“Soy el hermano mayor de Daouda, una de las víctimas de Tarajal. En la conmemoración de estos diez años y a pesar del dolor que siento, quiero compartiros algunos sentimientos, compartiros la amargura que reina hasta hoy en nuestros corazones, en el corazón de toda la familia. Hablo con mucho dolor y pena, son 10 años sin nuestros hermanos, han sido diez años difíciles. La forma en la que murieron, cómo el gobierno disparó contra ellos, hace que el dolor sea aún más fuerte«.
Con una tremenda sensación de impunidad. Así explica el hermano de una de las víctimas de uno de los mayores dramas migratorios de España. El seis de febrero de 2014 la Guardia Civil disparó balas de goma y lanzó gases lacrimógenos al agua para disuadir a un grupo de migrantes que trataba de llegar a Ceuta a nado. En aquel intento por sortear el espigón de El Tarajal murieron al menos 14 personas. Las imágenes muestran que quienes se encontraban en el agua no fueron socorridos. Diez años después, las familias continúan reclamando justicia.
«Quiero que sepáis lo doloroso que es vivir sin él. Cada año conmemoramos esta fecha todas las familias de las víctimas unidas. Cada año nos reunimos, damos testimonio, compartimos nuestro dolor. Hasta el día de hoy no hemos obtenido verdad ni nuestras demandas han sido escuchadas», prosigue en un comunicado de la ONG Caminando Fronteras.
«A lo largo de estos diez años el Estado español se ha negado a identificar los cuerpos de cuatro de las cinco víctimas enterradas en España. Los familiares no han tenido posibilidad real y efectiva de ser parte en el procedimiento. Los consulados han denegado la toma de muestras de ADN y rechazaron en varias ocasiones la petición de visados para que las familias pudiesen visitar el lugar de la muerte de sus hijos y sus sepulturas», denuncia la organización.
En la actualidad, el Tribunal Constitucional está estudiando el recurso de amparo interpuesto por las acusaciones populares, pero está pendiente la admisión a trámite del recurso de amparo interpuesto por las familias. «Valoramos de forma positiva que el Ministerio Fiscal se haya se sumado al recurso interpuesto por las acusaciones populares, reconociendo que el procedimiento judicial no ha cumplido los cánones de la protección del derecho a la vida reconocido en nuestra Constitución», afirma Caminando Fronteras.
La ONG, como el hermano de Daouda, denuncia que en estos diez años los distintos gobiernos han seguido
«causando dolor a las familias y negando los derechos de las personas muertas». Tarajal –sostiene– es el ejemplo de «cómo las políticas de control de fronteras vulneran de forma sistemática el derecho a la vida de las personas migrantes«.
Para Caminando Fronteras, aquel día de febrero supuso también «el comienzo de una gran movilización de las familias de las víctimas cuya lucha se ha convertido durante esta década en un referente en África», y a la que cada año se unen miles de familiares pidiendo procesos de verdad, reparación, justicia y no repetición.
“Desde la desaparición de mi hijo Bilong Martine, toda mi familia y yo estamos destrozados, porque mi hijo debería ser el jefe de la familia y mira lo que ha pasado. Su desaparición ha hecho mucho daño a su madre, que cayó tan enferma que acabó muriendo. Su abuela también murió, y yo, su padre, estoy enfermo desde aquel día. Por eso, pido al tribunal español hacer justicia y reparar el daño causado a nuestra familia”, reclama el padre de Yves Martine Bilong en el citado comunicado.
Este miércoles, Helena Maleno acudirá al Parlamento Europeo para abordar la situación en las rutas migratorias de la frontera occidental y las cifras de personas muertas y desaparecidas en los cruces fronterizos durante este último año. La defensora de derechos humanos analizará el impacto y las consecuencias del Pacto Migratorio europeo y rendirá un homenaje a las víctimas del Tarajal. Bouyagui Diambou compartirá sus experiencias como superviviente de las políticas migratorias europeas.
Cronología de una injusticia
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, resume en esta cronología qué ha ocurrido en estos diez años sin justicia.
6 de febrero de 2014: Alrededor de 200 personas inmigrantes intentaron entrar en Ceuta. Aproximadamente 90 alcanzaron la zona fronteriza de la playa de El Tarajal, e intentaron cruzar a nado. Al menos 14 murieron ahogadas y 23 fueron devueltasa las autoridades marroquíes desde la misma playa y sin acceso a ningún procedimiento formal. Mientras estas personas se encontraban en el agua, agentes de la Guardia Civil intentaron evitar que alcanzaran tierra firme mediante el uso excesivo de la fuerza y de material antidisturbios, como pelotas de goma, salvas detonadoras, y botes de humo, como reconocieron posteriormente las autoridades españolas que testificaron sobre el caso Tarajal.
13 de febrero de 2015: La jueza de instrucción del caso cita a declarar a 16 guardias civiles que estuvieron presentes la mañana de los hechos en el despliegue policial organizado en la playa de El Tarajal. CEAR, Coordinadora de Barrios y Observatori DESC, entidades personadas como acusación popular en el caso Tarajal, celebran que por fin comiencen las diligencias judiciales con el fin de que se depuren responsabilidades penales y políticas, y que se produzca una reparación a las familias de las víctimas.
1 de julio de 2015: Entra en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, pese al rechazo unánime de toda la oposición. Incluye una disposición adicional con la que se pretende dar cobertura legal a las devoluciones en caliente, como las que se produjeron en la playa de El Tarajal o las que se dan habitualmente en las vallas de Ceuta y Melilla. Un gran obstáculo para que se haga justicia en el caso Tarajal.
15 de octubre de 2015: El juzgado de instrucción nº 6 de Ceuta dicta el sobreseimiento provisional del caso Tarajal y el archivo de las actuaciones por el delito de homicidio y lesiones imprudentes, considerando que las “devoluciones en caliente” a Marruecos eran una práctica habitual y por lo tanto no se podía sancionar a los agentes de la Guardia Civil. Acto seguido CEAR presenta un recurso de apelación a este sobreseimiento, al entender que “sí hay indicios de delito” y que deben de seguir investigándose las circunstancias y la responsabilidad en relación con los fallecimientos.
13 de enero de 2017: La Audiencia Provincial de Cádiz admite los recursos de apelación de CEAR, Coordinadora de Barrios y Observatori DESC, y ordena reabrir la investigación del caso Tarajal.
27 de enero de 2018: El Juzgado de Instrucción nº 6 de Ceuta vuelve a archivar el caso Tarajal. CEAR y Coordinadora de Barrios, entidades personadas como acusación popular, presentan recurso ante la Audiencia Provincial de Cadiz denunciando que no se ha tomado declaración a dos de los supervivientes que residían en Alemania y cuyo testimonio había sido acordado por el mismo juzgado a través de videoconferencia, ya que no tienen permiso de residencia. Tampoco se esperó a la remisión de las autopsias por parte de las autoridades marroquíes, mediante Comisión Rogatoria, ni se ha realizado ningún esfuerzo para identificar los cuerpos de cuatro víctimas que permanecen enterradas en el cementerio de Ceuta.
6 de febrero de 2018: Hervé, una de las 90 personas que trató de llegar a nado a la playa de El Tarajal aquella fatídica mañana, decide romper su silencio. Además, en el cuarto aniversario CEAR anuncia que recurre nuevamente el archivo del caso Tarajal por el “cierre en falso” de las investigaciones.
31 de agosto de 2018: La Audiencia Provincial de Cádiz reabre nuevamente el caso Tarajal. El tribunal estima el recurso de apelación contra el archivo de la causa presentado por CEAR y otras organizaciones. La “resolución firme y contra la que no cabe recurso alguno” considera que no se ha realizado el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos. Un rayo de esperanza para quienes exigen Justicia Tarajal.
24 de septiembre de 2019: La magistrada del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta procesa a los 16 agentes de la Guardia Civil investigados en el caso Tarajal. La jueza argumenta entonces que «si bien es cierto la protección de la frontera se activa frente a intentos de entrada ilegal, no puede dar pábulo a sobreentender, ni remotamente, que las fronteras o espacios entre las mismas son zonas de excepción en relación a los derechos humanos». También que los guardias civiles «podían haber auxiliado a los migrantes y se abstuvieron sin causa que justifique su omisión».
30 de octubre de 2019: El caso Tarajal queda archivado por tercera vez. La misma jueza que procesó un mes antes a los guardias civiles decide el sobreseimiento de la causa, en aplicación de la doctrina Botín, tras los recursos presentados por la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las defensas particulares. La magistrada ceutí defiende el archivo destacando la falta de acusación particular, pese a que las familias de seis víctimas del Tarajal, procedentes de Camerún, han solicitado en dos ocasiones su personación como acusación particular en el caso que investiga la muerte de sus hijos, pero el juzgado de Ceuta ha rechazado ambas peticiones. Al día siguiente, CEAR recurre esta decisión ante la Audiencia Provincial.
28 de julio de 2020. La Audiencia Provincial de Cádiz emite un auto en el que desestima los recursos de apelación presentados por varias ONG contra la decisión del Juzgado de Instrucción 6 de la ciudad autónoma del 29 de octubre de archivar la causa. Seguimos defendiendo que la actuación de la guardia civil no fue ni “proporcional” ni “oportuna” ni “congruente”. Y consideramos que no se ha valorado suficiente todo el material probatorio. Además de la falta de reparación y justicia para las víctimas y sus familias, es especialmente preocupante que esta decisión pueda sentar un precedente para la impunidad y violación de derechos humanos en nuestra frontera sur.
Agosto de 2020. Todas las organizaciones presentes en la acusación se unifican y presentan un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objetivo de que se pueda poner fin de una vez por todas a todos estos años de impunidad.
27 de mayo de 2022. El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto al considerar que no cabe recurso contra el auto de sobreseimiento libre de la Audiencia Provincial de Cádiz, por haberse iniciado el procedimiento antes de la reforma procesal de 2015.
Julio de 2022. CEAR junto a otras entidades de la acusación popular presentan recurso de amparo por la falta de investigación de las muertes ocurridas el 6 de febrero de 2014 y la falta de tutela judicial efectiva.
Junio de 2023. Se admite a trámite en el Tribunal Constitucional el recurso de amparo presentado por CEAR, la Asociación Coordinadora de Barrios y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) contra el archivo del caso y se considera que es una oportunidad para que se establezca doctrina constitucional que proteja el derecho a la vida de las personas migrantes en las fronteras.
31 de enero de 2024. Díez días antes del décimo aniversario del caso, uno de los supervivientes del Tarajal presenta una queja contra España ante el Comité contra la Tortura de la ONU liderada por la organización de derechos humanos European Center por Human Rights (ECCHR). La demanda señala los fallos de la investigación y exige que se reabra, abriéndose así una nueva vía hacia la justicia, paralela al procedimiento interno en el que CEAR y otras organizaciones participan ante el Tribunal Constitucional.
