Aena gastará 4,5 millones de euros (más IVA) para el mantenimiento de las instalaciones de baja tensión del aeropuerto de Barcelona-El Prat durante los próximos tres años. El servicio “para la operación y mantenimiento” del sistema de aislamiento térmico exterior del aeropuerto de Alicante-Elche tendrá un coste de 6,5 millones de euros para las arcas de la compañía durante el próximo trienio. La actualización del hardware y del software de la base de datos de ese mismo aeropuerto, casi un millón de euros.
Son los tres principales contratos que la empresa pública Aena adjudicó en 2023 a Cofely España, considerada como uno de los ejes centrales de la trama Púnica, uno de los mayores casos de corrupción vinculado al PP. En total, los contratos de Cofely con Aena durante el pasado año –una decena– superan los 13,5 millones de euros, según la información publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Cofely España es una filial de la multinacional francesa GDF Suez, ahora conocida como Engie, especializada en servicios de eficiencia energética. La pieza que investiga las supuestas adjudicaciones irregulares ya está lista para juicio, y en ella se analizan contratos presuntamente ilícitos por valor de casi 224 millones de euros por parte de diferentes entidades municipales. Entre estos, destaca una licitación de 60 millones de euros procedente del Ayuntamiento de Móstoles.
El director de Desarrollo de la compañía llegó a admitir que la empresa diseñaba los propios pliegos de contratación para los proyectos de eficiencia energética con el objetivo de lograr las licitaciones más fácilmente. A cambio, la filial francesa habría pagado supuestamente mordidas por valor de 600.000 euros.
Desde Aena explican a lamarea.com que la operadora de los aeropuertos españoles “cumple con los principios inspiradores que rigen la contratación pública”. Para ello, Aena hace firmar a todas las empresas con las que va a contratar el denominado “documento europeo único de contratación” (DEUC), en el que se pregunta si la compañía o “cualquier persona que sea miembro de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación” han sido condenadas “en sentencia firme” en los cinco años anteriores “por participación en una organización delictiva”. En el caso de la trama Púnica, a pesar de que la pieza sobre Cofely ya está lista, todavía no hay fecha para el juicio, por lo que no existe ninguna condena al respecto.
Por lo tanto, aseguran desde Aena, salvo que una empresa “esté incursa en una prohibición de contratar prevista en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o así lo manifieste en el DEUC, no existen circunstancias que impidan a Aena la contratación con cualquier licitador”.
En la actualidad, Cofely solo cuenta con una prohibición de contratar con la Universidad de Cádiz, la cual se mantendrá en vigor hasta el 13 de diciembre de este año, de acuerdo con la información del diario Público. Este medio ha tratado de conocer los motivos de dicho veto pero, al cierre de este reportaje, la Universidad de Cádiz no había aclarado los motivos.
Durante los primeros días de 2024, la empresa pública Aena ya ha formalizado dos nuevos contratos con Cofely. El primero, adjudicado el día 10 de enero, tiene como objeto renovar la climatización de uno de los edificios del aeropuerto de Barcelona por un coste de casi medio millón de euros.
El 22 de enero, por su parte, se aprobó la formalización de otro contrato por valor de casi 60.000 euros para llevar a cabo la recogida de residuos en el aeropuerto de Alicante.
Desde Aena subrayan que todas las adjudicaciones a la filial de Engie se han llevado a cabo “según los procedimientos de oferta técnica y económica”, es decir, por tratarse del presupuesto más bajo de todos los recibidos y al cumplir los criterios técnicos requeridos.
Según la información publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, Cofely también firmó contratos el pasado año con la Universitat de Barcelona y con el Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, un organismo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, entre otros.
Una empresa en pérdidas
La filial de Engie estuvo a punto de entrar en quiebra técnica e 2019. Según informó elDiario.es, Cofely España acumulaba más de 55 millones de euros en pérdidas desde que estalló el caso de corrupción. Solo ese año, los números rojos superaron los 30 millones de euros y, en 2015, tuvo que presentar un expediente de regulación de empleo para despedir a más de 300 trabajadoras y trabajadores.
En las cuentas de 2022, las últimas disponibles en el Registro Mercantil, Cofely arrojó unas pérdidas de apenas 400 euros. En ellas, la compañía asegura que en el marco de la investigación judicial de la trama Púnica «la Sociedad mantiene deterioradas deudas comerciales con diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid» por un importe que supera los 18,6 millones de euros.
En dicho documento, Cofely señala que el 20 de julio de 2022 se dictó auto de apertura de juicio oral. Asimismo, asegura que la sociedad «siempre ha manifestado formalmente al Juzgado su firme intención de colaborar en la investigación de los hechos objeto de este procedimiento». La compañía apunta a que desde 2019 cuenta con un sistema de «gestión antisoborno» y una «Guía anticorrupción» que integra políticas destinadas a mitigar el riesgo de fraude. Este documento controla los «regalos e invitaciones», la «política de patrocinios, mecenazgo o donaciones» y la «conducta en actividades de lobbying«, entre otros.
A fecha 1 de diciembre de 2022, la compañía contaba com más 1.200 trabajadores, de los cuales el 88,8% eran hombres. La plantilla total disminuyó en un 6%. lamarea.com ha tratado de contactar con la sociedad y le ha remitido varias preguntas sobre su estado judicial actual pero no ha obtenido respuesta.
