La Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) fue creada por la Unión Europea (UE) en 2004 para, oficialmente, “perseguir el crimen transfronterizo”. Tras 20 años de existencia, apuntan en el informe ¿Quién vigila al vigilante? Violencia en las fronteras e impunidad de Frontex, la dotación presupuestaria es cada vez mayor y sus operaciones tienden a lo que muchos expertos ya denominan “la Orbanización del derecho de asilo en la UE”, en referencia a las políticas xenófobas del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.
El estudio, elaborado por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau e Irídia – Centro por la Defensa de Derechos Humanos, inquiere en el funcionamiento de Frontex entre 2019 y 2022.
La primera conclusión que extrae demuestra la creciente importancia que se le está dando en Europa a esta agencia: el dinero destinado en los años analizados (más de 2.000 millones de euros) es superior a su dotación en los 13 anteriores (de 2005 a 2018), que fue de 1.658 millones (como se indicó en un informe previo de los mismos autores, que llevaba por título Custodiar la fortaleza).
Según el estudio, esto revela una clara tenencia en la gestión mundial de las fronteras hacia la construcción de “muros transfronterizos” y la puesta en activo de cada vez “más agentes y nuevas agencias de control fronterizo, desde una perspectiva securitaria, que ha renunciado completamente a mantener ningún abordaje con perspectiva humanitaria”.
Operaciones de retorno
Una de las partidas que más se ha beneficiado del aumento presupuestario es la que tiene que ver con las operaciones de retorno, que, desde 2018, se engloban en el European Center for Return Division. Frontex, aseguran en el informe, pasó de gestionar un presupuesto de 80.000 euros para retornos en 2005 a más de 69 millones en 2020 (último año con datos desagregados de las cuentas oficiales).
Esto ha implicado una ampliación en las funciones de esta agencia en materia de retorno, que, según la referencia al Reglamento de la UE de 2019 que realizan los investigadores, hace especial hincapié en el intercambio de información entre los distintos Estados miembro.
“La nueva normativa prevé la creación de una base de datos centralizada con información relativa a la identidad de ciudadanos de terceros países, con capacidad de hasta 300 millones de ficheros. El objetivo de esta herramienta es crear una ‘Área de Libertad, Seguridad y Justicia’ (AFSJ, por sus siglas en inglés) en la UE mediante un sistema unificado de los sistemas de retorno. Cada fichero contendrá datos biográficos básicos –nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento e información sobre documentos de viaje– y datos biométricos: huellas dactilares, imagen facial o ambas”, explican.
Desde Delàs e Iridia señalan que voces expertas han puesto el “grito en el cielo con esta iniciativa de interoperatividad, tanto por la amenaza a la protección de datos, como por el riesgo de que esta nueva base de datos centralizada sirva para elaborar perfiles raciales en los controles de identidad». «Este perfilado racial, que se da de manera común en la recogida de datos, puede acabar generando un sistema en que las personas racializadas y con origen de fuera del espacio Schengen, aparezcan como una amenaza para la seguridad de manera sistemática”, añaden.
Con datos oficiales de Frontex recogidos en el estudio, devolvieron a 15.850 personas en 2019, 232 en 2020 (año de la COVID-19), 18.300 en 2021 y 24.850 en 2022.
Oficina de Derechos Fundamentales
Una de las novedades en los últimos tiempos es la creación de la Oficina de Derechos Fundamentales (FRO por sus siglas en inglés). Aunque, si se mide por la dotación presupuestaria, está claro que se la considera mucho menos importante que las operaciones de retorno en las fronteras: 374.119 euros en 2018, 505.000 en 2019 y 1.000.000 en 2020.
El mandato de esta oficina, detallan, es “el de supervisar cualquier actividad de Frontex en materia de cumplimiento con los derechos fundamentales. Entre sus funciones está informar al director ejecutivo de Frontex, impartir formación a los agentes implicados en las operaciones y la supervisión en terreno”.
Además, la normativa de 2019 también contempla la publicación de un informe anual con recomendaciones. Hasta la fecha se han publicado dos: en 2019 y 2020.
Como muestra de su funcionamiento, los analistas recuerdan el hecho de las devoluciones en caliente de 960 solicitantes de asilo en el Mar Egeo, que incluso llevó a la dimisión del entonces presidente ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri.
Son tales los obstáculos, “que en un comunicado de prensa publicado por la propia Frontex, se asegura que se impidió al Agente de Derechos Fundamentales (figura creada al paraguas de la FRO) el acceso a la información relacionada con la operación, y que las personas que sí denunciaron, fueron posteriormente ignoradas”, afirman en el informe.
Las fronteras españolas y la colaboración con Frontex
Con las bases anteriores, en Delàs se preguntan “¿quién vigila al vigilante?”, después de conocerse casos (sólo en la frontera sur y en la última década) como “la tragedia del Tarajal en 2014, el hacinamiento de unas 2.600 personas en el muelle de Arguineguín en 2020, las devoluciones en caliente masivas del 17 al 19 de mayo de 2021 en Ceuta o la más reciente muerte de al menos 37 personas en la frontera de Melilla el 24 de junio de 2022”.
Agregan que el puerto de Ceuta “es un foco de vulneración de los derechos de las personas migrantes: la violencia contra aquellas que intentan cruzar a la península es constante, y quienes se arriesgan escondiéndose en los ferris se enfrentan a la hipervigilancia y el asalto violento por parte las fuerzas de seguridad”.
Asimismo, “activistas sobre el terreno han recibido informes de que agentes de esta Guardia de Fronteras han accedido al CETI de Ceuta vestidos de paisano. En el interior, los agentes hablaron con los residentes y les preguntaron por su historial y sus planes, sin que el personal revelara sus identidades ni sus verdaderas intenciones”.
En este mismo sentido, “Cova Bachiller López y Fran Morenilla han investigado las entrevistas realizadas por Frontex en el marco de la operación Indalo (una de las que el Estado español desarrolla conjuntamente con la Agencia) y las repercusiones de estas en los procesos penales y en los derechos de los inmigrantes”, subrayan los analistas.
Frontex lleva realizando entrevistas a personas migrantes desde su fundación en 2005, con el objetivo de alimentar su “análisis de riesgos” y así poder producir una “prospectiva estratégica”, como extraen en el estudio de informes de la propia agencia. Debido al enfoque securitario de ésta, “estas entrevistas se han convertido en auténticos interrogatorios con el supuesto objetivo de combatir el crimen organizado”, concretan.
En Irídia aseveran que, al igual que en el caso de Ceuta, “también se ha reportado la realización de interrogatorios sin asistencia letrada en los CATE de Canarias por parte de agentes de Frontex, vulnerando el artículo 17.3 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, dado que las personas se encuentran de facto bajo custodia policial; y del artículo 24, que establece el derecho a la defensa y a la asistencia letrada”.
La vigilancia aérea en el Mediterráneo
Para los autores, entre las operaciones de Frontex en las distintas fronteras, “la vigilancia aérea se ha convertido en uno de los pilares centrales de su estrategia, sobre todo en el Mediterráneo central, para evitar que los migrantes y solicitantes de asilo lleguen a Europa en barco”.
Con esta estrategia, resaltan, la agencia “proporciona información a las autoridades libias, entre otras, con el fin de interceptar a las personas que escapan de los abusos que sufren en sus países de origen o de tránsito, por lo que se están volviendo cómplices de esos abusos”.
Un estudio de Human Rights Watch expone un análisis para ver la relación entre las intercepciones llevadas a cabo por los guardacostas libios y la presencia de Frontex en el Mediterráneo central. Para defenderse, Frontex ha alegado en varias ocasiones que la vigilancia aérea permite salvar vidas en el mar.
Sin embargo, “casi un tercio de las 32.400 personas capturadas en el mar por las fuerzas libias y obligadas a regresar a Libia en 2021 fueron interceptadas gracias a la información recopilada por Frontex a través de la vigilancia aérea”, según publicó Der Spiegel, en una información de la que se hacen eco en el estudio.
Para los autores, “esto demuestra la correlación entre la presencia aérea de Frontex y las intercepciones de la Guardia Costera de Libia”.
