Como parte de sus acuerdos de gobierno en distintas Comunidades Autónomas, Vox y el Partido Popular (PP) están promoviendo en Aragón, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares y la Comunitat Valenciana la derogación de las leyes de memoria autonómica existentes para sustituirlas por nuevas leyes, autodenominadas de “concordia” que reinterpretan las causas y consecuencias del golpe de Estado de los fascistas contra la Segunda República y los cuarenta años de dictadura franquista que se instauró en España después de la Guerra Civil. Estas “leyes de concordia”, en palabras de los portavoces del PP y Vox en Castilla y León, son “textos sin ideologías, que no dividen” a diferencia de las “imposiciones ideológicas” y la “visión sesgada y sectaria” de la izquierda, según su criterio.
Estamos ante un caso más de revisionismo histórico pero ahora ejercido desde las instituciones, que afecta a un período poco conocido por las jóvenes generaciones por culpa de una amnesia labrada en décadas de democracia, que pretende equiparar con estas leyes a las víctimas de la dictadura franquista con otras presuntas víctimas de la Segunda República bajo el argumento de “ensanchar la condición de víctimas” a personas que antes no la tenían. Además, al menos en la más reciente proposición de ley presentada por Vox y PP en Castilla y León, se mezcla periodos históricos, que ahora son homologados, bajo el argumento de que “las víctimas son todas víctimas y la violación de derechos humanos es una violación de derechos humanos con independencia de dónde y cuándo se produzca”. Se instaura así un totum revolutum cuya pretensión no es más que confundir con las causas y consecuencias de la Guerra Civil española, eludiendo las responsabilidades de quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad que continúan en la impunidad décadas después, a pesar de su no prescripción.
Por otra parte, es muy sintomático comprobar cómo para el PP y Vox es lo mismo una víctima que fallece en combate en el marco de una guerra que una víctima, ejecutada sin pruebas, juicio o derecho a la defensa, durante la represión postbélica de un régimen dictatorial. De hecho, de su proposición de ley se desprende, además, que para estas fuerzas políticas tiene el mismo valor moral alguien que combatió en contra de un régimen democrático que alguien que lo defendió. Una equidistancia que ayuda a entender la persistente impunidad de los crímenes de la dictadura.
La ultraderecha y la derecha españolas -tanto monta, monta tanto- relativizan, así, la gravedad de la defensa del fascismo y demuestran que España sigue siendo una anomalía democrática donde simpatizantes o justificadores de facto del franquismo se autoproclaman demócratas y dan lecciones políticas y morales en lugar de asumir las responsabilidades históricas de sus antecedentes políticos. Para que se entienda qué implica establecer posiciones equidistantes en asuntos de esta magnitud, podemos hacer un ejercicio de política comparada y pensar qué sucedería si alguien en la Alemania de hoy pusiera en el mismo plano de víctima a los nazis del Tercer Reich y a los judíos, gitanos o comunistas que los combatieron o fueron exterminados por ellos. Seguramente el escándalo sería mayúsculo y, quien eso hiciera, sería colocado en el lado de la defensa del nazismo y padecería cierto ostracismo político. En España, en cambio, llevamos décadas con un Estado supuestamente democrático pero controlado por multitud de herederos ideológicos del franquismo, lo cual no debería sorprendernos habida cuenta de que nuestro régimen actual se asentó sobre los cimientos del régimen franquista.
Para la derecha y ultraderecha española no es suficiente con haber impuesto en estos cincuenta años de democracia hecha a su medida un relato hegemónico que ha justificado la dictadura franquista y sus crímenes por la vía de la relativización o de la manipulación basada en ocultar los orígenes de la guerra y mezclar en el balance las víctimas de una contienda con las de la represión dictatorial posterior. Para ello ha contado con la inestimable ayuda de sectores dirigentes del PSOE, muy pacatos a la hora de exigir justicia para quienes les antecedieron como miembros de su partido y acabaron en cunetas, cárceles o en el exilio. Las filiaciones familiares de algunos de estos miembros del PSOE, hijos de personas del bando franquista, además de los pactos de silencio de la Transición, quizás expliquen por qué España tuvo que esperar a 2007 para tener una primera Ley de Memoria Histórica, promulgada bajo un gobierno presidido por un nieto de fusilado en el bando republicano, José Luis Rodríguez Zapatero. Un detalle quizás no menor.
No obstante, tanto la Ley de Memoria Histórica de 2007 como la Ley de Memoria Democrática de 2022 han sido criticadas por asociaciones como la referente Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) por su insuficiencia a la hora de resarcir a las víctimas y por la equidistancia que se plantea cuando no se distingue entre víctimas y verdugos. Un problema que estas leyes de “concordia” vienen a agravar. Además, como apunta la ARMH, la ley de 2022 habla de verdad, justicia y reparación en la teoría pero, como el caso flagrante de la Querella argentina demuestra, España, pese a ese marco legal, en la práctica no va a investigar a los verdugos, ni va a permitir que ningún responsable franquista sea juzgado ni va a indemnizar a las víctimas. He aquí la realidad de la memoria de cartón piedra del Estado español.
El ejercicio de memoria, justicia y reparación sigue siendo una tarea pendiente en España, para oprobio de un país que se presenta ante el mundo como ejemplo de una modélica Transición desde la dictadura y presume de ser una democracia consolidada. Si queremos ser “plenamente conscientes de [nuestra] historia, capaces de detectar y desactivar las derivas totalitarias o antidemocráticas que crecen en [nuestro] seno”, como reza el preámbulo de la Ley de Memoria Democrática de 2022, debemos empezar por afirmar con rotundidad que en la guerra murió gente de ambos bandos, sí, pero que nunca será lo mismo luchar del lado del fascismo a luchar para combatirlo, ni en un contexto de guerra ni en una democracia. Por eso, la concordia es una trampa que genera la equidistancia que siembra el camino al resurgimiento de la extrema derecha.
Cuando se olvida la Historia, cuando se ocultan los motivos por los que se alzaron las clases dominantes contra un proyecto de democratización del Estado, como fue la Segunda República; cuando se pone en un mismo plano a personas que construían un presente y un futuro con justicia, igualdad y libertad frente a minorías que querían seguir detentando privilegios e imponiendo el sometimiento económico, político y moral al conjunto de la población, no hay ejercicio de memoria, por mucho que se hagan leyes de lavado de cara en su nombre, sino perpetuación del relato de los vencedores. Y eso es lo que sigue sucediendo en España, rehén todavía de la “política de memoria franquista” que la propia Ley de Memoria Democrática estatal denuncia, pero con la cual no se atreve a romper completamente. Hacerlo supondría cuestionar los propios pilares del régimen del 78, fundado, como sabemos, sobre la impunidad de los crímenes de la dictadura gracias a la Ley de Amnistía de 1977 y al pacto de no agresión entre las élites políticas a derecha e izquierda. Un pacto erigido sobre “el silencio de otros”, que PP y Vox quieren seguir perpetuando, en una vuelta de tuerca de humillación a unas víctimas que hace tiempo se cansaron de estar calladas.
