Economía | Sociedad

Audita Sanidad denuncia el aumento de las concesiones público-privadas

El grupo ciudadano Audita Sanidad apunta que en España ya hay 24 hospitales fruto de la colaboración público-privada. En la Comunidad de Madrid hay 11 centros, en la Valenciana, cuatro. En su opinión, supone la privatización de la sanidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una visita al Hospital Puerta de Hierro, de Majadahonda/COMUNIDAD DE MADRID.

Óscar F. Civieta

07 febrero 2024 Una lectura de 3 minutos

Las colaboraciones o concesiones público-privadas (CPPs), aplicadas principalmente en la sanidad o la educación, se han disparado en los últimos años en España. Bajo el mantra de que lo privado es “más eficaz”, apuntan en el último informe de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), “hay que invitar y facilitar al sector privado a su participación en los sectores que tradicionalmente han sido de dominio público para que vayan funcionando mejor”.

En dicho estudio, que lleva por título Las Colaboraciones Público Privadas en el proceso de privatización de la sanidad pública, recuerdan que este sistema nació en 1992 en el Reino Unido “como una treta contable para esquivar las restricciones del Gobierno sobre el endeudamiento público, punto que sigue siendo la principal atracción para los gobiernos y las instituciones internacionales”.

24 hospitales en España son fruto de la colaboración público-privada

Desde Audita Sanidad diferencian los dos casos más habituales de esta colaboración que se dan en la sanidad. Por un lado, el conocido como modelo PFI (del inglés Private Finance Initiative). Consiste en que “empresas privadas, la mayoría empresas constructoras, ejecutan y financian la construcción de los hospitales según un contrato de concesión de obra pública, a cambio de recibir un canon anual por el arrendamiento del edificio y, lo que fue novedoso, por la provisión de los servicios no sanitarios durante 30 años”, detallan.

La otra variante es el PPP (Public Private Partnership), que, según el informe, se diferencia del anterior en que “la gestión de los servicios sanitarios y los mal llamados no sanitarios corresponde a una empresa privada”.

Con estas concesiones a largo plazo, “la financiación se realiza mediante una remuneración per cápita de la Administración en función del área sanitaria cubierta y un pago adicional por los pacientes que, sin estar en su área de cobertura, quieren tratarse en sus centros a través del sistema de libre elección de hospital”, señalan.

Actualmente, con la información recabada por Audita Sanidad hay en España 15 hospitales adjudicados que se han llevado a cabo con el modelo PFI y ocho con el PPP.

Destacan los 11 que hay en la Comunidad de Madrid y los cuatro de la Comunidad Valenciana, que, en opinión de los autores del estudio, “han sido la vanguardia y el laboratorio en la aplicación de las políticas neoliberales”.

“La colaboración público-privada es el método más caro de financiación”

Tomando como fuentes diferentes estudios elaborados, entre otros, por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, el Tribunal de Cuentas Europeo o Eurodad, en Audita Sanidad señalan que las CPPs son, “en la mayoría de los casos, el método más caro de financiación”, algo que se debe “al tipo de interés más alto para las operaciones de financiación privada en comparación con los préstamos al Gobierno, al hecho de que las empresas del sector privado esperan obtener un beneficio de su inversión, que se añade al coste global de la inversión; o al aumento del coste final de un proyecto a causa de los costes de renegociación”.

Aseguran que la concesión al sector privado de servicios públicos lleva implícitos “recortes financieros, fragmentación de actividades, contratas y subcontratas, reducción de personal y precarización, degradación de las infraestructuras de los servicios públicos, y, sobre todo, la introducción como ley suprema de la rentabilidad económica, degradando el carácter de servicio público y promoviendo la inviabilidad del estado social”. Por todo lo anterior, agregan, “desmontar los sistemas sanitarios públicos es un medio para restringir derechos, trasladar el gasto de algunas prestaciones sanitarias a la población y apropiarse las multinacionales, entre otros, de la asistencia sanitaria, de los seguros médicos y de los fondos públicos destinados a la sanidad”.

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Comentarios

Juancho dice:

11/02/2024 a las 20:08

segun tu planteamiento tenemos que seguir vendiendo armas para poder pagar la sanidad privada, a no ser que esta sea gratuita.

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Chorche dice:

11/02/2024 a las 18:08

¿HASTA DÓNDE LLEGARÁ AYUSO PARA IMPEDIR QUE CONOZCAMOS LAS CAUSAS DE LA MUERTE DE 7.300 ANCIANOS?
La lucha por la verdad de lo ocurrido en las residencias madrileñas: ¿Qué quiere esconder la Comunidad de Madrid?
En medio de la crisis desatada por la pandemia de coronavirus, la Comunidad de Madrid enfrenta ahora a una crucial batalla legal para mantener, en secreto o no, las actas de las residencias de mayores. Entre acusaciones de opacidad y demandas por transparencia, surge un intenso debate sobre el derecho a la información y la privacidad de los afectados.»
Según informó este lunes la prensa madrileña, la Comunidad de Madrid, bajo el autocrático liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, ha emprendido una batalla legal con el objetivo de que se mantengan ocultas las actas de inspección de las residencias de mayores durante la pasada crisis de la covid-19.
Un conflicto entre la transparencia y la privacidad
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido litigar en los tribunales para tratar de impedir hacer públicas las actas de las reuniones en las que se tomó la decisión de no dar asistencia hospitalaria a los mayores de las residencias durante la pandemia de la COVID-19. En total, también tras esa orden del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, murieron en esos centros más de 7.300 mayores. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha recurrido por la vía de lo contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para vetar la publicación de las actas.
https://canarias-semanal.org/art/35663/transparencia-comunidad-de-madrid-actas-residencias-pandemia-isabel-diaz-ayuso-tribunal-superior-justicia-madrid

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Chorche dice:

10/02/2024 a las 13:18

PRIVATIZAR y PRIVATIZAR, que otra cosa se puede esperar de la órbita dominada por el capital.
Cuando las masas no estaban anestesiadas, no hace tantos años, reclamábamos nacionalizar la banca y las eléctricas, si lo propones hoy te miran como si fueras terrorista.
La Xunta ha cerrado 145 colegios e institutos públicos desde que el PP llegó al Gobierno en 2009.
En los años que el Partido Popular lleva al frente de la Xunta de Galicia ha cerrado nada menos que 145 colegios e institutos públicos. Casi dos de cada diez. Solo desde 2009, primero en los 13 años de presidente de Alberto Núñez Feijóo y, tras su sucesión a dedo, en los dos siguientes de Alfonso Rueda, candidato de la derecha para los comicios que se celebrarán el próximo 18 de febrero. Los datos los aporta el último análisis estructural de la enseñanza pública en Galicia del Instituto Galego de Estatística (IGE).
Y aunque cada vez que desde las organizaciones sindicales se le recrimina la tendencia bajista el Gobierno gallego apela a la caída del alumnado, nada más lejos de la realidad. El instituto público también constata que las personas matriculadas no han parado de ascender en la enseñanza no universitaria: de los 364.129 alumnos y alumnas en 2009 a los 380.917 que están matriculados en este nuevo curso. Es decir, 16.788 personas más.
Desde el sindicato mayoritario en Galicia, la CIG, llevan años denunciando la estrategia de la Xunta en ámbitos rurales y urbanos: “Cierran aulas e incluso colegios en zonas rurales, eliminan desdobles en las zonas urbanas y, en todas partes, aplican la máxima de que la educación es un gasto y no una inversión, por lo que ampliar ratios, saturar aulas y eliminar empleos es la doctrina que los cargos políticos encargados de Educación cumplen fielmente”, relatan desde CIG-Ensino. El máximo responsable de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, es una de las personas clave de esta maniobra de la Xunta, que también aboga por crear un marco de lenguaje que trate de restarle importancia al declive material de la educación gallega, pasando de usar la palabra “reorganización” al argumentario de las “decisiones técnicas” motivadas, según su gabinete, por la caída de la matrícula….
(El Salto)

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Alfonso dice:

07/02/2024 a las 12:20

La sanidad pública se financia con los beneficios de vender armas a Israel, cuanto antes se acabe con la sanidad pública, mejor.

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