para forzar la expulsión de los palestinos, tanto de Jerusalén como de otros emplazamientos. Estas decisiones de las autoridades locales violan los derechos humanos de la población palestina. En palabras de Josep Borrell, “los asentamientos constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario”. En la resolución 446 (22 de marzo de 1979) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, este organismo exhorta, “una vez más a Israel a que desista de adoptar medida alguna […] que afecte apreciablemente la composición demográfica de los territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén, y, en particular, a que no traslade partes de su propia población civil a los territorios árabes ocupados”.
En la resolución 2334 (23 diciembre de 2016) “el Consejo de Seguridad condena todas las medidas que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, incluyendo, entre otras cosas, la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos, en violación del derecho internacional humanitario”.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Jerusalén, conjuntamente con el Ministerio israelí de Transporte y la entidad Jerusalem Transportation Masterplan Team, desarrollan el modelo de transporte de la localidad. Ese modelo de transporte incluye la ampliación de la red de tranvía que conecta Jerusalén con los territorios ocupados por el ejército israelí en 1967 en la parte oriental de la ciudad, una anexión considerada ilegal por Naciones Unidas, la Unión Europea y España.
Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI)
La empresa estatal Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) es el mayor fabricante aeroespacial y de defensa israelí y el mayor exportador industrial de Israel. Fabrica drones, radares, aviones de combate, misiles y sistemas antimisiles, sistemas de defensa, satélites, lanzaderas espaciales, sistemas de navegación, comunicaciones y muchas otras tecnologías y productos. Moderniza y mejora aviones y helicópteros militares.
En 2022, IAI ocupaba la posición 35 (la 38 en 2021) en la lista Top 100 del Sipri de las mayores empresas del mundo productoras de armas y servicios militares. Sus ingresos por venta de armas representaron el 82% sobre el total de sus ingresos.
En su página web, Israel Aerospace presume de “su experiencia y su tecnología probadas en combate”. Un eufemismo perverso para expresar que sus productos se “prueban” en Gaza y Cisjordania. Asimismo, se le conocen casos de supuesta corrupción o malas prácticas, como por ejemplo, el de la transferencia de dinero a empresas sospechosas de blanqueo para el gobierno de Azerbaiyán, después de un contrato de 1.600 millones de dólares por venta de armamento a ese país. O el de manipulación en un proceso de licitación. Según la policía israelí, ese caso revelaba conducta criminal sistemática y una profunda corrupción en el seno de Israel Aerospace.
Habida cuenta del volumen y el tipo de negocio de IAI, es muy probable que las fuerzas armadas israelíes utilicen, en la operación militar en Gaza, productos fabricados por la empresa.
Consideraciones finales
Como ya hemos indicado más arriba, hemos limitado la búsqueda a los proyectos subvencionados por la UE mediante el programa de financiación vigente y hemos incluido aquellos proyectos del anterior programa cuya finalización fuera posterior al inicio de la ofensiva militar israelí contra Gaza. Pero no está de más comentar que, en proyectos subvencionados por programas de financiación de la UE anteriores, han participado, conjuntamente con entidades israelíes, otras muchas universidades del Estado español, concretamente del País Valencià, Euskadi, Catalunya, Andalucía, Cantabria y Murcia. El listado de todas ellas se halla en el apartado correspondiente a España del estudio de la ya citada Stop Wapendandel.
Por otro lado, al margen de los programas marco de la UE, también pueden existir convenios bilaterales entre universidades o con otros organismos o entidades. Este ámbito no se ha explorado en este artículo.
Dada la magnitud de la tragedia humanitaria que padece la población de Gaza, sería comprensible que las universidades españolas se retirasen de los proyectos en los que participen entidades israelíes. Sería conveniente que, en el seno de las universidades, se iniciase un debate sobre esta cuestión. Las universidades deberían ser focos de conocimiento, de debate, de libre pensamiento y de diversidad, conceptos todos ellos reñidos con el belicismo y la violencia.
Por otro lado, el Acuerdo de Asociación entre Israel y la UE de 1995 establece que el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos es un elemento esencial del acuerdo. Teniendo en cuenta las condenas explícitas en las muchas resoluciones de Naciones Unidas, el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia y las noticias de prensa que describen las consecuencias de la actuación de Israel en Gaza, parece más que razonable la cancelación del Acuerdo. De hecho, el Estado español e Irlanda han pedido la revisión del Acuerdo. La sociedad civil, por su parte, ha pedido a los dirigentes europeos la suspensión del Acuerdo.
*Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas son investigadores del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
